El Acuerdo final de la UE sobre la cuantía, el reparto y las condiciones para acceder a las ayudas encaminadas a frenar los efectos perniciosos de la COVID-19 (en la salud, la economía y la protección social) fue, según todos los analistas, particularmente duro y complejo. En todo caso, la valoración política y mediática ha sido muy positiva en términos cuantitativos (España recibirá aproximadamente el 11% del PIB: 140.000 millones de euros) y cualitativos (por primera vez, la UE se endeudará para ayudar a los países más afectados por la Pandemia, lo que facilitará el arduo camino hacia la Unión Fiscal y la Europa Federal e, incluso, el combate contra los populismos).

También será particularmente compleja la gestión de esa notable cantidad de dinero en nuestro país, lo que nos obliga a alcanzar un mínimo consenso entre los partidos políticos, los gobiernos autonómicos, ayuntamientos y los interlocutores sociales. Por eso, en estas circunstancias, resulta sumamente relevante el contenido de los próximos PGE-2021, a pesar de que muy pocos confían en alcanzar un gran Acuerdo presupuestario ante la actitud del PP. Un partido insensible a la demanda de la gran mayoría de los ciudadanos, incapaz de presentar alternativas constructivas en esta difícil situación y en coqueteo permanente con la ultra derecha, en su afán por golpear y desestabilizar al Gobierno, al amparo de la Covid-19. Esta actitud, sobre todo, puede explicar la contestación interna dentro del PP y la destitución de Cayetana Álvarez de Toledo como portavoz de su grupo parlamentario.

De los proyectos relevantes que aspiran a ser financiados (en parte) por la UE destacan sobre todo la digitalización (cuarta revolución industrial) y la lucha contra el cambio climático (transición energética e impulso al denominado empleo verde). Todo ello al margen de que la izquierda, en las actuales circunstancias, abra otros debates- a partir de las enseñanzas de la Pandemia- sobre el crecimiento sostenible de la economía, el empleo y la precariedad, los servicios públicos (sanidad y educación), la renta básica universal y el reparto del trabajo existente para incorporar a los jóvenes al mercado de trabajo e impulsar su desarrollo integral.

La primera revolución industrial significó a grandes rasgos la introducción de la máquina de vapor y el carbón como fuente de energía y suscitó la aparición de dos figuras claramente antagónicas: el capital y el trabajo (sobre explotado para financiar el creciente y costoso maquinismo). La segunda instauró la división del trabajo y la producción en cadena con el uso de sistemas eléctricos e hidráulicos y la utilización de otros tipos de energía (petróleo, gas y electricidad). Y, la tercera, se distinguió por el uso de la microelectrónica y la tecnología de la información (automatizar la industria), además de por la utilización de la energía nuclear y otras fuentes de energías renovables.

La actual revolución digital (economía del conocimiento) y la comunicación en tiempo real en un mundo globalizado (los grandes datos en diversos formatos se han convertido en un nuevo factor de producción: el llamado petróleo azul del que las empresas obtienen fuertes beneficios y por el momento no tributa), se encaminan a instaurar la fábrica inteligente (robotización), la movilidad y el transporte automatizado y por eso se la considera como la cuarta revolución industrial. Su finalidad última debería ser digitalizar toda la economía, reactivar la política industrial y de servicios y alcanzar un mayor crecimiento sostenible en un mundo globalizado.

Sin embargo, estos principios básicos no están exentos de problemas. El primero se refiere a sus efectos sobre el empleo, el futuro del trabajo y el control interesado de las personas (abusos contra la libertad y privacidad individual: “capitalismo vigilante”). Según el estudio “Estrategia Digital”, de la Unión de Técnicos y Cuadros (UTC) de UGT, el debate se ha polarizado en torno a dos criterios claramente diferenciados. Unos pronostican, si nadie lo remedia, que la digitalización, a medio y largo plazo, destruirá millones de empleos en el mundo, pondrá fin al trabajo remunerado, aumentará el control de las empresas sobre sus trabajadores, significará el ocaso del modelo social europeo, la total desregulación del mercado de trabajo y, como consecuencia, pondrá fin a las organizaciones sindicales.

En todo caso, la digitalización es ya un hecho tangible que afecta a la industria y a los sistemas productivos. También afectará a la movilidad y los servicios, así como al funcionamiento y dimensión de las ciudades: tareas administrativas, atención al público a distancia, sector financiero, pequeño comercio, coche eléctrico, edificios energéticamente suficientes… Según estimaciones del pasado año de CaixaBank Research (“Las Nuevas Tecnologías y el Trabajo”), un 43% de los puestos de trabajo en España serán susceptibles de ser automatizados a medio plazo. Por su parte, la OCDE en su estudio “Perspectivas de empleo 2017” estimaba que los puestos de trabajo con alto riesgo de automatización; es decir, aquellos que tienen una probabilidad de ser automatizados (al menos en un 70%) son el 9% globales, y, en el caso de España, serán del 11, 7%.

Otros criterios, sin embargo, hacen una valoración más positiva y señalan que la digitalización ofrece nuevas oportunidades, desconocidas en la actualidad, donde el trabajador participará junto a las máquinas estableciendo un nuevo modelo económico, con cero costos marginales, que se convertirán en el motor del crecimiento económico y de la creación de empleo. Las oportunidades de crear empleo se establecen en torno a nuevas industrias (robótica, mecanotrónica, drones…), industrias de servicios avanzados, nuevas actividades culturales y de ocio e, incluso, en el afloramiento de la economía informal. Tampoco debemos olvidar la aparición de grandes plataformas digitales (Google, Amazon, Facebook, Microsoft, Uber, Globo, Deliveroo…) que, bajo una presunta economía colaborativa, desarrollan actividades, incluso al margen de la relación laboral, y utilizan nuevas formas de ingeniería fiscal con el propósito de reducir al máximo sus obligaciones tributarias.

En este mismo sentido debemos recordar que, según los datos del Massachusetts Institute of Technology, en su informe The work of future de 2019, la productividad laboral entre 1973 y 2016 aumentó un 75%, pero el retorno económico de los trabajadores sólo alcanzó un 12%. Estos datos están reformulando el axioma de que el aumento de la productividad equivale siempre a más y mejor empleo y confirman que el trabajo está perdiendo centralidad y protagonismo como instrumento de organización económica y distribución de las rentas, según se contempla en el informe del Consejo Económico y Social sobre “Digitalización de la Economía”.

A pesar de ello, hay analistas que hablan del potencial que tiene la digitalización en la creación de empleo. Randstad Research estima que la digitalización y la robotización crearán en los próximos 5 años nada menos que 1.250.000 empleos netos en España. Lo que beneficiará a los profesionales del Big-Data, Cloud Computer (información en la nube), seguridad informática, mantenimiento de redes, aplicaciones móviles, ingeniería robótica e inteligencia artificial… No es extraño que, en este contexto, la Asociación Española de Robótica haya incorporado en su imagen pública de marca (interesada) el lema: ‘Robots ¡Cread Empleo!

Por eso, en la actual situación, los interlocutores sociales adquieren un inusitado protagonismo y, al margen de la actuación del Gobierno, los sindicatos deben exigir que la financiación pública respete una serie de requisitos elementales: regulación, transparencia y participación democrática. Por eso, además de regular el trabajo a distancia y el teletrabajo, los sindicatos y empresarios deben abordar a fondo la digitalización de las empresas y de la economía, así como el futuro del trabajo que nos espera. Efectivamente, los sindicatos deben poner en marcha iniciativas en relación con el diálogo social y la negociación colectiva que garanticen una transición justa en estos procesos y el mantenimiento del empleo con derechos. La base de partida debe ser la consolidación de la autonomía sindical, la defensa de la unidad de acción entre los sindicatos, el fortalecimiento de la participación de los afiliados y la recuperación de la movilización social. Se pretende con ello mejorar la relación de fuerzas y abordar a fondo los nuevos empleos, la organización del trabajo, la jornada laboral, la contratación, la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, el cuidado de la salud en el trabajo (riesgos psicosociales y derecho a la desconexión), la formación continua, las desigualdades sociales (brecha salarial y digital) …

La lucha contra el cambio climático y la transición del carbón a las nuevas energías renovables es el otro objetivo prioritario de la UE y, por lo tanto, de nuestro país (Plan Nacional Integrado de Energía y Clima). Por este motivo, España debe encabezar el impulso a las energías renovables (sobre todo la eólica y solar) al amparo de sus favorables condiciones climatológicas. En este marco, la colaboración entre la iniciativa pública y la privada será más necesaria que nunca, respetando los principios de transparencia, eficacia, inversión y cumplimiento de los objetivos marcados.

La COVID-19 ha puesto más en evidencia la necesidad de perseguir estos objetivos. En este sentido el Gobierno, a través del ministerio para la Transición Energética y el Reto Demográfico (Teresa Ribera), dedicado expresamente a esta tarea, cuenta con el impulso y el apoyo de organizaciones ecologistas representativas (Verdes) para desarrollar la tarea encomendada. El ascenso de las temperaturas medias, la subida del nivel del mar, el deshielo ártico, la extensión de la sequía y la contaminación de las ciudades son hechos graves a combatir con inteligencia y financiación adecuada.

Esta política facilitará la reducción de manera sustancial y sostenida de las emisiones de gases de efecto invernadero: instalación de energías limpias, movilidad eléctrica, edificios inteligentes, fomento del transporte público, aviones menos contaminantes… En esta tarea también deben estar presentes los interlocutores sociales y, sobre todo, los sindicatos exigiendo su participación en la toma de las decisiones que correspondan (democracia económica). Una política que debe converger con la digitalización y la exigencia de cambiar nuestro modelo productivo, modernizar nuestra economía, dotar de una mayor dimensión a las plantillas de las pequeñas y medianas empresas y mejorar la productividad de sectores y empresas en general.

En cualquier caso, los retos enunciados demuestran la envergadura de los problemas pendientes de ser abordados en los próximos meses. Sobre todo, cuando fuertes poderes fácticos están poniendo en entredicho el futuro del actual Gobierno y la presencia de UP en el mismo y, lo que es más importante, la salida progresista de la crisis: la salud de las personas, el empleo, la protección social de los ciudadanos, la economía digital y el cambio climático. No es extraño que muchos rechacen los reiterados intentos encaminados a formar un gobierno de concentración; sobre todo, si su finalidad última es evitar una política progresista. Sin duda, nuestro país se encuentra ante un desafío mayúsculo que, además, pondrá a prueba la gestión de la izquierda política (PSOE-UP), de las administraciones públicas y de los interlocutores sociales. Y, sobre todo, la capacidad de movilización de la ciudadanía (rearme social y moral) en defensa de la democracia, la Constitución y de nuestro futuro inmediato.