La salud física y mental es un derecho humano fundamental. La Organización Mundial de la Salud, OMS, define la salud mental como «un estado de bienestar en el que la persona realiza sus capacidades y es capaz de hacer frente al estrés normal de la vida, de trabajar de forma productiva y de contribuir a su comunidad».

Desde hace años los y las prevencionistas venimos alertando de la importancia de prevenir los riesgos psicosociales, como sentirse quemado, acoso y violencia en el trabajo, entre otros, que provocan estrés, depresión, ansiedad, y otras patologías que se generan en el ámbito laboral, por los actuales modelos de organización del trabajo.

Han pasado veintisiete años desde la aprobación de la ley 31/1995 de 8 de noviembre de prevención de riesgos laborales, y a pesar de que esta incluía una amplia defensa de la salud y seguridad en el trabajo e integraba también la salud mental laboral, vemos como este riesgo laboral sigue sin abordarse.

Junto con los trastornos musculoesqueléticos, son los mayores problemas de salud que se están produciendo en las empresas. Nuevos escenarios sociales, económicos, geopolíticos y ambientales. Pobreza, violencia, desigualdad, inseguridad, miedo al desempleo y la degradación del medio ambiente, aumentan el riesgo de sufrir afecciones de salud mental.

En el ámbito del trabajo, situaciones de falta de comunicación y mala gestión, escasa participación en la toma de decisiones, horarios de trabajo prolongados o poco flexibles, toma de decisiones rápidas y vitales son algunos de los factores que influyen en la salud mental de los trabajadores y trabajadoras.

Además, las diferentes crisis ecómicas y principalmente la producida por la pandemia de COVID-19, y actualmente la producida por la guerra de Rusia contra Ucrania han trasformado los sistemas de organizar el trabajo y por tanto las condiciones de trabajo de muchas personas trabajadoras. El confinamiento ha perjudicado a las personas trabajadoras, la mayor implantación de las nuevas tecnologías de la información y comunicación en el ámbito laboral, especialmente el teletrabajo, el aumento en el volumen y velocidad de información a procesar, la externalización y la subcontratación han producido más presión sobre los problemas psicológicos en el mundo laboral.

El concepto de tiempo de trabajo, de lugar de trabajo, de bienestar, han cambiado, produciendo en ocasiones un impacto psicológico negativo, aislamiento, excesiva conexión, cambios en el horario de trabajo, confusión entre la vida laboral y la privada, una mayor intensidad y estrés tecnológico. La salud mental de los trabajadores y trabajadoras por cuenta ajena y por cuenta propia se haya visto afectada.

El Gobierno socialista viene implementando mejoras, el Real Decreto-ley 32/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reforma laboral, la garantía de la estabilidad en el empleo y la transformación del mercado de trabajo, el incremento del salario mínimo interprofesional, los ERTES, con consenso social están mejorando la situación de temporalidad, y dignificando la figura del trabajador empobrecido, pero son necesarias estrategias dirigidas a la salud laboral y concretamente a la salud mental laboral.

En Europa, los trastornos mentales son el segundo problema de salud más común en el trabajo. La Agencia Europea para la Salud y Seguridad en el trabajo, EU-OSHA, organismo asesor de la Comisión, afirma que los riesgos psicosociales pueden tener consecuencias psicológicas, físicas y sociales negativas, como la ansiedad, el agotamiento profesional o la depresión. También asevera que las condiciones laborales que conducen a riesgos psicosociales incluyen una carga laboral excesiva, la mala gestión de los cambios organizativos, la inseguridad laboral, la falta de apoyo de la dirección o de los compañeros de trabajo, el acoso psicológico o sexual y la violencia por parte de terceros.

En nuestro país sucede algo similar. La última encuesta del INE, 2021, sobre siniestralidad laboral realizada con datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) vislumbra como se ha incrementado en los trabajadores y trabajadoras los niveles de estrés, depresión o ansiedad.

Y para abordar esta situación y prevenir estos riesgos hay que ser conscientes del problema. Tristemente las empresas españolas llevan años negando los riesgos psicosociales y siguen argumentando que las enfermedades que causan, “son problemas personales”, “no tienen relación con el ámbito laboral”, “no hay metodología para abordarlos”, etc.

Es necesario que las organizaciones reconozcan que el bienestar mental de las personas trabajadoras tiene efectos positivos, además de en la salud de las plantillas, en los resultados de la organización, así como en la realización profesional y la calidad de vida.

Aunque existen opciones eficaces de prevención y tratamiento, la mayoría de las personas trabajadoras que padecen trastornos mentales no tienen acceso a una atención efectiva, son señalados, sufren discriminación y hay casos en los que ni tan siquiera se les respeta.

El Foro Económico Mundial reunió a expertos del mundo empresarial, académico y del sector de la salud mental de todos los países a fin de elaborar una guía con siete pasos para garantizar la salud mental en las organizaciones, para ayudar a cambiar las actitudes con respecto a la salud mental en el lugar de trabajo. La OMS trabaja en la misma línea, ha aprobado un Informe mundial sobre salud mental en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

El pasado 5 de julio, el Parlamento Europeo aprobó una resolución sobre la salud mental en el mundo laboral digital (2021/2098(INI)), mediante la cual se insta a la Comisión y a los Estados miembros a llevar a cabo actuaciones centradas en Salud mental. Salud mental y trabajo digital: enseñanzas extraídas de la pandemia de COVID-19; transición digital y la salud mental; Salud y seguridad en el trabajo; y un mundo laboral moderno para el bienestar de los trabajadores.

El primero de estos puntos solicita a los Estados miembros mejorar las condiciones de trabajo de las personas trabajadoras esenciales. La pandemia de COVID-19 ha puesto de manifiesto la escasez de personal y de recursos, especialmente las mujeres que a menudo tienen ingresos más bajos y mayores riesgos.

La transición digital y la salud mental, es otro de los puntos fuertes de esta Resolución. Considera que los instrumentos normativos actuales no bastan para garantizar la salud laboral, debido a los cambios que se han producido en la organización del tiempo de trabajo, y las consecuencias que ha traído para la vida profesional y la vida familiar. En nuestro país el Gobierno socialista aprobó la Ley 10/2021, de 9 de julio de trabajo a distancia, basado en el acuerdo entre el empleador y los representantes de los trabajadores, que recoge uno de los principales problemas para la salud mental que es el derecho a la desconexión, que habrá de complementarse con un enfoque preventivo y colectivo de los riesgos psicosociales laborales y en vías de desarrollo prácticamente en todos los sectores.

El tercer pilar de esta resolución es la salud y seguridad en el trabajo. Mayor información y necesaria formación a todas las personas trabajadoras, así como la garantía de servicios de apoyo y el reconocimiento precoz y tratamiento de los trabajadores y trabajadoras que puedan sufrir trastornos de salud mental, a través de la puesta en marcha de planes empresariales de prevención. Incluso considera insuficiente la evaluación y la gestión de los riesgos psicosociales y alientan a las empresas a considerar la posibilidad de designar y formar a una persona empleada de referencia en materia de salud mental o de incluir una sección específica. En España la propia Inspección de Trabajo y Seguridad Social en su programa de 2022 desarrolla una campaña para implementar planes de prevención de este tipo de riesgos.

También y previa consulta con los interlocutores sociales, insiste en revisar la Recomendación de la Comisión, de 19 de septiembre de 2003, relativa a la lista europea de enfermedades profesionales añadiendo los trastornos musculoesqueléticos y los trastornos de la salud mental relacionados con el trabajo, en particular la depresión, el agotamiento profesional, la ansiedad y el estrés, todas las enfermedades relacionadas con el amianto, así como los cánceres de piel y la inflamación reumática y crónica.

En nuestro país tenemos un grave problema con la infradeclaración de enfermedades profesionales, falta estadística sobre patologías mentales laborales, vivimos una realidad distorsionada. Tan sólo hay un pequeño acercamiento a través de las estadísticas de accidentes de trabajo producidos por patologías no traumáticas, de las 14.381 comunicadas en 2021 tan solo 61 fueron desórdenes mentales.

La Organización Internacional del Trabajo (2010) aprobó una recomendación (194) de lista de enfermedades profesionales en cuyo anexo figuran los trastornos mentales y del comportamiento cuando exista un vínculo directo entre la exposición a factores de riesgo en las actividades laborales. España no ha incluido estas patologías en la norma que las regula. Actualmente se está negociando entre el Gobierno y los interlocutores sociales la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo, que debería ser una oportunidad para incluir en la normativa estas patologías. Junto con la nueva Estrategia de Salud Mental del Sistema Nacional de Salud (2022-2026) del Ministerio de Sanidad, que se acaba de aprobar, han de ser dos pilares básicos para mejorar la salud mental de las personas trabajadoras.

Y por último los eurodiputados nos hablan de un mundo laboral moderno en el que las personas trabajadoras tienen que recurrir a servicios que son difíciles de costear, que pueden tener largas listas de espera y carecer de apoyo y de recursos; por ello insiste en que los lugares de trabajo garanticen que las personas trabajadoras cuenten con recursos accesibles, profesionales e imparciales en materia de salud mental.

En España se están derivando las enfermedades mentales laborales al servicio público de salud, que realmente no está preparado para abordarlas. Es necesario desarrollar instrumentos que aborden y ayuden a los trabajadores a mejorar su bienestar laboral con urgencia.

Las empresas pueden ser una oportunidad o un riesgo para la salud mental. Los empresarios han de esforzarse para aplicar políticas y estrategias, y los gobiernos desarrollar legislación y una reglamentación adecuada. El 2023 el Parlamento insta a la Comisión a que lo designe como Año Europeo de la Salud Mental, puede ser una oportunidad.

Más profesionales, más recursos, más coordinación, más detección temprana, evaluación y apoyo, accesibilidad a un tratamiento integral, reincorporación o readaptación y una apuesta por la prevención son temas centrales que han de contemplarse en un Plan de Acción concreto y definido.

Abordar la salud mental en el ámbito laboral y situarla en el plano adecuado, mejorando la calidad y el bienestar de las personas trabajadoras. Ya que el trabajo digno debe ser saludable y contribuir al desarrollo del individuo, como persona y como trabajador.