Tenemos esta asignatura pendiente en nuestro país que ya no puede esperar

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la salud como el estado completo de bienestar físico, mental y social y no simplemente la ausencia de enfermedad o dolencia”. Reflexión necesaria para hablar de salud mental.

Cuando una persona tiene una enfermedad mental se enfrenta junto con su familia, a una larga lista de dificultades, además del empeoramiento de su salud. La estigmatización que se sufren las personas con trastornos mentales, provoca en la mayor parte de los casos menos oportunidades laborales, académicas, sociales, y un empeoramiento en su calidad de vida, así como en su proceso de integración social.

Es habitual encontrar en el entorno social y laboral un rechazo hacia las personas que padecen enfermedades mentales que suelen ser etiquetadas como peligrosas o inútiles. Percepción social basada en prejuicios debido al desconocimiento y la desinformación que existe frente a las enfermedades mentales y a las personas que las padecen.

La OMS nos dice que el estigma en salud mental es un problema global y la lucha para erradicarlo tiene que ser una prioridad en cualquier sociedad democrática y libre. Educación de la población, reconocer que con una de estas patologías controlada y aceptada es posible integrarse en la comunidad, estudiar, trabajar y relacionarse, es decir, vivir con normalidad.

Otra dificultad con la que nos encontramos es la falta de recursos en la atención a la salud mental en España. Me refiero tanto recursos humanos (psiquiatras, especialistas de la psicología clínica, enfermeros especializados…), como centros sanitarios donde poder atender y ayudar a recuperarse a quienes ven mermada su salud mental. Existe un déficit en el sistema nacional de salud, necesitamos una mayor y mejor atención.

Hemos visto como el problema se ha agravado en la época que hemos vivido de pandemia y en la actual de post pandemia. El miedo al contagio, el desempleo, los fallecimientos, el confinamiento, o la soledad, son algunas de las situaciones que han incidido negativamente en la salud mental de la población, especialmente en las personas con menos recursos económicos.

Datos publicados recientemente por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) trasladan qué el porcentaje de personas de clase baja que se han sentido decaídas, deprimidas o sin esperanza durante la pandemia, casi duplica al de aquellas que se identifican con la clase alta (32,7% frente a 17,1%). Esto se observa igualmente respecto de la prescripción de consumo de psicofármacos, un 3,6% en la clase alta, frente a un 9,8% de la clase baja.

Otro dato a destacar es el incremento del número de suicidios en nuestro país. En base a  los datos de las Estadísticas de Defunción por Causa de Muerte publicados por el INE, en 2020 han fallecido por suicidio 3.941 personas en España, una media de casi 11 personas al día; un 74% de ellas varones (2.938) y un 26% mujeres (1.011), 270 defunciones más respecto a 2019.

De la misma manera se han visto incrementados los “miedos en el ámbito laboral”, agudizados por la precarización del contexto prepandemia, como por ejemplo condiciones laborales más inestables, lo que ha provocado que ciertos riesgos psicosociales como el estrés laboral aumenten en frecuencia e intensidad. Riesgos laborales psicosociales como la carga mental, el síndrome de burnout, inseguridad contractual, estrés laboral y particularmente, tecnoestrés entre otros, se han convertido en riesgos mucho más prevalentes durante la pandemia por COVID-19.

El trabajo pasa a ser un bien escaso y el miedo a no tener trabajo se sitúa entre las principales preocupaciones en un escenario de inseguridad muy elevada, junto con una mayor precarización del mercado laboral. Muchas de las personas trabajadoras esenciales que durante el confinamiento continuaron trabajando tienen bajos sueldos, contratos temporales, trabajan largas jornadas y están expuestos a infinidad de riesgos laborales.

En otro orden, en nuestro país más de tres millones de trabajadoras y trabajadores se vieron afectados por un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) a lo largo de la pandemia. Todavía, según los datos de la Seguridad Social a 30 de septiembre 239.230 personas siguen protegidas por un ERTE. Y es verdad que tienen el valor de haber sido consensuados con los interlocutores sociales, y han sido un beneficio para empresas y personas trabajadoras en este tiempo de pandemia, pero también desde el punto de vista de la salud mental pueden suponer un riesgo generando ansiedad, estrés, incluso descenso de la autoestima por el miedo a la pérdida de empleo que pueden producir.

Vivimos una realidad socio-económica degradada, se mantienen altísimas tasas de desempleo, se reducen los salarios, aumentan los beneficios empresariales, crece la desigualdad y la inseguridad, se eleva la pobreza en general, existen personas trabajadoras a las que su salario ya no les permite atender sus necesidades básicas, todo esto provoca aumento en la presión y las condiciones psicosociales de los puestos de trabajo empeoran.

El ámbito laboral también padece de problemas de salud mental. Los riesgos psicosociales, ansiedad, depresión, o estrés en muchos casos siguen sin evaluarse, es más, siguen sin ser reconocidos como un problema de las empresas, que los siguen tratando como un problema personal, sin embargo, pueden gestionarse como cualquier otro riesgo para la salud y la seguridad en el trabajo.

Así pues, se tiende a reafirmar que la pandemia ha puesto de relieve la importancia de algunos grupos de personas trabajadoras en la sociedad y en la economía en puestos de trabajo que son clave para la misma supervivencia del sistema ya que proveen servicios esenciales a los ciudadanos, y que son normalmente “invisibles”. Profesionales de la medicina, de la enfermería y profesionales paramédicos, trabajadores/trabajadoras manuales de la agricultura y de la industria alimentaria, personal del transporte de mercancías, de pasajeros y de transporte público en general, personal de supermercados y tiendas de alimentación, son ejemplos de que a pesar de su importancia para la vida de la sociedad, en los últimos veinte años han visto progresivamente empeorar sus condiciones laborales: más precariedad, salarios reducidos, menos protección, más riesgos laborales.

La pandemia ha puesto justamente en evidencia la importancia de estas personas trabajadoras para la sociedad y al mismo tiempo hay más conciencia de sus duras condiciones laborales. Mayor estrés derivado de la incertidumbre y de la situación del mercado de trabajo. Mayor presión para cumplir objetivos y no perder el empleo. Mayor tendencia al individualismo y dificultades para la colaboración en equipos de trabajo.

Otro aspecto importante generador de riesgos psicosociales ha sido el teletrabajo que ha venido de manera improvisada. El trabajo a distancia realizado en los meses de confinamiento se ha convertido en una nueva forma de organización y realización del trabajo. Hay un antes y un después sobre cómo actuamos y nos relacionamos con y en el trabajo. Hemos reconfigurado nuestros hábitos y comportamientos, tanto colectiva como individualmente. La falta de desconexión digital, la conciliación de la vida personal y laboral, especialmente en el caso de las mujeres, el aislamiento y la escasez de comunicación, se ha traducido en un riesgo laboral psicosocial.

Y los colectivos más vulnerables, jóvenes, mujeres, personas con discapacidad son los grupos más afectados. “El impacto de las crisis en los colectivos más vulnerables siempre es más fuerte. Las brechas se agravan”.

La OMS define el estrés laboral como una “epidemia mundial”, lo considera la nueva epidemia del siglo XXI. Un sondeo de opinión de ámbito europeo realizado por la Agencia Europea de Seguridad y Salud en el Trabajo demuestra que alrededor de la mitad de las personas trabajadoras en el ámbito europeo consideran que el estrés es un elemento común en sus lugares de trabajo, y contribuye a cerca de la mitad de todas las jornadas laborales perdidas. Entre las causas más frecuentemente mencionadas de estrés relacionado con el trabajo están la reorganización en el trabajo o la inseguridad en el puesto de trabajo, trabajar muchas horas o una carga de trabajo excesiva, así como el acoso y la violencia en el trabajo.

Los riesgos psicosociales y el estrés laboral se encuentran entre los problemas que más dificultades plantean en el ámbito de la seguridad y la salud en el trabajo. Afectan de manera notable a la salud de las personas, de las organizaciones y de la economía. El rendimiento de los empleados, las tasas de enfermedad, el ausentismo, el presentismo, los accidentes y la rotación de personal se ven afectados por el estado de salud mental de los empleados.

Por tanto, social y laboralmente las enfermedades mentales ni se reconocen, ni se evalúan, ni se previenen. ¿Es necesaria una Ley?, como se está debatiendo en el Parlamento, o ¿será suficiente con el Plan de Acción 2021-2024 Salud Mental y COVID-19 para atender al impacto provocado por la pandemia que acaba de presentar el Gobierno?

Lo que está claro es que urgen políticas que aborden la situación de las personas con enfermedades mentales y sus familias, incluyendo el ámbito profesional. Tenemos esta asignatura pendiente en nuestro país a la que hay que dar respuesta.

Las personas que padecen enfermedades mentales no pueden esperar, es hora de actuar. Se necesita inversión en profesionales, instalaciones, investigación, mayor coordinación de las diferentes administraciones, de especialistas, y en el mundo del trabajo, de las empresas y de las organizaciones sindicales. La reconstrucción social y económica ha de incluir mayor dotación en salud mental.