Después del espectacular triunfo de la moción de censura contra Mariano Rajoy se han producido cambios políticos de primera magnitud -con pocos precedentes conocidos en nuestro país-, tanto en el fondo como en las formas. La propia composición del nuevo Gobierno de Pedro Sánchez, con una mayor presencia de mujeres, así como las primeras medidas anunciadas por sus ministras y ministros han sido valoradas muy positivamente por los medios de comunicación y por el conjunto de la opinión pública. Todo ello se ha producido al margen de algunas decisiones controvertidas como, por ejemplo, el primer nombramiento del ministro de cultura -felizmente sustituido- o la no inclusión de entrada en el organigrama del ministerio de trabajo de una Secretaría de Estado relacionada con el empleo que, finalmente, también se ha corregido.

No es extraño, por lo tanto, que Sánchez haya declarado recientemente su intención de agotar la legislatura, a pesar de contar sólo con 84 diputados en el Parlamento e, incluso, no tener asegurado el apoyo de Unidos Podemos (71 diputados) en su acción de Gobierno y en la  búsqueda de acuerdos parlamentarios. En estas circunstancias es posible que lo logre, puesto que, salvo Ciudadanos, ningún partido político tiene interés en adelantar las elecciones generales y, desde luego, tampoco los ciudadanos en general lo demandan.

Las medidas más destacadas tienen relación con la igualdad de género y, en concreto, con la superación de la brecha salarial y el combate contra la violencia de género, siendo especialmente significativo el hecho de encargar este cometido a toda una Vicepresidenta del Gobierno. Sánchez pretende redoblar la presencia de España en el concierto internacional -hasta ahora muy irrelevante-, particularmente en la Unión Europea; reformular a fondo la política migratoria en el marco europeo, además de anunciar medidas valientes -y muy bien recibidas por la ciudadanía- para responder a los problema más urgentes y humanitarios (Acuarius y concertinas de Ceuta y Melilla); y desarrollar definitivamente la ley de memoria histórica (exhumación de restos -incluidos los de Franco- y abordar el futuro del Valle de los Caídos).

También se propone impulsar acuerdos entre los interlocutores sociales ( respetando la autonomía de los sindicatos y empresarios); garantizar el poder adquisitivo de los pensionistas y revisar en profundidad el factor de sostenibilidad; eliminar los puntos más controvertidos de la última reforma laboral; mantener encuentros con todos los presidentes de las Comunidades Autónomas, incluso con el president Quim Torra, en busca de la normalidad en Catalunya, una vez superada la aplicación del artículo 155 de la Constitución; restablecer la independencia de la radiotelevisión española en relación con el poder político; derogar la ley mordaza; impulsar la aprobación de la ley de eutanasia; eliminar el llamado impuesto al sol; suprimir paulatinamente el peaje de las autopistas al finalizar su concesión; y, finalmente, asumir el reto de negociar de buena fe en el parlamento el techo de gasto para 2019 y, si procede, los PGE-2.019.

A la buena acogida que han tenido estas medidas también ha contribuido el tremendo desplome de la oposición. La dimisión de Rajoy como presidente del PP, la entrega del acta de diputado, el abandono de la política y, finalmente, la convocatoria de un congreso extraordinario, para mediados de julio, con el propósito de elegir a su sustituto, ha convulsionado y dividido al partido, de tal manera que Núñez Feijóo ha abandonado inesperadamente la carrera por la sucesión, sin dar explicaciones convincentes. Ciudadanos tampoco levanta cabeza -y además se ha quedado sin discurso político definido-, al no haber conseguido que se convoquen elecciones generales antes que las elecciones locales, autonómicas y europeas y, lo que es peor, no ser capaz de oponerse con medidas alternativas a ninguna de las decisiones anunciadas por el nuevo gobierno, salvo en el caso de Catalunya, utilizando su ridícula y populista consigna: “Ciudadanos defiende la unidad de España y el PSOE la rompe”.

Por otra parte, en Unidos Podemos se ha abierto un fuerte debate entre los que quieren apoyar críticamente a Sánchez y entre los que apuestan por hacer una oposición más radical al Gobierno, con lo que ello puede significar para el futuro de la izquierda en nuestro país y para el desarrollo de las ideas socialdemócratas en España y en la Unión Europea. Por último, los partidos nacionalistas están a la espera de hablar con el presidente del Gobierno, antes de tomar alguna decisión, sabiendo de antemano que será posible abordar todos los problemas que les afectan respetando la Constitución, los Estatutos de Autonomía y las resoluciones judiciales. Al margen de la financiación autonómica, que es un asunto de máxima importancia que requerirá una relación de fuerzas que, por el momento, el PSOE no tiene. A pesar de esta seria dificultad, no es descartable que los nacionalistas (y los independentistas), en su afán de debilitar al PP y a Ciudadanos, mantengan al Gobierno Sánchez hasta el final.

En todo caso -además de abordar a fondo la regeneración democrática-, los problemas más graves de Sánchez tienen relación directa con las exigencias económicas de Bruselas y, en particular, con la reducción del déficit y de la elevada deuda pública (según el Banco de España, 1.160.613 millones de euros: el 98,8% del PIB), además del desempleo (nuestro principal problema), la precariedad, la sostenibilidad de las pensiones, los servicios públicos (la educación y la sanidad para todos), la política fiscal (fraude, impuesto de sociedades, transacciones financieras…) y el cambio climático. Dentro de estas exigencias merece especial atención la derogación de las reformas laborales y la corrección de los desequilibrios sociales producidos por la nefasta gestión de la crisis: la desigualdad, la pobreza (también infantil) y la exclusión social. Sobre todo en un contexto económico más favorable y cuando existen experiencias muy positivas en nuestro entorno contrarias a una política de austeridad extrema.

Efectivamente, lo más discutible de las medidas anunciadas por el Gobierno tiene relación directa con el mercado de trabajo. La decisión de no derogar las últimas reformas laborales -por motivos técnicos y de relación de fuerzas en el parlamento-, debe ser suficientemente explicada y justificada, cosa que por el momento no se ha producido. En todo caso, hay medidas urgentes e inaplazables, en relación con el mercado de trabajo, que deben merecer la atención prioritaria del gobierno: recuperar con rapidez el convenio de sector y su prevalencia sobre el convenio de empresa; volver a la ultraactividad de los convenios; reformular a fondo los contratos de trabajo y la subcontratación de obras y servicios, con el objeto de eliminar la temporalidad (por el abuso de los empresarios), los falsos autónomos y la contratación a tiempo parcial fraudulenta; reforzar la inspección de trabajo; revisar en profundidad las subvenciones a la contratación (tarifas planas); examinar en profundidad la eficacia de los servicios públicos de empleo en la intermediación y en la recolocación de trabajadores; repensar el capítulo relacionado con la formación profesional; y, finalmente, eliminar los recortes a la dependencia y a la protección por desempleo del gobierno Rajoy, que han conducido a que sólo algo más del 50% de los trabajadores en paro tengan en la actualidad cobertura de desempleo.

En el desarrollo de esta política deben participar activamente los sindicatos y los empresarios, sin que ello signifique que el gobierno se inhiba a la hora de tomar las medidas que correspondan. No debemos olvidar que la derecha cuando gobierna toma decisiones (unilaterales), como hizo Rajoy, al margen de los sindicatos, y que éstas han favorecido siempre a los empresarios. Las medidas particularmente regresivas de Rajoy,  en relación con el mercado de trabajo, no se debieron de haber tomado nunca y, por lo tanto, se deben suprimir  lo más urgentemente posible.

En este marco se ha firmado un nuevo Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (IV AENC, 2.018- 2.020), entre los interlocutores sociales, que servirá de guía para negociar los convenios y abordar diversas materias con el Gobierno en los próximos años. En el presente año, los salarios crecerán en torno a dos puntos, además de un punto condicionado por el comportamiento de los beneficios y de los dividendos empresariales (que se repartan), la productividad generada y la reducción del absentismo. Lo más notable de todo es que los sindicatos han conseguido incluir en el Acuerdo una cláusula de revisión salarial (que se tiene que concretar en los convenios) y un salario mínimo de convenio que, al finalizar el Acuerdo, deberá alcanzar los 1.000 euros mensuales por 14 pagas: 14.000 euros anuales. En todo caso, los sindicatos consultarán expresamente a sus organizaciones la decisión de firmar el Acuerdo; incluso, la UGT lo hará a sus delegados, miembros de los comités de empresa y afiliados (registrados para este fin), para reforzar la democracia interna y facilitar la ya retrasada negociación colectiva, en base a un principio básico: todo trabajador debe estar protegido por un convenio que regule mínimamente sus salarios, la contratación, la jornada y sus condiciones de seguridad y salud en el trabajo.

Por último, el Gobierno Sánchez debe de ser consciente que agotar la legislatura y aprobar medidas progresistas a favor de los más necesitados requiere algún tipo de acuerdo con Unidos Podemos y un diálogo sostenido con los sindicatos y con las fuerzas emergentes que, no lo olvidemos, han mantenido hasta ahora un comportamiento sumamente responsable. En todo caso, el Gobierno y el PSOE no pueden defraudar las expectativas abiertas y tampoco las esperanzas y la creciente ilusión generada en una buena parte de la ciudadanía. Incluso, en la Unión Europea, se está siguiendo con muchísimo interés esta experiencia que debe sumarse a las que ya se están desarrollando desde hace tiempo en Portugal y en el Reino Unido. Por eso, el gobierno no puede cometer errores y, sobre todo, debe cumplir rigurosamente sus compromisos. En todo caso, Sánchez debe dar siempre explicaciones convincentes de sus políticas, actuar con absoluta transparencia y, finalmente, trabajar a fondo para superar las desigualdades y erradicar la pobreza y la exclusión social. Lo exige la democracia, la justicia y la solidaridad hacia los más débiles…