La reunión del Presidente del Gobierno con el de la Generalidad de Cataluña ha provocado reacciones contrapuestas en los medios políticos. La contraposición ha empezado por la explicación posterior de la propia reunión, pues, como se ha dicho en algún medio, la versión de la reunión que dieron la Ministra Portavoz y el Presidente Aragonès era tan distinta que parecía que hablaban de dos reuniones distintas.

El problema de la negociación entre el Gobierno de la Nación y el actual Gobierno catalán de Esquerra-Junts es que estos partidos tienen como objetivo político la independencia de Cataluña y que consideran que esa independencia se puede alcanzar a través de un referéndum. Adicionalmente, no se contentan con los indultos y exigen una amnistía, que es un instituto ajeno al ordenamiento español y prohibido por el artículo 62.i) de la Constitución. ¿Pueden casar el fuego y el agua? En principio no, pero esa constatación impediría todo diálogo por lo que conviene profundizar más.

En el debate parlamentario del día 2 de julio el Presidente Sánchez se refirió al referéndum en términos rotundos: lo prohíbe la Constitución, no hay mayoría parlamentaria para la reforma que permitiría el referéndum y, en tercer lugar, el PSOE está en contra de este tipo de referéndum. Ergo, parece difícil hablar de referéndum de independencia con los secesionistas de Esquerra y Junts. Yo añadiría otra circunstancia, ningún partido, salvo que quiera perder las siguientes elecciones, puede convocar un referéndum de independencia en Cataluña. Por ende, las posiciones son irreconciliables.

Además, el independentismo, aunque parece haber renunciado al unilateralismo por boca de Junquera, está subordinado al extremismo que producen los huídos de Bruselas. Ya es significativo que tras asistir el Presidente Aragonès a la cena del Mobile con el Rey (en circunstancias protocolarias criticables, aunque mejores a sus anteriores ausencias) acudiera a rendir pleitesía a Puigdemont. Este gesto es significativo y ayuda a entender al independentismo, siempre servil al chantaje de la fracción más extrema, más fanática, la que por ahora reside en Bruselas tras la gallarda huida de Cataluña.

Con estos antecedentes, ¿de qué pueden hablar Sánchez y Aragonés, el Gobierno de la Nación y el Gobierno de la Comunidad Autónoma catalana? Antes de avanzar, señalemos una aporía de este diálogo: los independentistas sólo están a gusto con una relación bilateral, pero ésta tiene sus límites aunque sólo sea porque lo que arranque una Comunidad Autónoma al Estado va a ser reclamado a continuación por otras Comunidades Autónomas. Las dos velocidades con que soñaban catalanes y vascos es inviable a medio (cuando no a corto) plazo.

Volviendo a nuestra pregunta, ¿de qué pueden hablar ambos interlocutores y ambas delegaciones? Por supuesto, de financiación autonómica y también de nuevos encajes competenciales. Pero lo más importante es la reforma del Estatuto de Autonomía aunque sólo sea para poder convocar un referéndum, si  bien no de independencia. Ese es, a mi juicio, el núcleo de las conversaciones porque, repito, ningún Gobierno se hace el harakiri salvo que su Presidente sea un político de nulas luces como Cameron que destrozó a su país con el doble referéndum. Y el Presidente Sánchez no parece tener vocación de imitar al pobre Cameron que ha acabado como un vulgar lobista (si lo vieran Churchill o Wilson, como figuras relevantes del Gobierno británico).

¿Aceptará el independentismo negociar un nuevo Estatuto? De entrada, no. Pero hay dos circunstancias que quizá empujen a Esquerra (sino a todo el Gobierno catalán) a entrar en la senda de la reforma estatutaria. Los secesionistas saben que la mayoría de los catalanes están hartos de sus mentiras, de sus promesas imposibles, de sus gestos, de sus actitudes que no proporcionan bienes y servicios a los ciudadanos (como debe hacer todo Gobierno). Si los ciudadanos catalanes perciben que el Gobierno de la Nación está abierto a ofrecer un nuevo marco político dentro de España pedirán responsabilidades al Gobierno catalán de coalición. Pero para que la mayoría de los ciudadanos perciba que su Gobierno autonómico está en falta es preciso que se movilice el PSC, el empresariado catalán y la opinión pública no independentista. También sería necesario que las derechas nacionales dejaran de jugar con fuego y se alineasen con el Gobierno del Presidente Sánchez, pero esto es imposible porque siguen prefiriendo (a diferencia del protomártir) una España rota que una España roja.

Por último, hay una circunstancia que puede contribuir a que los secesionistas acaben negociando en el marco constitucional. Aunque dicen que han dado al actual Gobierno de Aragonés un plazo de dos años para obtener de “Madrid” el referéndum inconstitucional y la amnistía igualmente inconstitucional, lo cierto es que han sufrido en sus personas el peso del Estado democrático. Y saben que el Estado no se detiene cuando se le provoca. No vemos a Aragonès con vocación de mártir.

La firmeza del Gobierno de la Nación, la presión de la Cataluña no independentista, la lucha ideológica para debilitar los aparatos de agip-prop del secesionismo pueden incidir en la negociación. Siempre que los secesionistas puedan presentarse ante la opinión pública catalana con una pieza que, aunque no sea suya, la pueden vender a sus bases. Es misión del Gobierno del Presidente Sánchez identificar esa pieza y ofrecérsela.