Uno de los principales problemas, que se encuentran los gobiernos democráticos de cualquier parte del mundo, es la presión electoral a la que están sometidos, y que tiene como principal consecuencia el sesgo político hacia el presente más inmediato para intentar ganar las siguientes elecciones.

Este problema ocasiona que la planificación a más largo plazo quede relegada en un segundo plano. Lo que equivale a decir que se tiende a olvidar o a proteger menos adecuadamente los intereses de las futuras generaciones, por las que en el corto plazo ejercen su derecho al voto.

Este sesgo temporal, que se produce en todos los niveles, se ve agravado, en estos momentos, por otro tan importante o más que es de origen espacial. Es decir, la mayoría de los problemas y desafíos a los que se enfrenta el mundo hoy tienen una dimensión global que va mucho más allá de las instituciones nacionales y sus ciudadanos y electores.

Es decir, son problemas y desafíos en los que tienen que participar y se ven afectados distintos gobiernos elegidos democráticamente, y personas más allá de nuestras fronteras nacionales, que en muchas ocasiones están concernidas con lo que ocurre, pero no tienen voz ni voto en las decisiones.

Por tanto, en sociedades tan fragmentadas como las actuales y con problemas tan globales como el cambio climático, la desigualdad, el hambre, los problemas sanitarios y educativos, la igualdad de género, entre otros. Es necesario cambiar este comportamiento, que supone uno de los mayores desafíos a los que tienen que hacer frente nuestras democracias si pretenden ser realmente inclusivas, tanto a corto como a largo plazo y tanto a nivel local como global.

Esta visión estratégica necesita más que nunca de un nuevo contrato social global, que involucre a todos los ciudadanos del mundo y tenga entre sus objetivos el bienestar de las presentes y las futuras generaciones. Supone algo así, como alcanzar ahora determinadas decisiones para que las futuras generaciones tengan también la libertad de tomar las suyas en un mundo sostenible.

En este sentido, hay que resaltar la iniciativa Agenda 2030, de Naciones Unidas. Que como señala en su preámbulo “es un plan de acción en favor de las personas, el planeta y la prosperidad. También tiene por objeto fortalecer la paz universal dentro de un concepto más amplio de la libertad. Estamos resueltos a liberar a la humanidad de la tiranía de la pobreza y las privaciones, y a sanar y proteger nuestro planeta. También se pretende hacer realidad los derechos humanos de todas las personas y alcanzar la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de todas las mujeres y niñas.”

Un plan al que se ha adherido el gobierno de España con su Agenda Horizonte 2030. Un Plan de Acción que impulsará de forma inmediata nuevas políticas, medidas, gobernanza y métodos de trabajo y conducirá, como uno de sus principales resultados, a la adopción de una Estrategia de Desarrollo Sostenible 2020–2030, que represente un proyecto de país compartido ampliamente y desde una visión de Estado.

Un proyecto apasionante para favorecer en España el desarrollo sostenible e igualitario, que sin embargo precisa de más información. Ya que, cuando se pregunta a los ciudadanos si lo conoce o ha oído hablar de la Agenda Horizonte 2030, un 70,4 por ciento de ellos dice que no, que es la primera vez que oye hablar de ella. Mientras un 29,4 por ciento, afirma que, si la conoce o ha oído hablar de ella, según el barómetro del CIS del mes de septiembre de 2020.

A parte de una mayor información, también es relevante conocer cuáles son las prioridades que establecen los ciudadanos en relación con la Agenda Horizonte 2030, y cuáles son los principales obstáculos que según ellos existen para lograr los objetivos de este.

En relación a las preferencias de los ciudadanos, cuando se les pregunta cuales de los objetivos de la Agenda Horizonte 2030 consideran prioritarios, un 32 por ciento señala erradicar la pobreza y acabar con el hambre y la desnutrición; un 24,9 por ciento, conservar y proteger los ecosistemas marinos y terrestres, y tomar medidas urgentes para combatir el cambio climático; un 23,4 por ciento, fomentar de forma sostenible el crecimiento económico y el empleo digno; un 20,6 por ciento, garantizar la salud y el bienestar; 19,2 por ciento, garantizar la educación de calidad para todos/as; un 19 por ciento, reducir las desigualdades entre países y dentro de ellos, promover la paz y el acceso a la justicia para todos/as; un 11,9 por ciento, garantizar el consumo y la producción sostenible, y conseguir ciudades seguras y sostenibles; 10,6 por ciento, lograr la igualdad entre género; 9,5 por ciento garantizar la disponibilidad de agua, saneamiento y energía sostenible; y un 9 por ciento, desarrollar las infraestructuras y la industrialización sostenible.

En lo relativo a cuales creen los ciudadanos que son los principales obstáculos para lograr los objetivos de desarrollo sostenible, un 50,3 por ciento, señala la falta de voluntad política; un 43,1 por ciento, la corrupción política e institucional; un 31,3 por ciento, la falta de conciencia social en personas, empresas e instituciones; un 14,9 por ciento los hábitos de consumo insostenibles; un 10,3 por ciento las carencias en educación; un 10,2 por ciento, la falta de medios para su aplicación; y un 8,4 por ciento, la pandemia de la COVID-19.

En uno y otro caso nos encontramos ante al mayor desafío al que se enfrenta la humanidad. Y para superarlo, porque hay que actuar ya, se precisa unidad, unidad y más unidad, frente a la creciente polarización que sufren la mayoría de las sociedades en un mayor o menor grado. Y junto a la unidad, una acción global, frente al creciente retorno al proteccionismo.