Ocho de cada diez españoles están muy de acuerdo/bastante de acuerdo con que “España debería fijarse como objetivo alcanzar a los países más desarrollados de Europa en 2030, aunque ello signifique hacer esfuerzos”, según la encuesta prospectiva (I) de septiembre de 2022, realizada por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).

Dentro de esa meta, los ciudadanos consideran que los cambios que debe hacer España deben ser de gran calado. Así, un 77,7 por ciento opina que debe haber cambios profundos para que haya un desarrollo de la ciencia y la innovación. Un 77,3 por ciento, cambios profundos para luchar contra el cambio climático y el ciudadano del medio ambiente. Un 59,4 por ciento, cambios profundos en la sanidad pública. Un 64,2 por ciento, cambios profundos en la educación pública. Un 54,6 por ciento, cambios profundos en las pensiones públicas. Y un 64,3 por ciento, cambios profundos en el sistema público de cuidados a personas mayores y dependientes.

Estos datos vienen a señalar cual es la agenda política que mayoritariamente quiere la sociedad española para los próximos años, con el objetivo de aumentar la prosperidad del país y el bienestar de la población en su conjunto. Pero también, sirven para preguntarse si los ciudadanos fueron activos en las urnas para defender sus deseos e intereses y con su voto propiciar un gobierno que estuviera alineado con sus reivindicaciones de presente y de fututo.

La respuesta a la pregunta anterior es afirmativa. Los ciudadanos se movilizaron con su voto para que hubiera un gobierno alineado con sus intereses y necesidades. Así, el gobierno socialista de coalición ha desarrollado toda su labor con el objetivo, marcado por la mayoría de los españoles, de aumentar la prosperidad y el bienestar de todos.

Los ejemplos son múltiples a lo largo de una legislatura que se ha encontrado con la pandemia de la COVID-19 y ahora con la invasión de Ucrania y sus consecuencias económicas, sociales y políticas.

Pero, aun así, lejos de las políticas de recortes de los gobiernos del PP, el último ejemplo de sintonía de la agenda política de los ciudadanos y el gobierno es la presentación de unos Presupuestos Generales del Estado para el año 2023 con un récord de gasto social de 266.719 millones y un nivel histórico de inversión de 11.867 millones de euros, frente a los 8.900 de este año, para continuar adaptando España al horizonte marcado por los españoles. Una subida en la inversión del 33,1 por ciento.

El récord de gasto social de 266.719 millones, supera la anterior cifra récord del año pasado, donde se presupuestó un gasto social de 248.000 millones. Esto supone, como ha señalado la ministra de Hacienda, que seis de cada diez euros del presupuesto de gasto es gasto social.

Un gasto social que se realiza para subir las pensiones entorno al 8,5 por ciento, y así poder mantener el poder adquisitivo de unos ciudadanos que con su esfuerzo hicieron posible el avance de nuestra sociedad durante décadas. Pero también, y por primera vez en 13 años, se destinan 2.957 millones, procedentes del MEI (Mecanismo de Equidad Intergeneracional aprobado en la reforma de las pensiones) a llenar la hucha de las pensiones, es decir, el fondo de reserva que el gobierno anterior del PP vació casi en su totalidad

Un gasto social que incrementa el apartado de sanidad un 6,7 por ciento, con 173 millones para atención primaria o 500 millones para infraestructuras y salud mental.

Un gasto social que incrementa la partida de dependencia en 620 millones de euros. La atención a la dependencia recibirá 3.522 millones, un 150 por ciento más que al inicio de la legislatura.

Un gasto social en educación que mantiene el crecimiento del 6,6 por ciento y se sitúa en 5.347 millones. Con 390 millones más para becas que el año anterior, lo que supone 2.474 millones “para que ningún joven se quede sin ir a la universidad o cursar estudios de formación profesional porque la renta familiar se lo impide”. También se transferirán 50 millones de euros a las universidades para que se creen 1.000 plazas más de estudiantes de medicina de primer año.

Un gasto social que en lo que se respecta a la financiación autonómica y local, la partida de entregas a cuenta contará con 125.000 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 24 por ciento de los recursos para las comunidades y un 5 por ciento de los fondos para los ayuntamientos.

Un gasto social que destinará a las políticas de vivienda 3.472 millones de euros, con 200 millones para el bono alquiler. Al mismo tiempo, se pondrá en marcha un plan nuevo de alquileres asequibles dotado con 260 millones.

Un gasto social que mantiene las bonificaciones y la gratuidad en el transporte público de Cercanías, rodalíes y trenes media distancia el año que viene, con 660 millones de transferencia a Renfe.  Hay que recordar que desde que esta medida entró en vigor se han emitido 1,5 millones de abonos.

Podría continuar con más ejemplos dentro de los presupuestos y en la aprobación de distintas leyes para aumentar los derechos efectivos de los españoles en su vida diaria. Pero lo importante es que existe una sintonía entre la agenda política de los ciudadanos y el gobierno actual.

La pregunta que tienen que responder los ciudadanos en este nuevo ciclo electoral que comienza es si quieren que siga existiendo sintonía entre lo que demandan los ciudadanos y hace su gobierno. O, por el contrario, quieren volver al divorcio existente entre sus necesidades y las políticas de recortes del PP cuando gobernó.

De cómo se responda a esta pregunta, y sobre todo de la acción, es decir, de la participación de los ciudadanos en estos procesos electorales con su voto, dependerá que la agenda de los ciudadanos esté alineada con el gobierno o no.

Tú decides con tus acciones.