Desde estas páginas, hemos hablado de la inflación producida por el aumento del precio de los combustibles en los mercados internacionales y de cómo repartir de manera justa ese exceso de coste. Pero, a la vez que dichos precios se disparan debido al difícil contexto internacional —la rotura de las cadenas de suministros, la guerra de Putin—, se está produciendo una silenciosa inflación adicional debida a las indecentes ganancias que las compañías con poder de mercado —es decir, con poder para fijar los precios merced a la escasa competencia de sus sectores— están obteniendo a costa de los pacientes consumidores. Se trata, una vez más, del conocido “a rio revuelto…” que aparece indefectiblemente en épocas de escasez o, dicho más concisamente, la especulación pura y dura.

El caso más flagrante es el de las compañías mayoristas de carburantes. Solo tres de ellas —Repsol, Cepsa y BP— tienen en España capacidad de refino, es decir, la capacidad de transformar el crudo en combustibles utilizables. Compárese este dato con las 10 de Alemania o las 7 del Reino Unido. Esta falta de competencia les otorga un enorme poder para fijar los precios. Para demostrar que lo están ejerciendo, recopilaremos algunos datos fácilmente accesibles.

Entre febrero de 2020 y junio de 2022 el precio del barril de crudo se multiplicó por 2,16 en los mercados internacionales —pasó de 55 $ a 119 $—. En ese mismo periodo, el precio de la gasolina de 95 octanos se multiplicó por 1,75 —pasó de 1,2 € por litro a 2,1 €—. Podría parecer que las empresas comercializadoras han reducido sus márgenes, ya que el precio final ha crecido menos que el de la materia prima. Nada más lejos de la realidad debido, como veremos, a que el precio del crudo es tan solo una parte del precio final.

En 2019, de cada 100 € de gasolina, 31 € eran el precio del crudo, 53 € eran impuestos y 16 $ eran los márgenes comerciales y de distribución (Fuente: AOP, Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos). En junio de 2022, la estructura de precios es, respectivamente, 38, 47 y 15 (misma fuente) y los 100 € se han convertido en 175 € debido al alza del precio de la gasolina.

Si el precio del crudo se multiplica por 2,16 y se dejan los otros factores constantes en valor absoluto, la estructura de precios que correspondería sería 49-39-12 y los 100 $ de gasolina habrían pasado a ser 136 $. Por lo tanto, el aumento real de los márgenes ha sido de 16 € —el 12% de 136— a 26,25 € —el 15% de 175—, es decir, los márgenes comerciales casi se han duplicado. Estos cálculos son consistentes con los beneficios declarados por Repsol, la compañía predominante de las tres grandes. Mientras que, entre 2019 y 2021, estos subieron un 22% —pasaron de 2.042 millones a 2.499—, en el primer trimestre de 2022 el beneficio se ha multiplicado por 2,07 con respecto al mismo trimestre de 2021 —ha pasado de 648 millones a 1.342—, aproximadamente el incremento que arroja el cálculo anterior.

Los sindicatos vienen proponiendo sin éxito un pacto de rentas, en virtud del cual tanto empresarios como trabajadores se comprometerían a que sus beneficios, en el primer caso, y sus salarios, en el segundo, crecieran por debajo de la inflación. De este modo se evitaría la llamada “espiral inflacionista”, es decir, que dichas subidas realimentaran positivamente el índice de precios, que actualmente está en el 8,7% interanual. Si es cuestionable que dichas rentas crezcan hasta un 8,7%, cuánto más no debe serlo que los beneficios de una empresa crezcan un 107%, en un contexto en el que todos estamos perdiendo poder adquisitivo. Se trata de una transferencia de rentas, desde los consumidores a sus bolsillos, simplemente indecente porque no responde a ningún incremento de costes sino tan solo a su posición de privilegio en el mercado.

Algo similar está sucediendo con los precios de los alimentos. Si comparamos el Índice de Precios Origen-Destino publicado cada mes por la COAG, observamos que la mayoría de los alimentos han incrementado la diferencia entre ambos precios. Por ejemplo, el precio de los ajos entre el origen y el destino se multiplicaba por 6,7 en enero de 2019 y ahora se multiplica por 8,5. El mismo factor, en la patata, ha pasado de 5 a 6; el del limón, de 6,5 a 10,6; el de la carne de cerdo, de 3,8 a 5,6 y, así, con muchos otros alimentos básicos. Los aumentos porcentuales del precio de estos alimentos oscilan, pues, entre el 20% y el 60%, muy por encima de la inflación media en el periodo. También cabría cuestionar por qué son tan abultadas las diferencias entre el origen y el destino, incluso considerando los precios de 2019. Por qué a un ganadero se le paga 1€ por un kilo de carne de cerdo cuando ese mismo kilo le cuesta al consumidor 5,6 €. O se le paga al agricultor 0,20 € por un kilo de limones, cuando el consumidor lo encuentra luego a 2,1 € en el supermercado. La explicación está en unas cadenas de distribución muy concentradas, con gran poder de compra y de venta, que tienen libertad para fijar, tanto el precio de venta en origen, como el de destino.

Una de las pocas ventajas del sistema capitalista es que la libre competencia teóricamente fija el precio de los bienes al valor más bajo posible. Pero esas condiciones ideales raramente se dan. Lo que vemos cada día es que el capital se concentra de forma continuada y consigue expulsar a la competencia. Lo vemos en el sector energético, en el de las comunicaciones, en las grandes constructoras, en los bancos y en las cadenas de distribución. El resultado de todo ello es que consiguen fijar sus precios sin que eso haga disminuir la demanda, ya que ésta es cautiva de unas pocas compañías. Y, a la postre, las rentas del resto de la sociedad se trasladan silenciosamente a sus cuentas de resultados. Y, en situaciones inflacionarias como la actual, estas transferencias son más difícilmente soportables por el consumidor y, por lo tanto, aún más indecentes.

Los mecanismos que nuestro Estado de Derecho posee para combatir estas posiciones de monopolio son claramente insuficientes. Mientras se arbitran otros más eficaces, el Gobierno debería actuar en el ámbito fiscal para rescatar una parte de estas rentas obtenidas indebidamente y ponerlas al servicio de los ciudadanos más vulnerables.