El pasado 3 de julio se firmó el Acuerdo para la Reactivación de la Economía y el Empleo por Pedro Sánchez, presidente del Gobierno; Pablo Iglesias, vicepresidente segundo y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030; Nadia Calviño, vicepresidenta tercera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital; María Jesús Montero, ministra de Hacienda; Yolanda Díaz, ministra de Trabajo y Economía Social; Reyes Maroto, ministra de Industria, Comercio y Turismo; José Luis Escrivá, ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones; Unai Sordo, secretario general de CCOO; Pepe Álvarez, secretario general de UGT; Gerardo Cuerva, presidente de CEPYME y Antonio Garamendi, presidente de la CEOE. Con este pacto social el Gobierno, la patronal y los sindicatos sellan un compromiso de país para trabajar con urgencia en el refuerzo de la recuperación económica y empleo, y expresan ante la Unión Europea de forma rotundamente clara su compromiso de afrontar con unidad los retos que tiene España.

Desde el inicio de la crisis provocada por la COVID-19, el Gobierno ha levantado “un escudo social” mediante un conjunto medidas en el ámbito económico, social y laboral que han permitido preservar el tejido productivo, el empleo y las rentas familiares. Entre las medidas que han contribuido a mantener el sistema productivo figuran la movilización de 100.000 millones de euros en avales del ICO, los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), la prestación extraordinaria para los autónomos por cese de actividad o la puesta en marcha del Ingreso Mínimo Vital para los colectivos más vulnerables.

El Gobierno y los interlocutores sociales ya habían suscrito dos Acuerdos Sociales en Defensa del Empleo, una apuesta estratégica por proteger a las empresas y minimizar los efectos de la crisis en la destrucción de empleo a través de los ERTE por fuerza mayor o por causas objetivas, prorrogando su vigencia hasta el 30 de septiembre y comprometiendo su evaluación para la eventual continuidad en las empresas y sectores afectados por los efectos negativos de la pandemia.

El pacto social se firmó justo cuando en el Congreso de Diputados se sometían a votación los informes de los grupos de trabajo de la Comisión de Reconstrucción Económica y Social, sin acuerdo entre los dos principales partidos, pues fueron rechazados por el PP. Los informes resultaron aprobados con el apoyo del PSOE y de Unidas Podemos, con el apoyo parcial de Ciudadanos y otros partidos, mientras que Vox ni siquiera asistió a las sesiones porque se autoexcluyó. El PP aún tiene la oportunidad de apoyar los dictámenes finales en el debate en Pleno el próximo 22 de julio, y así facilitar las transferencias europeas de 140.000 millones a nuestro país.

El Acuerdo recoge más de una decena de líneas de trabajo en torno a las cuales se pretende alcanzar acuerdos para reforzar el crecimiento sólido, inclusivo y sostenible y el empleo de calidad. Esto implica que, de manera inmediata, se van a intensificar las reuniones del Diálogo Social. Una de las prioridades inmediatas es la reincorporación a las empresas de los trabajadores afectados por los ERTE derivados de la crisis de la COVID-19, primando los ajustes de capacidad en horas de trabajo y no en empleos. También se recoge la voluntad de que en la reactivación se pueda recuperar a los trabajadores con contrato temporal cuya relación laboral se haya extinguido, potenciando en la medida de lo posible la contratación indefinida.

Un objetivo central es poner en marcha un Pacto por la Industria que permita al país su imprescindible reindustrialización, con el objeto de diversificar, equilibrar y modernizar la estructura productiva basada en la descarbonización y la digitalización de nuestra economía. También se quiere reformular las políticas activas de empleo con el fin de reorientar los recursos correspondientes hacia un sistema eficaz de apoyo personalizado, formación y recualificación de los trabajadores de cara a su capacitación, en particular en el ámbito digital y tecnológico.

Se establece el compromiso de modernizar nuestro marco laboral a fin de minimizar el impacto sobre el empleo de crisis futuras. Además se anuncia una regulación específica para el trabajo a distancia y la adaptabilidad de la jornada laboral, al objeto de aumentar la productividad de las empresas, mejorando al mismo tiempo la situación de los trabajadores y la conciliación familiar. Se pretende impulsar el desarrollo de la economía social y apoyar a los autónomos, tanto en la superación de las consecuencias económicas de la pandemia como en la reactivación de sus actividades profesionales.

Los firmantes consideran que es necesario realizar las necesarias adaptaciones para el refuerzo y la garantía de sostenibilidad y suficiencia a largo plazo del sistema público de pensiones, protegiendo así su poder adquisitivo. A su vez, ven imprescindible reforzar los servicios públicos en los distintos niveles de las Administraciones Públicas y el sistema de cuidados, con el fin de fortalecer nuestro Estado de bienestar. Al mismo tiempo, también es fundamental impulsar medidas eficaces para aflorar la economía sumergida, luchando contra el fraude, la precariedad y la evasión fiscal

Coincidiendo con el Acuerdo con los interlocutores sociales, el Gobierno ha aprobado un nuevo paquete de medidas para reforzar la recuperación de la economía y el empleo. Para ello se ponen en marcha medidas que impulsan la inversión y refuerzan la solvencia de las empresas y el mantenimiento del empleo. Entre esas medidas se incluye la creación de una nueva Línea de Avales del Instituto de Crédito Oficial (ICO) por importe de 40.000 millones de euros. Esta nueva línea se dirige a impulsar la actividad inversora y fomentarla en las áreas donde se genere mayor valor añadido, en torno a dos ejes principales: la sostenibilidad medioambiental y la digitalización. También se ha aprobado la creación de un Fondo que estará dotado con 10.000 millones de euros y cuyo objetivo es aportar apoyo público temporal para reforzar la solvencia de empresas no financieras afectadas por la pandemia.

El Acuerdo para la Reactivación de la Economía y el Empleo tiene una gran relevancia política y social, pues supone la expresión del compromiso de los interlocutores sociales y del Gobierno de hacer frente conjuntamente, mediante el diálogo y la concertación social, a la crisis del coronavirus y sus pavorosos efectos sanitarios, económicos y sociales, protegiendo a las personas sin dejar a nadie atrás. Este pacto social es un avance del conjunto de medidas que va a ser necesario poner marcha en nuestro país y en la Unión Europea para reactivar la economía y el trabajo, recuperar los servicios públicos, extender la protección social y reforzar el Estado del bienestar.