Los Relatores Especiales de Naciones Unidas forman parte de los denominados Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos y son el mayor órgano de expertos independientes en el sistema de la ONU para los Derechos Humanos. Se encargan de investigar situaciones concretas en países o a cuestiones temáticas en todo el mundo.

Hace unos meses, aunque parece que han pasado siglos por la cuestión del coronavirus, pero fue a comienzos de este año, Philip Alston, relator sobre extrema pobreza de Naciones Unidas, visitó nuestro país. Tras sus doce días de investigación por España, expuso unas primeras conclusiones, en una rueda de prensa, donde pedía una implicación fuerte de las administraciones con esta cuestión. Finalmente, ahora ha presentado su informe.

Pero antes de entrar en él, hay que poner en valor que, a pesar de las condiciones ocasionadas por el coronavirus, o precisamente por ellas, algunas de las principales recomendaciones que se señalan por parte del relator, ya han sido puestas en marca en España.

Ya se ha aprobado un Ingreso Mínimo Vital. Ya se han establecido ayudas en materia de vivienda que se van a prolongar en el tiempo para proteger mejor a los hogares más vulnerables, junto a aumentar la inversión en vivienda protegida, introducir sistemas para controlar los alquileres en las principales ciudades, desalentar la manipulación de los mercados de la vivienda por los “fondos buitre”, entre otras medidas. Lo que significa que contamos con un gobierno que escucha a los ciudadanos y actúa contra la pobreza.

Para el experto en Naciones Unidas, antes de la crisis, España había permanecido relativamente inmune al aumento de la desigualdad que afectaba a tantos otros países, pero los índices de desigualdad se dispararon desde 2010. Y la red de protección social de España ya era completamente inadecuada antes del Covid-19.

En el informe, se destaca:

  • Muchos ciudadanos se sienten abandonados. El relator afirma que la palabra que oyó con más frecuencia fue “abandonados”: “Abandonados los habitantes de un pueblo sin transporte público para ir al médico y sin dinero para pagar un transporte privado. Abandonados en un suburbio estigmatizado de renta baja que la policía evita. Abandonados frente a caseras y caseros sin escrúpulos, aumentos desorbitados del alquiler o viviendas protegidas destartaladas, y abandonados frente a un sistema burocrático arbitrario que niega ayudas vitales sin dar explicaciones.”
  • Las grandes empresas y las personas más adineradas ganan. La economía española, cuarta de la Unión Europea, ha experimentado un crecimiento constante desde la crisis, propiciando una disminución del desempleo y un aumento de los salarios y las exportaciones. Sin embargo, la recuperación económica ha beneficiado mayoritariamente a las grandes empresas y a las personas más adineradas, mientras que muchos de los servicios públicos y las protecciones que sufrieron graves recortes después de 2008 no se han restablecido.
  • Entre 2007 y 2017, mientras las rentas del 1 por ciento más rico crecieron un 24 por ciento, el 90 por ciento más pobre experimentó un crecimiento por debajo de la media, un 2 por ciento.
  • Antes del COVID-19, los beneficios empresariales en gran medida se habían recuperado desde la crisis, pero la parte de los ingresos tributarios correspondiente al impuesto de sociedades se dividió por la mitad entre 2007 y 2019, pasando del 22,3 por ciento de los ingresos tributarios totales al 11,9 por ciento.
  • El sistema de prestación de asistencia social está roto, y explica que un sistema debería contribuir de manera importante a reducir la pobreza, pero resulta extraordinariamente ineficaz, ya que las familias ricas se benefician más de las transferencias monetarias que las pobres.
  • España ocupa los últimos lugares en demasiadas clasificaciones sociales de la Unión Europea”. Por ello, resalta que España necesita innovación en el Gobierno central, que debe contar con recursos y con el apoyo de las comunidades autónomas para realizar reformas de gran alcance.
  • Finalmente, junto a las anteriormente mencionadas se señalan una serie de recomendaciones:
    • Emprender una exhaustiva revisión del sistema educativo para reducir los alarmantes niveles de abandono escolar temprano, repetición de curso y segregación escolar.
    • Aumentar la progresividad del sistema tributario e incremente los ingresos tributarios totales para que se ajusten más a la norma de la Unión Europea.
    • Llevar a cabo un estudio exhaustivo e independiente para evaluar por qué, después de años de programas de ayuda pública, tantas personas de la comunidad romaní siguen viviendo en condiciones inaceptables y sus hijas e hijos están condenados a repetir el ciclo de pobreza y exclusión.
    • Proporcionar a la población migrante condiciones de trabajo decentes y un camino hacia la residencia legal que no requiera años de espera y una oferta de trabajo a tiempo completo.
    • Realizar un estudio exhaustivo para reducir los trámites innecesarios y transformar las prácticas burocráticas en la esfera de la protección social, con miras a simplificar el proceso de solicitud y reducir los obstáculos burocráticos y los requisitos excesivos.
    • Facultar a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal para que lleve a cabo auditorías y estudios de investigación por iniciativa propia, sin necesidad de que se lo solicite una autoridad.

De este informe, se pueden sacar dos conclusiones. La primera, que ha envejecido rápidamente en algunas de sus partes por las consecuencias del COVID-19, pero sobre todo por la acción del gobierno para acabar con la pobreza en España.

La segunda, es que la parte de las recomendaciones que todavía hay que llevar a cabo, deben realizarse desde el dialogo, el acuerdo y la unidad que necesita España y la Unión Europea. Lo que significa, que los actores políticos, sociales y económicos deben ponerse de acuerdo en la fiscalidad justa, la revisión del sistema educativo, la nueva arquitectura del sistema de servicios sociales, y toda una serie medidas que aumenten el bienestar y la igualdad en España y en la Unión Europea.

No hay excusas para no hacerlo. Y, sobre todo, si finalmente algunos deciden continuar por el camino de la crispación y la falta de acuerdos, el gobierno no puede pararse y tiene el deber de gobernar para hacer realidad el bienestar en la vida de todos los españoles.