El Gobierno del Partido Socialista y el Grupo parlamentario confederal de Unidos Podemos, En Comú Podem y En Marea, suscriben un acuerdo para facilitar la aprobación de los Presupuestos Generales para el 2019. Se trata de un acuerdo relevante entre las fuerzas de la izquierda que puede servir para alargar la legislatura, significando una corrección importante a las políticas de austeridad y de recortes del anterior Gobierno de la derecha.

Este acuerdo respeta el marco presupuestario de la Comisión Europea, e incluye medidas necesarias pero insuficientes en lo que se refiere a la fiscalidad y a los contenidos en materia laboral, olvida cambios necesarios. No hay ningún avance en materias tan importantes como la ultraactividad, la prevalencia del convenio sectorial sobre el de empresa, el artículo 42 del ET que regula la subcontratación. Tampoco se ha avanzado en la sustitución de la Renta Activa de Inserción, el Programa de Activación por el Empleo (PAE) y el Plan Prepara por una nueva renta asistencial de la Seguridad Social, ni en los procedimientos y causas para la modificación de las condiciones de trabajo. Estas materias están recogidas en el IV Acuerdo por el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC).

La pieza más importante del acuerdo es el incremento del Salario Mínimo Interprofesional. Es una cuestión de justicia dirigida a compensar los perjuicios causados por la devaluación salarial y en las condiciones de vida de los asalariados, y una medida necesaria para estimular el consumo. El incremento del SMI camina en la senda para mejorar el nivel de vida y para reducir la pobreza y la desigualdad. Es una medida deseable, que navega a favor del impulso del crecimiento salarial, aunque no vaya más allá del salario mínimo de convenio acordado en el IV AENC. Las declaraciones de la CEOE mostrando su oposición, dejan al descubierto su política obstruccionista y la fiabilidad de su firma. Se debe recordar que unos días antes del Real Decreto del 3 de Febrero de 2012, donde se aprobó la Reforma laboral, por el Gobierno del PP, las organizaciones empresariales firmaron un Acuerdo con los sindicatos sobre la negociación colectiva, que nunca defendieron ante el poder ejecutivo, sí al contrario se convirtieron en los mayores defensores de la reforma laboral. Las afirmaciones de las fuerzas de la derecha y de los empresarios, son la repetición del viejo manual de propaganda anticomunista, reaccionario y conservador.

El Acuerdo, que se ha negociado a espaldas del Diálogo Social, es en algunas cuestiones prudente y limitado, en relación a la fiscalidad y las relaciones laborales entre otros. En cuanto a las pensiones, no hay referencias al factor de sostenibilidad definido en la reforma del 2013 que tiene que ser derogada, y tampoco propuestas concretas respecto a cómo mejorar la estructura de ingresos de nuestro sistema de pensiones. Tampoco se encuentra ninguna propuesta sobre el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), importante índice para calcular muchas rentas y prestaciones sociales.

El Diálogo Social debe impulsar el cambio legislativo en materia laboral, en temas específicos ligados a la negociación colectiva, para eliminar los elementos más perniciosos de las últimas reformas laborales. Y debe continuar, aunque se haya suscrito el Acuerdo.

El periodo político anterior, el Gobierno de mayoría del Partido Popular impuso medidas de carácter neoliberal, pretendiendo cambiar el modelo social, siempre con el objetivo de favorecer a las élites económicas y políticas, incrementando sus beneficios y promoviendo una ingente transferencia de las rentas del trabajo al capital.

El Gobierno de la derecha ha devaluado los derechos y los salarios, ha reducido el gasto público a las prestaciones sociales y servicios públicos y ha impulsado las privatizaciones. Hoy la herencia que ha dejado es una sociedad más pobre, con menos derechos y menor cohesión social.

Ahora es el momento de cambiar la política económica y social, de cambiar el patrón de crecimiento, creando empleo de calidad y con derechos, restituyendo las redes de protección y el carácter universal y la calidad de los servicios públicos.

El Acuerdo entre el Gobierno y el grupo confederal de Unidos Podemos, En comú Podem y En Marea señala un horizonte que puede alentar la esperanza de las personas y alinear la economía al servicio de la mayoría de la sociedad.

Pero hay materias que no pueden esperar, sobre todo aquellas que se aprobaron para debilitar la Negociación Colectiva, elemento clave del derecho de libertad sindical y contrapoder a la fuerza unilateral del empresario frente al trabajador considerado individualmente.

Se deben eliminar con carácter urgente los elementos más perniciosos de la reforma laboral  como son la prevalencia del convenio de empresa sobre el sectorial; las normas de la inaplicación de los convenios colectivos y la pérdida de ultraactividad; y la derogación del artículo 315.3 del Código Penal, –elementos lesivos de la reforma laboral–, y debería hacerse desde el Diálogo Social. Si las organizaciones empresariales obstaculizan el Diálogo Social el Gobierno debería utilizar la vía del Decreto del Gobierno.

El acuerdo habla de «Derogar antes de finalizar 2018 los aspectos más lesivos de la reforma laboral, particularmente en materia de negociación colectiva…». Desde mi punto de vista a este Acuerdo le faltan cuestiones muy importantes que abordar y que he mencionado a lo largo de este artículo.

En cuanto a la redacción de la “no caducidad en los convenios” que se cita, no es la que se ha venido proponiendo desde los sindicatos, que defienden que a un convenio le sustituye otro convenio. Es muy positivo que se recoja que en 2019 se iniciará los trabajos para la elaboración de un nuevo Estatuto de los Trabajadores del siglo XXI en el marco del diálogo social.

La recuperación de los derechos de los trabajadores y trabajadoras y el reconocimiento del derecho al trabajo como elemento fundamental de la condición de ciudadanía es una tarea inaplazable que debe quedar plasmada en un nuevo marco más democrático de las relaciones laborales.

Existe una tendencia en las fuerzas políticas a considerar el Diálogo Social como un instrumento poco influyente, o incluso como de otro tiempo pasado. No se puede negar que se ha debilitado, consecuencia de las políticas de austeridad de la Comisión Europea. Han tenido que ver en esta debilidad los Pactos Euro Plus, y los Pactos Presupuestarios con la imposición de la regla del equilibrio presupuestario constitucionalizada en el Artículo 135 de la Constitución española.

Entre las causas que han influido para reducir el papel del Diálogo Social están los escasos márgenes de los contenidos a negociar, junto al desinterés de las organizaciones empresariales que han basculado desde el apoyo a las medidas de los gobiernos si éstas les favorecían hasta la oposición y exigencia de políticas más duras contra la mayoría de la sociedad y el debilitamiento del marco de la negociación colectiva.

La mayoría de los Gobiernos en los últimos años han descapitalizado y dejado de lado el Diálogo Social, sustituyéndolo por meras y esporádicas consultas, y han aprobado las medidas que se dictaban desde la Comisión Europea (los recortes del gasto público, la descentralización de la negociación colectiva, la congelación de los salarios del sector público, los recortes del salario mínimo, la desindexación salarial, las privatizaciones, la elevación de la edad de jubilación, los ataques al Derecho del Trabajo, etc.).

El Gobierno y las fuerzas de la izquierda errarían, si practican el pseudodialógo social y lo maquillan con propaganda y anuncios mediáticos. En este contexto económico, social y político, el Diálogo Social “real” es imprescindible para promover el cambio efectivo en las políticas económicas, sociales y laborales, y para ello los sindicatos confederales son actores protagonistas.

Las medidas de este Acuerdo deben aplicarse en un plazo razonable, y evitar que reaparezca la desafección y la desesperanza de la mayoría de la sociedad.