Hace muy pocas semanas señalábamos en estas mismas páginas la gravedad de la situación en que se encontraban ciertas áreas sensibles de la Administración de Justicia, en la que el Gobierno, para exonerar al partido que le apoya, estaba manipulando al Ministerio Fiscal (Javier García Fernández: “La politización de la Fiscalía General del Estado”, Sistema Digital, 11 de mayo de 2017). Ya entonces, hace sólo un mes, apuntábamos la responsabilidad del Ministro de Justicia en la operación de manipular el Ministerio Fiscal, pero desde entonces han ocurrido tantas cosas que es necesario volver a examinar la posición política del Ministro Catalá.

Por una parte, el 17 de mayo pasado el Congreso de los Diputados votó la reprobación del Ministro Rafael Catalá, del Fiscal General del Estado José Manuel Maza y del ya ex – Fiscal Jefe Anticorrupción Manuel Moix. Por otra parte, se descubrió que el mismo Moix era partícipe en una sociedad panameña propietaria de un inmueble en una localidad de la Sierra de Madrid. Ambas circunstancias merecen glosarse.

En primer lugar, veamos la reprobación del Ministro y de los dos Fiscales. Personalmente siempre he sido contrario a la reprobación de los Ministros pues este procedimiento debilita el principio de dirección presidencial que fija con gran intensidad la Constitución (artículos 97-100 y 112-115). Toda iniciativa política que tienda a debilitar los poderes constitucionales del Presidente del Gobierno tiene algo de fraudulento y si la Constitución atribuye al Presidente la facultad de proponer al Rey el nombramiento y cese de los miembros del Gobiernos, la reprobación de un Ministro es una pseudo–moción de censura que carece de eficacia jurídica pero difumina la posición política de cada órgano constitucional (en contra de esta posición, muy recientemente, Antonio Torres del Moral: “Responsabilidad política de los Ministros”, El Mundo, 1 de junio de 2017). Es el Presidente el que ha recibido la confianza del Congreso y a éste deben dirigirse las críticas y reprobaciones.

Ello no quiere decir que el Congreso de los Diputados haya de estar silente ante la acción política de los Ministros, ya que forman parte de un Gobierno que responde solidariamente ante el Congreso (artículo 108 de la Constitución). Pero la práctica de la reprobación a través de una moción consecuencia de una interpelación (“el Congreso acuerda la reprobación…”, decía la moción del Grupo Parlamentario Socialista) invade las facultades del Presidente del Gobierno cuando hay fórmulas que critican igual a los Ministros sin necesidad de situar al Presidente en la tesitura de abdicar de sus atribuciones.

En todo caso, sea o no constitucionalmente correcta la reprobación, el dato político desnudo es que el Ministro de Justicia ha sido criticado por la mayoría de la Cámara, y ese es un hecho que nunca había ocurrido desde que está vigente la Constitución. Es un Ministro política y parlamentariamente tocado.

En segundo lugar, la reprobación se ha producido conjuntamente con el Fiscal General del Estado y con el Fiscal Anticorrupción. Y resulta que ese Fiscal General del Estado reprobado sustituyó recientemente a otra Fiscal General, de orientación claramente conservadora, que sin embargo no ofrecía al Ministro suficientes garantías de docilidad. Y el Fiscal Anticorrupción era, el día de su reprobación parlamentaria, un Fiscal sospechoso de excesiva comunicación y proximidad con el Partido Popular, cuyo nombramiento provocó la satisfacción del exPresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, hoy encarcelado. Luego, la reprobación a Maza y a Moix es una reprobación triplicada al Ministro Catalán,

Y como no hay dos sin tres, cuando aún estaba caliente la reprobación se descubre un asunto feo: que el Fiscal Moix es, como el cesado Ministro Soria, accionista de una sociedad domiciliada en Panamá, propietaria, la sociedad, de un chalé en la Sierra de Madrid. El tema, a juzgar por la información de la prensa, no deja de ser oscuro porque los padres del Fiscal crearon la sociedad en Panamá y la transfirieron la propiedad del chalé para escapar de una deuda con el constructor de la vivienda, quien, según la prensa, llegó a presentar una querella por alzamiento de bienes contra los padres del Fiscal. Todo un ejemplo de trasparencia. Hay que decir que cuando saltó la noticia el Ministro Catalán no mostró en un principio ninguna duda ante la limpieza de la situación.

Como dijimos hace pocas semanas, Catalá llegó al Ministerio de Justicia con una imagen poco partidista, más como un funcionario conservador que como un hombre de partido. Pero al llegar al Ministerio se metió de hoz y coz en todos los pozos que podían afectar al Partido Popular, incluyendo una sospechosa opción en favor de que los Fiscales (como Moix, sin ir más lejos) fueran los instructores de los delitos, en lugar de hacerlo los Jueces. Vista la aptitud de algunos Fiscales, la preferencia procesal del Ministro era sospechosa.

A pesar de que el Ministro-Portavoz, mostró el apoyo y el aprecio de todo el Gobierno hacia su Ministro de Justicia, éste está abrasado. Rajoy debería soltar lastre enseguida porque desprestigia al Gobierno popular y también al Estado democrático. No olvidemos que quizá dentro de pocas semanas el Ministerio de Justicia y el Ministerio Fiscal tendrán que actuar en Cataluña. Y si hay que tomar medidas extraordinarias en Cataluña, el Ministro de Justicia debe estar impoluto ante la opinión pública.

El cambio de Ministro de Justicia dará más credibilidad al Gobierno pero no resolverá la politización que éste ha fomentado porque el Presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, es la versión judicial de Moix, es decir, un activista en favor del Gobierno que no pierde ocasión de actuar en todo lo que favorezca al Gobierno y al partido que lo sustenta. Pero al menos, no tendremos a un Gobierno desprestigiado.