El 4 de marzo tuvo lugar en la Comisión de Ciencia del Congreso de los Diputados la presentación, por parte del Ministro Pedro Duque, de un documento con ese nombre, que había sido consensuado unos meses antes entre el Ministerio de Ciencia e Innovación y 72 organizaciones sociales relacionadas con la ciencia: universidades, empresas, sindicatos, fundaciones y asociaciones profesionales. A continuación, se aprobó la creación de una subcomisión para que, en un plazo de seis meses, desarrolle dicho pacto y proponga iniciativas legislativas.

Los medios de comunicación apenas se han hecho eco de esta noticia, la cual, sin embargo, es probable que tenga más impacto en nuestras vidas que otras —como, por ejemplo, las diatribas diarias entre los partidos políticos— a las que se dedican cuantiosos y sesudos comentarios. Por primera vez en nuestra historia reciente, todos los partidos se muestran interesados —la comisión se aprobó por unanimidad— en dotar a la ciencia española de unos recursos y una estabilidad de las que ha carecido hasta ahora. El documento del pacto es muy escueto, pero contiene los tres compromisos más necesarios y fundamentales en este ámbito: financiación, estabilidad de los investigadores y gobernanza estratégica.

En cuanto a financiación, establece un compromiso de alcanzar un 2% del PIB en inversión público-privada en I+D+I antes de 2024, y que la parte pública alcance el 0,75% del PIB. Conviene saber que la inversión pública actual es del 0,52% y la total del 1,24%. La diferencia entre el 2% y el 1,24% puede parecer pequeña, pero supondría invertir unos 9.500 millones de euros adicionales cada año. El pacto se extendería al menos hasta 2030 y habrían de alcanzarse en esa fecha, respectivamente, el 1,25% del PIB en inversión pública y el 3% en inversión total. Estas últimas cifras coinciden con las establecidas por la UE como meta a conseguir en 2030 para el conjunto de la Unión.

También informó el señor Duque de que su ministerio ha presentado prioridades de investigación para el Fondo de Recuperación de la UE, por valor de 3.400 millones entre 2021 y 2023. Con esa ayuda se espera financiar proyectos en las áreas de digitalización, inteligencia artificial, investigación biomédica y en ciencias humanas y sociales, entre otras. Podrán optar a estos fondos,  tanto los organismos públicos de investigación, como las empresas, como consorcios formados por ambos tipos de entidades.

Los proyectos que se presenten serán evaluados por las agencias que actualmente evalúan los proyectos de investigación con financiación pública: la Agencia Estatal de Investigación (AEI) para los de investigación básica, el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) para los más aplicados y el Instituto de Salud Carlos III para los de investigación biomédica. Esa decisión da garantías de que sólo serán admitidos aquellos proyectos que tengan un mayor impacto, respectivamente, en la creación de conocimiento, en la competitividad de las empresas y en la salud.

Para acompañar al pacto, el ministerio presentará dentro de algunas semanas un proyecto de ley de modificación de la Ley de la Ciencia que aprobó el Gobierno de Rodríguez Zapatero en 2011. Los principales cambios que presentará para su aprobación por el Congreso tienen que ver con dar estabilidad a la carrera científica, acabar con la precariedad actual y facilitar la relación y la movilidad de los investigadores entre los organismos públicos de investigación y las empresas innovadoras. Dicha relación podrá adoptar la forma de contratos, convenios, patentes o proyectos de investigación conjuntos. En el proyecto de ley, la movilidad se favorecerá estimulando a las empresas a contratar doctores y facilitando excedencias temporales de los investigadores para fundar empresas o para colaborar con ellas. Un anticipo de estas ideas ya fue presentado al Congreso en diciembre de 2020 —y aprobado por este— por el grupo parlamentario socialista, bajo la forma de una proposición no de ley para el fomento de la transferencia de conocimiento al tejido productivo.

Todas estas iniciativas y, sobre todo, la aquiescencia que han suscitado en el resto de fuerzas políticas, parecen indicar que algo está cambiando en la percepción desde la política de la importancia de la ciencia. Tal vez ha sido la inmensa angustia producida por pandemia, y el providencial alivio despertado como consecuencia del rápido desarrollo de las vacunas, lo que ha puesto en primer plano ante muchos que, sólo dedicando recursos a investigar incansablemente en todos los ámbitos de la ciencia, las sociedades pueden hacer frente a los peligros que las acechan. Hoy ha sido un virus, pero mañana podría ser una catástrofe climática o medioambiental o la escasez de un recurso esencial.

Saber siempre será mejor que no saber. La ciencia puede parecer cara, pero, a largo plazo, la ignorancia lo es mucho más. Y —repitiendo una conocida frase— no es que los países más ricos inviertan más en ciencia; es justo lo contrario: que los países que invierten más en ciencia son más ricos.