Como hemos tenido ocasión de comentar en otros momentos, durante las dos legislaturas en que gobernó el Presidente Rajoy, la Administración General del Estado sufrió un proceso acelerado de destrucción y de disminución de tamaño, con el fin de reducir la gestión pública en beneficio de la gestión privada de los intereses privados. La Administración que encontró el Gobierno del Presidente Sánchez es una Administración enteca a la que cuesta mucho aprobar normas, contratar o dictar actos administrativos. Es una Administración tutelada en exceso por el Ministerio de Hacienda y, en especial por la Intervención Delegada de cada Ministerio.

Los Ministerios encuentran muchas dificultades para gastar aunque tengan Presupuesto y un simple Decreto puede tardar muchos meses en aprobarse. La función normativa del Gobierno y la potestad de gasto de los Departamentos ministeriales encuentra muchas dificultades para llevarse a la práctica y, además, por causa de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, «de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno», toda la gestión administrativa está sometida a un escrutinio sofocante que obliga a que los administradores se piensen mucho cada paso formal que dan en la resolución de un expediente. Añadamos la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, que convierte en calvario la elaboración de una norma, y/o permite crear Agencias estatales, y la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, que pone trabas a cualquier contrato administrativo.

Con todo ello podemos afirmar que los Gobiernos del Presidente Sánchez desde que se formó el primero en junio de 2018, han tenido que luchar contra los elementos administrativos que ponían palos de acero a las ruedas del Gobierno.

Señalemos, por último, la despolitización de los cargos directivos, presente en la Administración desde la LOFAGE de 1997. Al día de hoy, la Administración General del Estado sirve con dificultad al Gobierno que la dirige, lo que se traduce en similar dificultad para aplicar el programa de gobierno (véase Javier García Fernández: “La Administración del Estado que el Gobierno socialista heredó de Rajoy”, Temas para el Debate, núm. 293, abril 2019r, págs. 30-32; y “La reforma de la Administración”, Temas para el Debate, núm. 305-306, mayo-junio 2020, págs. 37-39).

El problema se ha agravado con la crisis del Covid-19, pues ha habido que actuar con mucha rapidez y diligencia para poder proveer de bienes y servicios a los millones de ciudadanos que se han encontrado de pronto en situaciones de desamparo, aunque la técnica del Decreto-ley ha permitido responder con mucha rapidez a cientos de situaciones inesperadas que ofrecían gran complejidad económica y social (véase Félix Bolaños García: “Decretos que salvan vidas”, El Cronista del Estado Social y Democrático de Derecho, núm. 90-91, diciembre 2020-enero 2021).  Y en la actualidad no son sólo las medidas sanitarias, económicas y sociales que requieren los ciudadanos y las empresas, sino la aplicación del Instrumento Europeo de Recuperación que aprobó el Consejo Europeo del pasado 21 de julio, que supondrá una gran inyección de millones de euros que el Gobierno debe gestionar y distribuir.

La decisión sobre los modos de gestión del Instrumento Europeo de Recuperación no era fácil. Hemos visto que en Italia ha estado a punto de romperse el Gobierno de coalición porque el Presidente del Consejo de Ministros, Giuseppe Conte, quería derivar la gestión de los fondos europeos a una Comisión ajena al Gobierno. Y en España tanto la derecha como una parte de los empresarios han presionado en la Comisión Europea para arrebatar esa gestión al único órgano constitucionalmente competente para su administración, que es el Gobierno.

Para regular la próxima gestión del Instrumento Europeo de Recuperación que en España se efectuará a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resilencia, el Consejo de Ministros aprobó el 22 de diciembre el Real Decreto-ley por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización  de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resilencia. El Decreto-ley ha sido una acierto porque introduce principios y directrices de gestión, así como reformas normativas para agilizar los convenios administrativos y la gestión de los recursos humanos, y medidas para incrementar la digitalización de la gestión,   Además crea nuevas estructuras de gobernanza como la Comisión para la Recuperación, Transformación y Resilencia, el Comité Técnico para el Plan de Recuperación, Transformación y Resilencia, y hasta una Conferencia Sectorial para dar participación a las Comunidades Autónomas. Por otra parte, se flexibiliza la gestión de los créditos destinados al Plan de Recuperación, Transformación y Resilencia, y, en fin, se facilitan las modificaciones presupuestarias y las incorporaciones de crédito, al tiempo que el control previo de la Intervención, que hacía imposible ciertas contrataciones (como han sufrido muchos organismos autónomos) deja de practicarse en determinados casos. Es muy importante que el Decreto-ley atribuye carácter urgente a la elaboración de normas relacionadas con el   Plan de Recuperación, Transformación y Resilencia, y digo que es muy importante porque levanta, al menos para lo relacionado con el Plan, las dificultades establecidas por la la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público, que en este punto modificó la Ley del Gobierno de 1997. También se declaran de urgencia los procedimientos administrativos de ejecución de gastos y se flexibilizan y se agilizan tanto la contratación administrativa como la concesión de subvenciones.

Como se puede ver, el cambio administrativo es abismal. La Administración General del Estado empieza a sacudirse del yugo que impusieron los Gobiernos de Rajoy. Es de desear que esto sólo sea el primer paso y que a continuación se apliquen estas medidas a toda la gestión administrativa del Estado, aunque no tengan conexiones con el Plan de Recuperación, Transformación y Resilencia pues la Administración Pública es única y no puede haber franjas administrativas ágiles y otras sometidas al régimen de la tortuga.

Además, tras estas medias de gestión administrativa y financiera debería venir (y no sin urgencia) la reforma de la legislación, que ha ido empeorando a lo largo del tiempo, como la reserva de la mayor parte de los puestos directivos a funcionarios, las diferencias retributivas entre Ministerios, la mejora de los instrumentos de cooperación Estrado – Comunidades Autónomas, la reforma de la legislación de transparencia, etc.

El Gobierno ha dado un paso de gigante para introducir oxígeno en una Administración asfixiada e ineficaz. No debería ser el último paso sino el comienzo de un camino que devuelva a la Administración su función  gestora al servicio del Gobierno.