Desde el pasado lunes ocho de noviembre, España es un país mejor, porque volvemos a una plena universalización de acceso a la sanidad pública. El Consejo de Ministros aprobó ese día el proyecto de Ley de Equidad, Universalidad y Cohesión sanitarias, que blinda el acceso universal a la sanidad pública y elimina nuevos copagos en el sistema sanitario.

Ahora, queda el trámite de aprobación del Congreso, y pasaremos página de una de las medidas más injustas realizadas por el gobierno del PP de Mariano Rajoy, que, en el año 2012, volvió a vincular el acceso al sistema sanitario con la cotización a la Seguridad Social, retrotrayendo España a la situación anterior a la Ley General de Sanidad de 1986.

Blindar derechos significa que la dignidad y el desarrollo personal de los ciudadanos están garantizados, y todos podemos tener más oportunidades, gobierne quien gobierne y esté la economía como esté. Significa que, frente al fracaso del modelo neoliberal, solo cabe más democracia como vía para conseguir más igualdad.

Y esa igualdad, que aparece en la Constitución, pero no se desarrolla en la práctica, debe pasar a formar parte de la vida cotidiana de los ciudadanos, pudiendo ser exigible ante los tribunales. Sí, es posible blindar derechos y cambiar el modelo político, económico y social. ¿Con qué fin? Aumentar la igualdad y el bienestar de todos los ciudadanos.

La codicia, y una sociedad donde cada vez hay más desigualdades, no es la solución, porque traerá como consecuencia más desigualdad y ruptura social. Trae como consecuencia que unos pocos sean los que cada vez acaparen más la riqueza, mientras la miseria, la pobreza y el hambre cada día afectan a más personas.

En 1920, la relación de ingresos entre el 20 por ciento más rico del planeta y el 20 por ciento más pobre era de 7 a 1; en 1960 de 30 a 1; en 1980 de 60 a 1 y en el año 2000 de 80 a 1. ¿Que se puede decir y pensar de esto, que los mercados son eficientes y transparentes, que son justos o que solo buscan el beneficio de los poderosos a cualquier precio?

Hay que blindar los derechos. Pero para que pueda ser realidad este deseo es necesario que exista un gobierno que esté respaldado por una mayoría social amplia no solo para ser elegido, sino para poder desarrollar los derechos que aparecen en la constitución, como está sucediendo ahora.

Un gobierno que está haciendo efectivo el artículo 27 de la Constitución donde dice que todos tienen el derecho a la educación, y que los poderes públicos garantizan ese derecho, mediante una programación general de la enseñanza, con participación efectiva de todos los sectores afectados y la creación de centros docentes.

Un gobierno que está haciendo efectivo el artículo 31 de la Constitución, cuando dice que todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad.

Un gobierno que está haciendo efectivo el artículo 35 de la Constitución donde dice que todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia.

Un gobierno que está haciendo efectivo el artículo 40 de la Constitución donde afirma que “los poderes públicos promoverán las condiciones favorables para el progreso social y económico y para una distribución de la renta regional y personal más equitativa, en el marco de una política de estabilidad económica. De manera especial realizarán una política orientada al pleno empleo.”

Un gobierno que está haciendo efectivo el artículo 41 donde señala que los poderes públicos mantendrán un régimen público de Seguridad Social para todos los ciudadanos, que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad, especialmente en caso de desempleo.

Un gobierno que está haciendo efectivo el artículo 50 de la Constitución, donde dice que “los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad. Asimismo, y con independencia de las obligaciones familiares, promoverán su bienestar mediante un sistema de servicios sociales que atenderán sus problemas específicos de salud, vivienda, cultura y ocio.”

En definitiva, un gobierno que está haciendo una España mejor, Pero que necesita de la mayoría social que lo eligió para continuar blindando derechos.