No ha podido ser más oportuna la sentencia del Tribunal Supremo sobre las relaciones laborales de las subcontratas. Cuando empresarios, sindicatos y gobierno deberán verse las caras en los próximos días para negociar la contrarreforma laboral del Partido Popular, una sentencia como esta viene como agua de mayo.

El cambio en la doctrina impuesta por el Tribunal Supremo en la sentencia del pasado 24 de diciembre, avala en gran parte las demandas que el movimiento sindical viene planteando en este tema desde hace décadas.

La sentencia -suscrita por unanimidad- supone que los trabajadores de subcontratas, que tienen limitada la duración de su contrato al tiempo de actividad contratada, no deberán ser temporales.

En sentencias  anteriores la contratación por obra o servicio determinado podía ajustarse a la duración contratada. Lo novedoso es que la sentencia actual reconoce, que quienes ofrecen servicios a terceros “desarrollan su actividad esencial a través de la contratación con estos”, luego no puede mantenerse que el grueso de aquella actividad tiene carácter excepcional al que el contrato por obra o servicio debe atender.

La excepcionalidad que dan a este contrato, recuperando el espíritu que el legislador le pretendió dar cuando lo reguló en el Art. 15 del Estatuto de los Trabajadores, desarrollado posteriormente en el Real Decreto 2720/1998 de 18 de diciembre, viene dada “por poner el acento en la autonomía y sustantividad dentro de la actividad de las empresas”. Tan novedosa es esta interpretación como el reconocimiento de la contradicción que estas prácticas tienen con el derecho de la Unión Europea. “La automatización de la contratación temporal por el solo hecho de la actividad laboral que va a hacer, puede poner en peligro las garantías  buscadas por el derecho de la Unión Europea”. Que bien refleja el acuerdo marco suscrito por la CES (Confederación Europea de Sindicatos), la UNICE (patronal europea) y el CEEP (Centro Europeo de Empresas Públicas) sobre el trabajo de duración determinada, plasmado posteriormente en la Directiva 99/70 de 28 de junio de 1999, donde se plantea “la mejora de la calidad del trabajo de duración determinada garantizando el respeto al principio de no discriminación” y el establecimiento de “un marco para evitar los abusos derivados de la utilización de sucesivos contratos o relaciones laborales de duración determinada”.

La automatización de estos contratos por la mera relación mercantil, puede llevar a poner en peligro la mencionada Directiva.

Si tenemos en cuenta que uno de cada cuatro contratos en España son temporales y de estos el 41% (1.653.900 aproximadamente) son por obra o servicio determinado, y que de los cuales el 46% son contratos en el sector servicios, nos podemos dar cuanta de la dimensión que la sentencia puede tener. Puede servir para frenar la contratación irregular, pues aquellos trabajadores que desempeñen una actividad continuada en el tiempo en una empresa subcontratada tendrán que ser reconocidos como indefinidos. Y sienta un precedente importantísimo por el que los trabajadores de empresas subcontratadas que nunca han podido ser indefinidos, a diferencia de los que desempeñan la misma actividad en las empresas que la contrata, podrán ser fijos. Y también pone las bases para hacer que la temporalidad solo se produzca en función de las causas para la que se realiza y no otras.

Es curioso, como la sentencia recuerda que en 2010 la Ley de Medidas Urgentes para la Reforma del Mercado de Trabajo se plateó reducir la temporalidad, para lo cual incluyó un límite de tres años al encadenamiento de contratos, superado este tiempo pasaban a ser contrato fijo, que la reforma laboral del PP anuló.

Lo cierto es que la sentencia puede servir para avanzar en la reducción de unas tasas de temporalidad en nuestro mercado de trabajo, contradictorio con la búsqueda de una economía productiva, innovadora y competitiva. Sabedores de que el sector público tiene niveles más altos de precariedad que el sector privado y también la UE nos ha llamado al orden en más de una ocasión, todas las instituciones del país podían empezar por dar ejemplo.