La jornada parlamentaria del 10 de enero ha dado para muchas crónicas y análisis, pero la conclusión más relevante e indiscutible tiene que ver con el contenido de lo aprobado: un conjunto de medidas que contribuyen al bienestar social, a la modernización y a la creación de buenos empleos en nuestro país.

Las opiniones respecto a las estrategias, los discursos y los comportamientos de unos y otros durante aquel día pueden ser variados, pero lo que no puede discutirse es que el resultado de lo votado consiste en una subida digna de las pensiones, la gratuidad del transporte público para un millón de españoles, la rebaja en la factura de la luz y en el precio de los alimentos básicos, la suspensión de los desahucios…

También es indiscutible que una parte de la representación parlamentaria de los españoles intentó hasta el último momento boicotear la aprobación de estas medidas de interés general. Y son precisamente los terminales políticos y mediáticos de estos boicoteadores quienes pretenden ocultar aquellas conclusiones indiscutibles del 10E, con el ruido habitual y falaz de las supuestas rupturas de España.

En realidad, tales terminales tan solo expresan la frustración que les causa haber tenido que levantar los titulares escritos con apresuramiento sobre la “derrota de Sánchez”, el “fracaso del Gobierno”, y la “legislatura inviable”. Pues no hubo derrota, ni fracaso, ni inviabilidad, y de ahí la frustración.

En todo caso, puede resultar interesante repasar y refutar cada uno de sus argumentos.

Se dice que el Gobierno no debía utilizar la vía del Real Decreto Ley para aprobar aquellas medidas, cuando la investidura del Presidente tuvo lugar el 16 de noviembre, cuando la Comisión Europea había fijado como plazo límite en el cumplimiento de los compromisos de libramiento de pagos para el 20 de diciembre, y cuando el día 31 de ese mes caducaban las medidas de escudo social frente a la crisis.

El artículo 86 de la Constitución faculta al Gobierno para aprobar decretos leyes, atendiendo precisamente a estas razones de urgencia, y a la constatación de que en dos o tres semanas no se puede tramitar un Proyecto de Ley en las Cortes Generales.

Se dice que los decretos leyes no debían incluir cuestiones heterogéneas, pero es que el contenido de los decretos viene obligado por las condiciones establecidas por la Comisión Europea para transferir sus fondos, que son condiciones heterogéneas. Como son heterogéneas también las medidas a prorrogar para seguir protegiendo a las familias más vulnerables, del transporte gratuito a la factura reducida de la luz…

Se dice que debían haberse cerrado los apoyos parlamentarios antes de aprobar los decretos leyes, como si se ignorara que el Gobierno y el Grupo Socialista venían dialogando y negociando su contenido con las fuerzas parlamentarias desde antes incluso de la propia investidura. Pero es que una cosa es dialogar para acordar y otra cosa distinta es lograr el acuerdo cuando uno quiere, y la realidad es que los socios mantienen posiciones negociadoras complejas hasta el propio día de la convalidación.

Se dice que el 10E se cedió demasiado para convalidar los decretos, llegándose a hablar incluso de “disparates”. Pero no se concreta dónde están los supuestos disparates. ¿Tramitar los decretos como proyectos para seguir mejorando su contenido? ¿Rebajar el IVA del aceite? ¿Suspender los desahucios hipotecarios? ¿Delegar competencias en materia de inmigración atendiendo explícitamente a los márgenes constitucionales? El disparate hubiera sido permitir que estos decretos decayeran y la gente estuviera condenada a peores pensiones y alimentos más caros.

Se dice que las concesiones del Gobierno en ese día afectan a la igualdad de los españoles, pero no se aporta dato alguno. El hecho es que cuando se asegura que la delegación de competencias se hará cumpliendo la Constitución, se está aludiendo precisamente y en primera instancia al artículo 149.1.1, que atribuye al Gobierno las facultades “para garantizar la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de sus derechos…”.

Cada derecho conquistado y regulado gracias a este Gobierno tiene como fundamento tal mandato de igualdad, de la financiación autonómica al transporte público, pasando por la digitalización de la justicia o las políticas migratorias.

Se dice que hubiera sido más interesante pactarlo todo con la derecha, como si no hubiéramos escuchado el discurso nítido de los portavoces populares instando a que “el Gobierno se busque la vida” y “no estamos aquí para salvar a Sánchez”. Que se hunda España, fijó Montoro como lema, y ahí siguen. No había opción PP.

Pero el argumento definitivo es el habitual, que niega legitimidad a este Gobierno basado en diálogos y acuerdos entre diferentes. Ahí está el meollo de la cuestión.

Y la gran pregunta es: ¿cuál es la alternativa? ¿Decirles a los españoles que se han equivocado con su voto? ¿Renunciar a formar gobierno? ¿Convocar elecciones una vez tras otra, hasta que el resultado lo sea a gusto de quienes no quieren o son incapaces de dialogar y pactar? ¿Dejar que gobiernen Feijóo y Abascal, a pesar de que la mayoría de los españoles dejaron claro en las urnas que no lo quieren así?

Va a ser que no.

Los españoles votaron libremente el 23J, nos dieron una representación fragmentada y nos mandataron para gobernar y legislar con esos mimbres en defensa del interés general.

Solo hay una manera de hacerlo: con diálogo y con acuerdos entre diferentes.

Y los socialistas lo hemos hecho, lo hacemos y lo haremos. Mañana, tarde y noche. Cada día durante estos cuatro años de legislatura. Para seguir avanzando en justicia social, en modernización, en derechos, en igualdad.

Aunque les frustre.