Desde que se inició esta Sección de Políticas de la Tierra se ha venido defendiendo la necesidad de una visión integrada del desarrollo sostenible (ambientalmente sostenible, socioeconómicamente cohesionado y territorialmente equilibrado) que superara las insuficiencias y sesgos de la tradicional identificación, característica de las visiones de la derecha conservadora, entre crecimiento del PIB y progreso social. Y, en ese sentido, nos congratulábamos de que la asunción de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y 169 subobjetivos establecidos en desarrollo de los mismos, por la Cumbre para el Desarrollo Sostenible, celebrada en septiembre de 2015, implicaba la superación de la incorrecta idea de que el bienestar y el progreso social se identifica con dicho crecimiento del PIB o del PIB per cápita, idea ampliamente extendida, aunque ni el premio nobel que propuso este indicador económico (Kuznets, en los años treinta del siglo XX) ni ninguna persona adecuadamente informada defiende dicha identificación.

La aprobación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible –“Transformar el Mundo”- reflejaba, según la propia declaración de la Cumbre, las preocupaciones mundiales por avanzar en el bienestar, salud, educación, igualdad, la economía y el medio ambiente de todos los países y habitantes del planeta, sustentándose su realización en la inteligencia, la inversión y la cooperación entre todas las partes interesadas, incluida la sociedad civil, los gobiernos y el sector privado.

En el anterior artículo de esta Sección hemos reflejado el carácter secundario y de mero “trámite administrativo” con los que el Gobierno del partido popular gestionaba todo lo referido, tanto a la Agenda 2030 como a los compromisos sobre Cambio Climático de la Cumbre de París de diciembre de 2015. Aspectos todos ellos que subordinaba a los intereses económicos privados cortoplacistas, y que sólo abordaba, por necesidad, en el marco de compromisos internacionales no sorteables. Sólo así se entiende su incorporación dentro de las competencias del Ministerio de Asuntos Exteriores de la problemática ligada a la definición y puesta en marcha de la señalada Agenda 2030. Aunque también en ese artículo hemos hecho referencia a las ventajas de que ahora al frente de ese Ministerio tengamos a un ministro responsable, eficiente y eficaz; que desde Presidencia de Gobierno se haya nombrado a una Comisionada encargada del tema; y a que exista una Ministra de Transición Ecológica con ideas claras y conocimiento preciso de los procesos necesarios para un avance real en los ODS.

En todo caso, no es la mejor organización (siempre hemos defendido la conveniencia de una Vicepresidencia para la Agenda 2030 que coordinara las líneas de intervención del Gobierno en estas materias) pero las personas y los Programas y documentos sobre la materia del PSOE, muestran que hoy hay un margen para la esperanza de un avance real en el principal reto de los próximos doce años para este país (horizonte de la Agenda 2030).

Ya anteriormente hemos valorado el que la Cumbre de la ONU estableciera una fecha de referencia para la consecución de los ODS –año 2030- y que se definieran Metas cuantitativas en muchos casos; así como que por parte de Naciones Unidas (Statistical Commission) se esté propiciando y perfeccionando la definición de Indicadores (se han propuesto un total de 232 indicadores, para medir el grado de avance en su cumplimiento, a los que nos hemos referido en artículos anteriores de esta Sección) para contrastar el acercamiento o alejamiento del cumplimiento de los ODS por parte de cada país o territorio. España acude a Naciones Unidas para su Examen Voluntario de la Agenda 2030, el próximo día 18, con información sobre 134 de esos 232 indicadores, en línea con los avances y propuestas establecidos desde la UE.

La definición de los Indicadores y de las variables utilizadas condicionan los resultados y valoraciones correspondientes, por lo que se considera fundamental participar activamente en la “Inter-Agency and Expert Group on Sustainable Development Goal Indicators”, sin olvidar que hay que tener en cuenta las denuncias de organizaciones no gubernamentales centradas en objetivos sociales y ambientales, que han venido señalando una especie de trampa en la definición de algunos de los Indicadores que se definen por las instituciones globales (ONU, OCDE, FMI, UE,…) ya que estos se adecúan a lo previsible en la tendencia del modelo de desarrollo actual; que, sin embargo, es incompatible con el avance significativo en el necesario cambio, tanto en el Modelo de Desarrollo como en la priorización de los intereses privados cortoplacistas que lo sustentan. De hecho, Naciones Unidas es consciente de este hecho, y en la Declaración del 25 de septiembre de 2015 que aprueba la Agenda 2030, señala que “Los Objetivos y las metas son de carácter integrado e indivisible y conjugan las tres dimensiones del desarrollo sostenible: económica, social y ambiental”. Y esta visión integral nos lleva a recordar que las tendencias en esas dimensiones en el planeta continúan siendo las derivadas de una sociedad de consumo capitalista en expansión global, que son difícilmente compatibles con muchos de los ODS.

Con un número de indicadores bastante más reducido, atendiendo a la insuficiente y heterogénea información disponible, en julio de 2016 se publicaba el primer Informe Global sobre una aproximación al cálculo del grado de alcance de los ODS en distintos países; un año después (SDG Index and Dashboards Report 2017, julio de 2017) se publicaba el segundo Informe; y hace sólo una semana se hacía público el tercer Informe (http://www.sdgindex.org/assets/files/2018/01%20SDGS%20GLOBAL%20EDITION%20WEB%20V8%20060718.pdf) cuyo borrador de uso restringido se había puesto a disposición de los que integramos las Redes de Desarrollo Sostenible, para observaciones, en mayo de este año.

En el Cuadro final que se anexa a este artículo se recogen los resultados de estas evaluaciones para España, aunque hay que destacar que en el último Informe, de julio de 2018, se señala que, “debido a varios cambios en los indicadores y algunos ajustes en la metodología, los resultados del Índice SDG 2018 y las valoraciones relativas no son comparables con los resultados de 2017”; destacándose que, “en particular, los cambios en los valores o clasificaciones de los países no se pueden interpretar como progreso o regresión del SDG desde el año pasado.

No obstante, es preciso señalar que la trayectoria de España en esta situación mundial relativa ni ha sido ni es en la actualidad ejemplar ante un Gobierno del partido popular que ha centrado sus políticas en un crecimiento económico que poco ha tenido que ver con preocupaciones ambientales o sociales. Así, España se sitúa en el puesto 25 de 156 países analizados, repitiendo posición respecto al Informe de 2017, continuando –ya lo hacía en 2016 y 2017- en su puntuación de avance hacia los ODS por debajo de la media de su entorno. Y si en 2016 tenía una consideración correcta en el Objetivo asociado a Igualdad de género, pierde esta posición en los dos últimos Informes, en la que en ninguno de los 17 ODS destaca positivamente, situándose en una calificación muy mala en cuatro de ellos (O9-innovación, O12-consumo y producción, O13-acción climática y O14-vida marina) y mala en otros ocho. Situación muy negativa de partida para el nuevo Gobierno, en la que sólo se puede señalar en positivo que el Informe muestra una tendencia en cierta forma positiva en nueve de ellos, mejorando en cuatro (O2-salud, O5-igualdad de género, O7-energía y O13-acción climática, pero con sensible empeoramiento en la lucha contra las desigualdades (O) y en las alianzas para lograr los ODS (O17).

El cumplimiento de muchos de los Objetivos establecidos por Naciones Unidas exige acciones colectivas concertadas de distintos Gobiernos, y ello de forma sostenida, sin que varíen las acciones al variar el signo político de los mismos: reducir las emisiones de gases efecto invernadero para frenar el calentamiento global, erradicar los paraísos fiscales, frenar la sobreexplotación de los recursos comunes y la pérdida de biodiversidad, etc. Lo que implica que conseguir avanzar hacia los ODS va a depender de hasta qué punto la población –porque se sientan identificados y comprometidos con ellos- elija, o pueda elegir, a representantes políticos comprometidos con los mismos, y que los Gobiernos resultantes sean capaces de priorizar los intereses generales ligados a su consecución, frente a los intereses de muchas multinacionales y fondos financiero-especulativos en los que el mantenimiento de tendencias implícitas al modelo actual de crecimiento, es el marco óptimo para asegurar sus ganancias y objetivos economicistas.

Lo que obliga a plantear dos cuestiones. La primera, es la de si el bienestar o la conciencia y compromiso individual mayoritario coincide con los Objetivos establecidos y, por lo tanto, cabe esperar una respuesta social si los mismos no se alcanzan. ¿Son los indicadores recogidos los que definen las preocupaciones y objetivos prioritarios que animarán a las votaciones o presión política de los ciudadanos para su cumplimiento? La segunda cuestión, ligada a la primera, es la de si los Indicadores y métricas utilizados son los más adecuados para informar, concienciar y comprometer a la población de la evolución de los correspondientes procesos.

En todo caso, hay que felicitarse y valorar el trabajo y compromiso asumido por el nuevo Gobierno al que nos referíamos en nuestro artículo anterior, porque de nuevo es posible que en la España de 2018 se vea la puesta en marcha del cada vez más imprescindible cambio de rumbo en políticas públicas que piensen más allá del PIB, se centren en los intereses generales de las personas y en el patrimonio de este país a largo plazo, y subordinen a estos los dominantes intereses a corto plazo del capital, incorporando en las políticas el afrontar y corregir las graves consecuencias esperables del cambio climático o del cambio global, y las fragilidades y riesgos asociados al mismo que gravitan sobre un país como España, ante la actual Revolución Científico-Técnica, que está transformando las sociedades, las economías, y las formas de hacer negocios con riesgos evidentes respecto a la pérdida de cohesión social y de legitimidad de los políticos ante la fuerte incidencia disruptiva del cambio tecnológico que se está produciendo, sobre todo en el campo del empleo. Aunque todavía es discutible que muchos españoles lleguen a considerar estos Objetivos, y la lucha por la mejora en los indicadores correspondientes, como su prioridad a la hora de votar a unos partidos u otros, o como motivo de movilización social el que el mundo no avance hacia la consecución de los mismos.