Autor: Ricardo Peña

El Comité Federal del PSOE por fin ha debatido sin subterfugios las únicas opciones que desde finales de agosto estaban encima de la mesa, que no eran ni el “Gobierno del cambio”, ni “pasar a la oposición” graciosa y elegantemente. Tan solo había una dolorosa elección entre dos opciones indeseables: o abstenerse ante Rajoy, o ir a terceras elecciones. Han optado por la primera por un 59% frente a un 41%, lo que evidencia que la elección ha sido ciertamente difícil.

Un periódico nacional publicó en su portada del 5 el julio una foto, captada por un twittero, del Secretario General del PSOE Pedro Sánchez, de incógnito, con gafas negras y un gorro, descansando en un pueblo playero. El mensaje político es meridianamente claro: el PSOE ha decidido estar en silencio en este periodo, para expresar que la responsabilidad de investir a un Presidente de Gobierno en estos momentos es de otros. Que las urnas han decidido darle más votos y escaños al Partido Popular y que es éste el que ha de esforzarse en encontrar aliados para esa tarea. Y que para ello ha de ofrecer medidas políticas suficientes que sean del interés de sus potenciales socios, con el fin de merecer su apoyo.

A una semana de las elecciones, el diario El País estuvo sembrado el domingo 19 de junio. Tanto el editorial como el artículo de José Juan Toharía dan en mi opinión con la clave de lo que se avecina.

Es cierto, como dice el editorial, que las campañas del PP y de Podemos están enfocadas a polarizar a los votantes y a tratar de jibarizar el centro político, porque eso es lo que conviene a los intereses de ambos extremos. Por un lado, el PP hace creer a los votantes conservadores que se avecina el caos y que la única salvación es aglutinar el voto que ellos llaman “moderado” en un solo partido, que casualmente es el PP.

Muy a pesar de todos, de nuevo vamos a elecciones y es importante que el PSOE acierte con el discurso que debería hacer en estos dos meses. Haría mal en emplear la mayor parte de sus energías en criticar al PP y a Podemos, por muy culpables que hayan sido de conducir al país a esta situación. Lo último que desean los ciudadanos son dos meses de “y tu mas”. Cada cual ha tenido ojos para ver y ha hecho su propio diagnóstico de lo que ha pasado. Los partidos deberían reconocer que colectivamente han faltado a su responsabilidad de formar un gobierno. A la frustración y malestar que esto ha producido, no pueden añadir el espectáculo, ya demasiado prolongado tras año y medio de campañas y precampañas, de seguirse tirando los trastos a la cabeza.

A escasos días de la decisión de la Comisión Permanente de la Ejecutiva Federal de suspender al candidato Tomás Gómez y a toda la dirección regional, el panorama en Madrid ha dado un giro copernicano.

El 6 de Noviembre de 2012 tuvo lugar en el CSIC un acto organizado por la COSCE (Confederación de Sociedades Científicas Españolas), la CRUE (Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas), los sindicatos y otras plataformas de investigadores, para hacer una dramática llamada de atención a la sociedad española sobre la situación actual de la investigación. Lamentablemente, la prensa y los medios en general se han hecho muy poco eco de lo que allí se dijo, lo que viene a ser un síntoma más de la poca conciencia social que existe sobre la importancia que la investigación ha de tener en una sociedad que presume de ser avanzada.

Se nos anuncia una subida de tasas sin precedentes en la Universidad pública, porque en palabras de nuestro Presidente del Gobierno, “no tenemos dinero” para mantener estos servicios. Antes de decidir aumentar lo que los ciudadanos pagamos por los servicios públicos esenciales como la enseñanza o la sanidad, el Gobierno tenía muchas otras opciones menos dolorosas, que simplemente no ha querido tomar. Por el lado de los ingresos, se le ha propuesto restablecer el Impuesto sobre el Patrimonio, crear un impuesto sobre las grandes fortunas, poner una tasa a las transacciones financieras, o combatir con firmeza el fraude fiscal. Por el del recorte del gasto, podía optar por disminuir las duplicidades entre Administraciones, en particular por suprimir las obsoletas Diputaciones Provinciales, por utilizar eficientemente los inmuebles públicos, eliminando alquileres innecesarios, por disminuir la ingente cantidad de consejeros nombrados a dedo en Autonomías y Ayuntamientos, por regular los sueldos de los ediles, y otras medidas de eficiencia.