Cualquier niño caprichoso habrá oído a su padre o madre decir que “el dinero no crece en los árboles”. En efecto, esto es sin duda verdad para una economía doméstica, pero ciertamente los Estados pueden teóricamente imprimir dinero en la cantidad que deseen y financiar sus gastos. Aunque para que la producción de moneda no genere una inflación excesiva, es decir que los precios suben y el dinero pierde valor aceleradamente, porque el aumento de la demanda supera a la oferta de productos y servicios disponibles, es preciso que la economía no opere al máximo de su capacidad, es decir que no estén plenamente utilizados sus recursos productivos, fundamentalmente la fuerza de trabajo y su capital. Dicho de otro modo, un aumento elevado de la cantidad de moneda, al objeto de financiar los déficits fiscales, generará una inflación excesiva solamente si la economía se encuentra en una situación de pleno empleo.

Para que este paradigma, reivindicado en los últimos años por los defensores de la teoría monetaria moderna, se cumpla, es preciso además que el Estado emita su propia moneda. Tampoco viene mal que sea un país grande y estable políticamente; o sea mejor ser Estados Unidos o Alemania que Zimbabúe. Los americanos además tienen la ventaja de que su divisa es de facto la moneda internacional de reserva.

¿Por qué es relevante esta teoría en el contexto de la crisis del 2020? Según el Banco Central Europeo (BCE), el coste del coma inducido de la actividad social y económico, necesario para frenar la espiral infecciosa del coronavirus, se estima para la economía europea en 1,5 billones de euros. El producto interior de la Eurozona podría reducirse en un 8 por ciento en ese ejercicio, casi tres veces más que la recesión de 2009. Esto no es sorprendente, pues la razón sanitaria ha generado simultáneamente una crisis de oferta (cierre de tiendas, empresas, cese del turismo, etc.) y de demanda (limitada al consumo de bienes esenciales, fundamentalmente alimentos). Solo se salva la venta electrónica. Para que esta fenomenal caída en la producción de bienes y servicios no genere un paro masivo y un empobrecimiento general de la población, es preciso impedir los despidos, y una política de compensación de rentas, como la denomina el ex ministro socialista Josep Borrell, en favor de empresas y familias. Es decir, los Estados tienen que poner dinero en los bolsillos de las personas. En forma de transferencias no reembolsables, fundamentalmente, y créditos blandos para las grandes empresas. Para conseguir este capital los gobiernos pueden subir los impuestos, o pedírselo prestado a inversores o bancos o simplemente imprimir el dinero que necesitan a través de sus bancos centrales. La primera opción no tendría sentido. Los impuestos los pagan las mismas personas que dejan de cobrar sus salarios o cierran su actividad profesional, por lo que ahora no tendría sentido subirlos (otra cosa es en el futuro). La segunda opción es posible, pero supone endeudar al Estado, cuando éste es el dueño del dinero. Además, las instituciones financieras previamente piden prestado a los bancos centrales, y más en circunstancias como las actuales donde el capital privado escasea. Por tanto, como proponen los teóricos de la política monetaria moderna, lo más lógico es que los bancos centrales generen dinero y lo transfieran directamente a los gobiernos. También pueden estos comprar directamente los bonos que emitan los Estados, lo que técnicamente también aumenta la deuda de los gobiernos, si bien como los dueños o accionistas de los bancos centrales son los propios ejecutivos, los beneficios que generaran los institutos monetarios acabarían revirtiendo de una manera o de otra en favor de las haciendas públicas.

Recordemos que esto es perfectamente factible, de acuerdo con la teoría monetaria moderna, porque ni Europa ni la Eurozona se encontraban en situación de pleno empleo al iniciarse el parón económico, al tiempo que la inflación lleva casi una década creciendo por debajo del 2 por ciento anual, que es el objetivo oficial del BCE. Por tanto, no hay riesgo de generar una devaluación de la moneda ni subidas explosivas de los precios mediante la expansión de la base monetaria. Más al contrario, la caída de la demanda en 2020 podría generar una fuerte deflación, es decir caída de los precios.

¿Crisis resuelta, pues? No tan rápido. En primer lugar, los países de la Eurozona comparten el euro pero ninguno de ellos individualmente lo emite, sino que se lo han encargado al BCE. Dicho de otro modo, España no puede imprimir todo el dinero que necesite para garantizar el pago de las nóminas y otras transferencias. Para que se cumpla la condición de la teoría monetaria moderna, los 19 países de la Eurozona necesitan que el BCE imprima moneda en su favor. Esto no debiera ser muy complicado, pues los accionistas del BCE son los propios Estados.

Pero como recuerda Yuval Noah Harari los humanos tenemos un talento especial para creer en nuestras propias ficciones, en este caso el dinero, en el que todos confiamos en principio, pero también en otras anejas que hemos ido inventando, como la independencia de los bancos centrales, aun cuando se les ha encomendado una tarea eminentemente política, o la prohibición de que financien los gastos de los gobiernos. Esta segunda limitación no existe ni en Estados Unidos ni en el Reino Unido, supuestamente paladines del capitalismo neoliberal, pero sí en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. En cuanto a la independencia de los institutos monetarios, teóricamente la Reserva Federal y el Banco de Inglaterra lo son tanto como el BCE. Pero ambos han anunciado que comprarán cantidades ilimitadas de los bonos de sus gobiernos por tiempo indefinido. El BCE ha puesto en marcha por su parte un programa de compras por valor de 750.000 millones de euros, pero se espera que lo amplíe para evitar que suba el interés que pagan por endeudarse países como Italia o España, tal y como señala el Financial Times en su edición del 23 de abril de 2020[1]. Técnicamente el BCE vadea la prohibición de financiación monetaria a los gobiernos comprando los títulos de deuda pública una vez puestos en circulación en el mercado, en lugar de adquirirlos directamente de los Estados. Una vez más, las instituciones financieras privadas intervienen en lo que de otro modo sería un circuito cerrado entre los gobiernos y sus bancos centrales.

La crisis derivada de la pandemia del coronavirus debiera ser la oportunidad de repensar el sistema de creencias en torno al dinero y los bancos centrales. La moneda pertenece a los Estados o, en el caso de Europa, a las uniones de Estados. Su gestión debe por tanto estar determinada por la política, decidida democráticamente por los parlamentos y ejecutada por los gobiernos, en nuestro caso por el Parlamento Europeo y el Eurogrupo, y la Comisión. Y debe por tanto poder ser utilizada sin cortapisas para financiar los gastos del gobierno en situaciones extraordinarias, so pena de caer en una depresión económica o en endeudamientos insostenibles con los tenedores privados de bonos, quienes previamente han obtenido del BCE el dinero a tipo de interés cero.

Para ello habría que reformar el Tratado de Lisboa, aminorando el grado de independencia del BCE, e introduciendo excepciones a la prohibición de la financiación monetaria de los gobiernos. Es de esperar, que gobiernos como el alemán o el holandés no quieran ni oír hablar de semejante proyecto, pero si se lanzan los bonos de la Comisión Europea para financiar al Plan de Recuperación propuestos por el gobierno español, al final de una manera o de otra estos acabarán el balance del BCE. Y entretanto nadie cayó en la cuenta al momento del Tratado de Maastricht en 1992 de prohibir al instituto monetario de Fráncfort imprimir dinero y transferírselo directamente a los hogares de la Eurozona. Opción que sigue a disposición de Christine Lagarde, siempre que cuente con el respaldo mayoritario de su Consejo Ejecutivo.

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[1] Véase “Investors bank on radical ECB action to head off Italy crisis”, p. 8.