El País del 23 de marzo titulaba su segunda página: “Trump es también keynesiano” y el mismo diario informaba en su edición del 24 de marzo que los republicanos y los demócratas estaban negociando en el Congreso sobre las medidas económicas a adoptar y que todavía no habían llegado a un acuerdo porque los demócratas no querían que la nueva política beneficiara sólo a los empresarios y no a los trabajadores. Bueno es que un personaje como Trump se acuerde ahora de aplicar medidas keynesianas pero, en todo caso, ¡a qué precio! Miles de muertos por contagio y una crisis de consumo y de producción como no se conocía desde 1945.

Es sabido que el pensamiento económico de Keynes se puso a prueba en las grandes crisis económicas, la subsiguiente a 1918 y la originada en el crac de 1929, en una línea teórica que va desde The Economic Consequences of the Peace, publicada en 1919, hasta The General Theory of Employment, Interest and Money que apareció en 1936. Pero lo importante del keynesianismo es el pacto social que subyace bajo formulaciones económicas. Ese no afloró durante el New Deal por la fortísima oposición republicana pero pudo aplicarse en Europa occidental a partir de 11945 por medio del acuerdo entre socialdemócratas, demócratas cristianos y liberales y estuvo vigente hasta la crisis petrolera de 1974 bajo la forma del Estado social (que ya había empezado a teorizar un profesor socialdemócrata alemán, Hermann Heller, a finales de los años veinte). Ese pacto, keynesiano en lo económico, proporcionó a Europa Occidental (salvo para las dictaduras ibéricas) la época de más prosperidad y bienestar que se ha conocido en toda la Historia. Pero la crisis petrolera de 1974 mostró que el bienestar podía empezar a desvanecerse y ante ese riesgo el pensamiento liberal se radicalizó y empezó a crear un nuevo paradigma dónde sólo el poder económico de los empresarios se salvara, dejando en la estacada a la otra parte del pacto, a los trabajadores. Así nació el neoliberalismo que dos gobernantes de ambos lados del Atlántico, Thatcher y Reagan, aplicaron a conciencia.

Cuando se hundió el mundo comunista, la derecha consideró que la economía era jauja: ya no hacía falta hacer concesiones a los trabajadores y se podía prescindir de la socialdemocracia. Y la socialdemocracia entró en peligro pues los partidos que pudieron mantener un programa de defensa del Estado Social conservaron su influencia y pudieron seguir gobernando en tanto que algunos partidos socialistas asumieron la ideología neoliberal y acabaron abandonados por los trabajadores.

En España, con el comienzo del siglo, el P.S.O.E. pudo retornar al Gobierno que había perdido por la mínima en 1996, de modo que entre 2004 y 2010 gobernó con planteamientos progresistas y socialdemócratas que tuvo que modular a partir de 2010 a causa de la nueva crisis, esta vez financiera. No obstante, a pesar de las dificultades, la legislatura de 2008-2011 fue positiva para las clases medias y populares porque en su primera mitad pudo aplicar políticas progresistas y en su segunda mitad limitó al máximo las políticas de austeridad que, como se vería a continuación, aplicó implacablemente el Gobierno del Presidente Rajoy.

Y es que con Rajoy se rompió en España el contrato social y hasta el Estado social. En aquellos años publiqué varios trabajos (“Cambios sociales y reformas políticas en España”, Gaceta Sindical, núm. 21, nueva etapa, diciembre 2013, págs. 129-141; y “Y la izquierda se olvidó de la lucha de clases…”, Temas para el debate, núm. 234, mayo 2014, págs. 19-20) donde reflexionaba sobre la necesidad de un nuevo contrato social que evitara otra explosión social que varios indicios apuntaban a otra repetición. La nueva crisis del corona virus nos enseña que esa reflexión sigue siendo válida.

Cuando acabe la pandemia habrá que hacer un recuento económico de lo que se ha perdido y tras ese recuento los empresarios intentarán que las pérdidas las vuelvan a pagar los trabajadores como ocurrió a partir de 2010. Entonces será necesario que la socialdemocracia proponga un  nuevo pacto que debería ser a nivel europeo. La Economía nos obliga a una gestión austera pero la austeridad no puede ser a costa de los servicios sociales ni de las mermadas rentas de los trabajadores y de las clases medias. Hay que buscar un modelo de austeridad basado en un reparto equitativo de las rentas y de los servicios, de modo que no salgamos de la crisis aumentando las principales fortunas del mundo. Ese es el sentido del nuevo keynesianismo, gasto público para todos no para una minoría como propugnan los republicanos estadounidenses.