En el primer semestre de este año 2021, según la estadística del Ministerio de Trabajo y Economía Social, se han producido 530.533 accidentes de trabajo, de los que 262.355 han causado la baja laboral (aumentando un 19,5%) y 268.178 se han calificado como sin baja (incremento del 12,2%) y 334 trabajadores fallecieron, 20 muertes menos que en mismo periodo del año 2020. Además 13.749 personas trabajadoras padecieron daños en su salud hasta el mes de julio de 2021 debido a una enfermedad profesional, un 10% más que el mismo semestre de 2020. La siniestralidad laboral ha aumentado.

El año 2020 fue un año de menor actividad económica principalmente debido a la pandemia en la que aún estamos inmersos ha provocado el cierre de empresas, ERTES, y crecimiento del desempleo. Actualmente vemos una pequeña mejoría tanto en la economía como en la salud pública. Sin embargo, los daños en el trabajo siguen siendo una asignatura pendiente, son más las personas trabajadoras accidentadas o enfermas por ir a su trabajo, empeora la salud física y también la salud mental.

Hablamos de personas, de familias, de compañeros ó compañeras que han visto truncada sus vidas por el mero hecho del desarrollo de un derecho constitucional, el derecho al trabajo, a un trabajo seguro y saludable que nos permita realizarnos como ciudadanos y vivir con dignidad.

Seguimos sin reaccionar con fuerza ante esta lacra, socialmente los daños en el trabajo son permitidos. Aun siendo temas sin relación con el que estamos tratando, vemos contundentes pero necesarias campañas contra los accidentes de tráfico, muchos de ellos laborales, contra la violencia machista, que van calando en la ciudadanía. Sin embargo, prácticamente no se realizan para la prevención de los daños en el trabajo, tan sólo se hacen eco social cuando algún ó alguna trabajadora fallece. Necesitamos refuerzos en sensibilización e información, tolerancia cero y despertar el sentimiento de la ciudadanía contra la siniestralidad laboral. No puede ser que las personas trabajadoras perdamos la vida, nos lesionemos o empeoremos la salud como consecuencia del trabajo, hay que romper con ese conformismo porque en la mayoría de los casos la siniestralidad laboral se puede evitar.

Desde 1900 año en el que se aprobó la ley de accidentes de trabajo, han pasado varios lustros trabajando contra la siniestralidad laboral con ayuda de políticas públicas, a través de normas y de diálogo social. Cierto es que hemos mejorado, especialmente en los últimos años. No obstante, la tendencia por parte de las organizaciones sigue siendo el tener la documentación en regla para no ser sancionadas y no la mejora de la salud y seguridad de las plantillas, las estadísticas de accidentes y enfermedades del trabajo lo confirman, son lo suficientemente altas como para poder afirmar que algo está fallando.

Se hace necesaria una reflexión, elaborar nuevas propuestas para eliminar riesgos e implantar medidas preventivas en las empresas. Riesgos en muchos casos conocidos y nuevos factores de riesgo que se están generando, principalmente relacionados con nuevas formas de organización del trabajo, el uso de las tecnologías digitales y la trasformación ecológica. Una prevención de riesgos laborales eficaz debe tener en cuenta y abordar, los cambios económicos, tecnológicos y organizativos.

El actual modelo preventivo sigue centrado principalmente en la seguridad y la higiene industrial, en cambio los riesgos ergonómicos y psicosociales que son los mayoritarios permanecen sin abordarse.

El nuevo estándar de relaciones laborales a través de diferentes formas de organizar el trabajo principalmente aquellas generadas por la introducción de las TIC y la automatización como plataformas digitales ó el teletrabajo, junto con la globalización que cada vez es mayor, y los efectos del cambio climático generan nuevos empleos mediante la implantación de contrataciones sin una regulación clara, y están produciendo una mayor precarización y deshumanización del mercado de trabajo.

Las políticas europeas nos han ayudado a mejorar la situación. Tras más de treinta años de la Directiva Europea 89/654/CEE relativa a las disposiciones mínimas de seguridad y de salud en los lugares de trabajo y de desarrollo de un sistema normativo amplio que estableciera medidas preventivas en las empresas, consensuado y fruto del compromiso entre Gobiernos, sindicatos y organizaciones empresariales, seguimos teniendo retos que abordar en materia de salud y seguridad de las personas trabajadoras.

Y en esta línea ha sido aprobado recientemente un nuevo Marco Estratégico Europeo de Seguridad y Salud en el Trabajo que abarcará el periodo 2021-2027, un Plan de Acción que establece prioridades y claves para mejorar la salud y la seguridad de las personas trabajadoras en los próximos años.

La experiencia que estamos viviendo con la pandemia debe servirnos de aprendizaje, para mejorar los fallos que hemos tenido y poder dar respuesta rápida a los principales riesgos laborales que se generaron y que tendremos que afrontar en el futuro.

La transición ecológica y digital, los desafíos económicos y demográficos, el envejecimiento de la población trabajadora y los cambios en la organización del trabajo, son aspectos en los que se centra el nuevo marco estratégico europeo. Se dirige principalmente a tres objetivos transversales:

  • anticipar y gestionar el cambio en el nuevo mundo del trabajo que han traído consigo las transiciones ecológica, digital y demográfica;
  • mejorar la prevención de los accidentes y las enfermedades en el lugar de trabajo;
  • aumentar la preparación frente a posibles crisis sanitarias en el futuro.

Se necesitan nuevas actuaciones dirigidas a los nuevos empleos que se están creando por la transición ecológica y digital: inseguridad, precariedad, desigualdad, flexibilidad, deslocalización, aumento de la competitividad del mercado unido al envejecimiento que se está produciendo en las plantillas… La actualización del marco normativo es una prioridad para afontar de manera decidida y firme esta nueva realidad.

Desde Europa vendrán algunas propuestas que tendremos que adaptar a nuestro país, la revisión  la Directiva sobre los lugares de trabajo[1] y la Directiva de equipos que incluyen pantallas de visualización[2] , en la que se incorporaran  parte de los riesgos derivados de la digitalización. Ó la nueva norma que se plantea en materia de intelegencia artificial (IA).

La innovación y trasformación digital están cambiando el mercado de trabajo. Internet, la impresión 3D, big data, la realidad umentada y virtual, la inteligencia artificial, ó la robótica son algunas de las nuevas tecnologias que desarrollan muy rápidamente el nuevo modelo industrial. Por tanto, los cambios en las formas de trabajo, derivados de la digitalización, del trabajo a distancia, de las tecnologías móviles necesitan soluciones ágiles en materia de seguridad y salud, al igual que las nuevas profesiones que están surgiendo de la transición ecológica.

Se hacen necesarias normas laborales que regulen esta nueva organización del empleo. Ejemplo de ello ha sido la Ley 10/2021, de 9 de julio, de trabajo a distancia, y la conocida como “Ley rider”, aprobadas por el Gobierno con el consenso de los interlocutores sociales, a las que habrá que sumar otras como un nuevo Estatuto de los Trabajadores que contemple estas nuevas situaciones. Y en parelelo se ha de producir una modificación legislativa en salud laboral, una nueva Ley de Prevención de Riesgos Laborales que contemple la realidad en la prevención de los riesgos existentes. El bienestar de las personas trabajadoras debe incluirse en la agenda sociolaboral.

Evitar que se incremente la desigualdad y la inseguridad que puede producir la introdución de las TIC ha de ser un objetivo, porque realmente las nuevas tecnologías bien aplicadas son herramientas que pueden facilitar el trabajo. Fexibilidad horaria, autogestión del tiempo, necesidad de mantenernos conectados constantemente, fallos técnicos en los dispositivos, dificultad en el manejo de las TIC, pérdida de contacto con los compañeros y superiores, alta de canales de comunicación e información,  incrementan la presión y los niveles de estrés, se acrecienta la carga de trabajo, provocando sentimientos de aislamiento y desigualdad, sensación de no ser valorado y de perder oportunidades de mejora dentro de la organización, de desequilibrio entre lo que se aporta a la empresa y lo que se recibe de ella, excesiva competitividad, etc. Por tanto incrementa los riesgos psicosociales, generando un clima tóxico en las empresas y que puede afectar al entorno familiar y social de la persona trabajadora. Se necesita regulación para este tipo de riesgos, una apuesta decidida para su erradicación.

Tecnoestrés, tecnoansiedad, tecnofatiga, tecnoadición, riesgos que generan problemas de salud (trastornos del sueño, gastrointestinales, ansiedad, depresión, estrés…) relacionados con un estado psicológico negativo derivado del uso o abuso de tecnología o de sentirla como una amenaza por tener que enfrentarse a su utilización en un futuro.

La mejora de las condiciones de trabajo y el biestar laboral es posible y puede convivir con la digitalización.

Las enfermedades profesionales en nuestro país sigue siendo un reto a resolver. El cáncer es la causa principal de la mortalidad laboral en la UE. Se calcula que los agentes carcinógenos contribuyen a unas 100.000 muertes laborales por cáncer en el lugar de trabajo al año. De ahí que la UE se plantee como otro de los principales objetivos el de mejorar la prevención de los accidentes y las enfermedades en el lugar de trabajo.

Las sustancias peligrosas presentes en los lugares de trabajo afectan a millones de trabajadores de la UE que están expuestos a ellas cada día. Desde Europa se va a continuar con la redución de valores límites de protección de varias sustancias: plomo y disocianatos, cobalto, ó incluso el amianto, que a pesar de estar prohibida su producción y uso en la UE sigue suponiendo un problema de primer nivel para las personas trabajadoras de diferentes sectores (renovación de edificios, maquinaria, vehículos…etc.). La exposición al amianto se cobra unas 88.000 vidas al año en Europa y representa entre el 55 y el 85 % de los casos de cáncer de pulmón desarrollados en el trabajo, se calcula que las tasas de mortalidad asociadas a esta exposición seguirán aumentando hasta finales de las décadas de 2020 y 2030[3].

En España durante el primer semestre de 2021 se notificaron tan sólo 28 enfermedades profesionales causadas por agentes carcinógenos. El agente cancerígeno que más enfermedades profesionales acumula es el amianto con 13, todas entre hombres. A pesar de estar muy reguladas las obligaciones de las empresas, la formación y las medidas preventivas a aplicar en trabajos con amianto es necesario reducir el valor límite de exposición por el número de fallecimientos que sigue causando.

En esta linea de trabajo se actualizarán normas sobre sustancias peligrosas para luchar contra el cáncer y se realizará una lista prioritaria de sustancias tóxicas para la reproducción.

En nuestro país los las enfermedades relacionadas con el trabajo siguen permaneciendo invisibles, y lo que no se ve, no se puede prevenir. Los cánceres de origen profesional, las patologías no traumáticas (enfermedades cardiovasculares), que son una de las mayores causas de accidente de trabajo al no estar contempladas como enfermedad profesional, las lesiones musculoesqueléticas que en muchos casos se califican como enfermedad común, o las derivadas de los riesgos psicosociales que prácticamente “no existen”, deben visibilizarse.

La actualización del Listado de Enfermedades Profesionales y una mejora en el sistema de notificación y registro que permitan aflorar enfermedades profesionales, así como la inclusión de las patologías relacionadas con los riesgos psicosociales es una obligación. La OIT en 2010, ya incluyó los trastornos mentales o del comportamiento en su listado de enfermedades profesionales.

Mayor formación y especialización de los profesionales sanitarios en la detección de las enfermedades relacionadas con el trabajo, nuevos sistemas de notificación, modificación normativa que las regula, mayor información y coordinación entre organismos encargados de prevenirlas y localizarlas (servicios de prevención, mutuas, INSS, Institutos Regionales de seguridad y salud en el trabajo) son algunas de las propuestas a desarrollar con urgencia para mejorar la salud de las personas trabajadoras.

Respecto a los accidentes de trabajo cobra interés de la UE en el enfoque de “visión cero” sobre la mortalidad laboral, algo hasta ahora impensable en nuestro país. Para ello Europa propone la mejora de las estadísticas de accidentes y enfermedades del trabajo, el análisis de sus causas, y el refuerzo de medios técnicos y humanos de la inspección de trabajo para que además de la vigilancia realice actuaciones de información e intercambio de buenas prácticas.

La necesidad de formación, información y sensibilización es fundamental y junto con las modificaciones normativas serán puntos importantes de cara al futuro.

Por último, se plantean actuaciones dirigidas a proteger a las personas trabajadoras frente a posibles crisis sanitarias que puedan suceder en el futuro en línea con lo acontecido con la Covid 19. La realización de planes y protocolos de actuación, orientaciones y procedimientos en los que se refuercen medidas de higiene, el apoyo a la salud mental, y fundamental, la coordinación entre salud pública y salud laboral, es decir, entre sanidad y trabajo es fundamental.

Además, relacionado con el punto anterior, de cara a los profesionales de los sectores que se enfrentan en primera línea frente a estas crisis sanitarias, se deben incluir en el listado de enfermedades profesionales las que deriven de estos nuevos virus, como es el caso la Covid-19 y a todas aquellas personas trabajadoras que se han visto contagiados de esta enfermedad por razón de su actividad.

Todas estas causas hacen urgente agilizar la negociación y el desarrollo de actuaciones en el marco de una nueva Estrategia de Seguridad y Salud en el Trabajo en España. El papel del Gobierno junto con los interlocutores sociales, el refuerzo de las instituciones, la coordinación entre administraciones y sectores debe ser una prioridad, si realmente queremos acabar con la lacra que supone la siniestralidad laboral en nuestro país. La aplicación del Marco Europeo en cada uno de los países, incluida España es una asignatura pendiente, la salud laboral debe incorporarse a la agenda sociolaboral.

Como país debemos afrontar la situación con compromiso, bajo el paraguas de los objetivos de desarrollo sostenible y de la agenda 2030, luchando contra la desigualdad, la pobreza, la desigualdad, la precariedad, y la injusticia social. El empleo de calidad y unos servicios públicos fuertes son las bases para erradicar la pobreza, potenciar el bienestar laboral y el desarrollo social.

Compromiso, actualizar, modernizar o incluso desarrollar un nuevo marco normativo preventivo. Una nueva Ley de Prevención de Riesgos Laborales que aborde todos los riesgos relacionados con la digitalización, la transición ecológica, el envejecimiento de la población trabajadora, así como otros ya conocidos que no se contemplaban, nanotecnologías, cánceres de origen profesional, riesgos psicosociales y ergonómicos, relaciones laborales (empleadas de hogar, plataformas digitales, autónomos.) debe ser una prioridad.

Tenemos las premisas, ahora queda su desarrollo, teniendo en cuenta los retos y las oportunidades en las que hemos de trabajar para conseguir empleo de calidad, digno y por tanto bienestar social. Consulta, participación, información, sensibilización, comunicación, formación continua, ciudadanos, instituciones, empresas, personas directivas y plantillas son las claves. Promover el trabajo decente e intentar construir un modelo social más solidario, sostenible y ecológico es el objetivo.

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[1]     Directiva 89/654/CEE del Consejo, de 30 de noviembre de 1989, relativa a las disposiciones mínimas de seguridad y de salud en los lugares de trabajo.

[2]     Directiva 90/270/CEE del Consejo, de 29 de mayo de 1990, referente a las disposiciones mínimas de seguridad y de salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización.

[3]     Working with asbestos in energy renovation [«Trabajar con amianto en la renovación energética», (dictamen de iniciativa). https://www.eesc.europa.eu/en/news-media/news/workers-health-should-not-be-jeopardised-order-make-buildings-energy-efficient.