La buena situación económica en España y la favorable evolución del mercado laboral, en el que se están generando actividades de alto valor añadido, de manera que el mayor crecimiento del empleo se está produciendo en estos sectores, supone un importante cambio del modelo productivo del que veníamos y requiere la adaptación de empresas y la formación de las personas trabajadoras.

Sin duda los fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, están dando sus frutos, junto a las políticas laborales y de empleo puestas en marcha en las dos pasadas legislaturas.

La cultura de la estabilidad laboral impulsada por la Reforma Laboral que ha conseguido que el 87% de los trabajadores tenga un contrato indefinido en España, corrigiendo de manera decidida una de las más importantes anomalías de nuestro mercado laboral, es también una oportunidad para la formación en la empresa.

Continuar esta senda profundizando en retos como la necesaria mejora de los salarios, la reducción del tiempo de trabajo, la implantación definitiva de una cultura de la salud laboral  incluyendo la prevención de los nuevos riesgos laborales derivados de las nuevas formas de trabajo, continuar la mejora de la protección social, debe incluir como prioridad la formación de las personas trabajadoras como elemento central para un cambio de modelo productivo justo y sostenible.

La decisión del gobierno de poner en marcha un Plan de refuerzo de la comprensión lectora y de las matemáticas en el sistema educativo, los esfuerzos desde el ámbito educativo por dotar de medios y herramientas a la Formación Profesional de manera que ésta sea una opción vocacional prestigiada, y la necesaria implementación en el mundo de trabajo de la formación como derecho de las personas trabajadoras y como gran oportunidad para la empresa deben venir a acompañar decididamente el proceso de transformación digital y transición ecológica, para lograr un nuevo modelo productivo sostenible, que no deje a nadie atrás.

Está más que demostrada la importancia de la formación en el corazón de la propia empresa, en 2022 las acciones de formación programada por las empresas tuvieron más de 5.3 millones de participantes, con 343.677 empresas formadoras, junto a ellos la formación de oferta a nivel estatal hizo ascender a 5.556.970 el total de participantes en formación para el empleo. A ello además hay sumar la formación realizada por las Comunidades Autónomas.

Reforzar e innovar en formación en el trabajo, es uno de los retos que se abordan desde el SEPE y la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (FUNDAE). La FUNDAE ha logrado en los últimos años importantísimos logros, gracias a un equipo directivo con iniciativa, compromiso y capacidad de gestión, a una plantilla de profesionales excelentes, a la estrecha cooperación con el SEPE y a la participación activa de los interlocutores sociales, hablamos de una Fundación pública de carácter tripartito, y junto a ello la madurez y el esfuerzo realizado también por el sector de entidades formativas.

La puesta en marcha en la FUNDAE de un espacio como Digitalízate, que ha resultado ser el mayor espacio de colaboración público privada en el que se imparte formación on line con carácter completamente gratuito en competencias digitales, abarcando todos los niveles, la puesta en marcha de plataformas de formación para trabajadores autónomos y para la Economía Social o experiencias tan relevantes como la impulsada por el SEPE para formar en competencias digitales a las mujeres que participan en el Programa de Fomento del Empleo Agrario, son algunos ejemplos de buenas prácticas que deben consolidarse y extenderse, y en los que la Comisión Europea ha puesto su mirada.

España ha alcanzado más de un millón de puestos de trabajo tecnológicos y es necesario seguir avanzando, sin olvidar que la digitalización es un proceso transversal a todas las empresas y sectores y por tanto la formación debe orientarse a todas las personas trabajadoras.

La culminación del Estatuto del Becario digno, los contratos formativos compartidos e impulsados por los interlocutores sociales, y el despliegue normativo de la nueva regulación de la formación en el trabajo, para garantizar procedimientos ágiles y adaptados, implantar las Microcredenciales, las competencias técnico profesionales, transversales y esenciales, requieren de un refuerzo de la gobernanza social del sistema de formación en el trabajo y el fortalecimiento y actualización de los órganos paritarios sectoriales de la negociación colectiva.

La contribución decisiva del Observatorio de las Ocupaciones del SEPE, instrumento que lidera  el conocimiento de la realidad del empleo en España en el proceso de detección de las necesidades formativas, ha de sentar las bases que permitan una adecuada y ágil planificación de la oferta formativa.

Extender la aplicación práctica del derecho a la formación en todas las empresas, teniendo en cuenta la dimensión de nuestro tejido productivo, indica la necesidad de nuevas fórmulas para las que ya existen importantes referencias.

Sin duda, la mejor garantía para adoptar las mejores decisiones en relación a la formación para el trabajo es conseguir un sistema de orientación profesional para el empleo sólido, uno de los grandes retos de la Agencia Española de Empleo.