Introducción.
En el artículo anterior hacíamos referencia a que la energía era uno de los sectores que mayor transformación global, europea y española ha registrado, está registrando y pretende registrar hasta el horizonte del 2030 y después. Y ello porque es básico avanzar en la autosuficiencia, en la descarbonización y en un acceso energético justo generalizado, que serían elementos fundamentales pare el avance en la transición ecosocial propugnada.
Pero no lo hace sin resistencias ni retrocesos y contradicciones en numerosos ámbitos y países en los que el dominio de los lobbies de las multinacionales de la energía y los intereses geoestratégicos, socioeconómicos y políticos de los propios países anteponen estos a los de la sostenibilidad del Planeta. Posición reforzada por la fuerte derechización política e incremento de las presiones neoliberales mundiales, que también afectan al desarrollo del Pacto Verde Europeo y a la vuelta a políticas de restricción del déficit y de la deuda pública, con indudables consecuencias también en el sector energético.
En el artículo anterior veíamos como las presiones neoliberales para que los Estados europeos controlen, ya en los presupuestos para 2024, el déficit y la deuda afectan al sector energético, tanto por la exigencia de eliminar progresivamente las ayudas públicas para paliar la subida de precios derivada de la crisis energética propiciada por la invasión de Ucrania (reducción del IVA energético, regulación de los precios de la venta minorista y mayorista, subvenciones o ayudas a las empresas afectadas por los precios energéticos y obligaciones específicas a las empresas públicas), como por la puesta en cuestión de la fiscalización de los beneficios “caídos del cielo” asociados al establecimiento marginalista de los precios de la electricidad, o por la ralentización de las medidas ligadas a las políticas de descarbonización asociadas al Pacto Verde Europeo.
Es evidente que el alza de la extrema derecha y de la cada vez más sesgada derecha hacia posiciones negacionistas o “dudosas” frente a la prioridad de lucha contra el calentamiento global, junto con el incremento de los costes para el ciudadano que está implicando el conjunto de estas políticas –y sus repercusiones electorales- son el trasfondo que incide cada vez de una manera más clara y determinante a nivel global y en el seno de la propia UE para dichas reacciones[1].
Porque también la guerra en Ucrania ha significado un punto de inflexión en las posiciones ciudadanas, con un creciente cuestionamiento de las políticas ambientales frente a la negativa incidencia de las medidas que se van adoptando en sus ingresos y formas de vida tradicionales. Cuestionamiento que probablemente no se verá modificado hasta que los cada vez más frecuentes fenómenos meteorológicos extremos lleven a las consecuencias muy graves y probablemente, en algunos casos, irreversibles.
Aunque, sobre todo, las multinacionales europeas de la energía han apostado por la diversificación productiva y de áreas de negocio, con un papel creciente de las renovables o de energías de emisiones de GEI mínimas, no sucede lo mismo con el conjunto de operadores en el sector de las energías fósiles, cuyos beneficios han batido records en el último año. Y aunque se asume que la demanda de productos fósiles será decreciente, se siguen manteniendo niveles significativos en la producción de energías fósiles, con una demanda global cuya evolución reiteramos en la Figura siguiente.
Estas previsiones de evolución de la demanda energética se basan en unas previsiones de inversión total en el sistema energético que se sitúan en un crecimiento superior al 4% anual (8% en 2022, según el citado Informe de IAE), fundamentalmente hacia la electrificación (renovables y redes) y hacia las tecnologías propiciadoras de la eficiencia energética y la descarbonización. Pero la rentabilidad relativa de cada línea de acción permanece incierta, es muy dependiente de las ayudas públicas y, en todo caso, en la actual situación de inestabilidad global y de alza en los tipos de interés, tendrá un costo mucho mayor para el logro del mismo objetivo, o éste deberá disminuirse si no se incrementan los volúmenes de inversión.
Estas dinámicas llevan a contemplar con escepticismo los cambios reales en la descarbonización que se pueden derivar de medidas previstas como la Ley de Reducción de la Inflación en los Estados Unidos, la Transformación Verde de Japón (GX), el objetivo de Corea de aumentar la proporción de energía nuclear y renovable en su combinación energética, o los ambiciosos objetivos mostrados de energía limpia en China y –con mucha menor credibilidad- en India. Y, aunque sí sean más creíbles los paquetes de medidas europeas con base en Fit for 55[2] y en REPowerEU[3], cuyo esquema de objetivos y propuestas iniciales se aprecian en las dos Figuras siguientes, así como con las medidas que se van imponiendo para su aplicación en la Unión Europea y, por extensión, en España, existe una preocupación creciente por el freno que puede significar el alza de la derecha y de la extrema derecha carentes de visiones a largo plazo para el Planeta.
En concreto, en España está por ver cómo los Gobiernos autonómicos y locales del partido popular, muchos de ellos con la incorporación o apoyo explícito de VOX, cuyo negacionismo climático y rechazo de las políticas energéticas del Gobierno de coalición ha hecho reiteradamente explícito, asumirán el cumplimiento de las nuevas medidas acordadas por el Consejo y el Parlamento, tanto a finales de marzo, como de abril de 2023, que son básicas para sustentar el proceso de descarbonización y electrificación “cero carbono” pretendido.
En marzo se aprobó la nueva propuesta de Directiva RED III[4] que pretende aumentar la capacidad instalada total de energías renovables en la UE, desde el 32% del mix vigente, hasta el 42,5% de aquí a 2030, con una recomendación indicativa de llegar al 45% para ese año. Y ello, junto al incremento de objetivos sectoriales en materia de transporte (reducción del 14,5% de la intensidad de gases de efecto invernadero en el transporte mediante el uso de energías renovables, o de un 29% de energías renovables en el consumo de energía final en el sector del transporte de aquí a 2030), industria (aumento anual del su uso de energías renovables en un 1,6% y que el hidrógeno utilizado proceda de combustibles renovables de origen no biológico en una proporción del 42% de su consumo para 2030), edificios (las energías renovables deberán representar una proporción mínima del 49%) y calefacción y refrigeración urbanas (aumento vinculante del 0,8% anual a escala nacional hasta 2026 y del 1,1 % de 2026 a 2030, en el uso de energías renovables). Además, se establece que los Estados deben aumentar rápidamente zonas para la instalación de energías renovables (consideradas de interés público superior) en las que los proyectos de estas energías estarán sujetos a un procedimiento de concesión de permisos simplificado y rápido.
El 25 de abril de 2023 el Consejo desarrolló medidas[5] previstas en “Fit for 55” que permitirán a la UE reducir las emisiones de GEI en los principales sectores de la economía, garantizando al mismo tiempo que los ciudadanos y las microempresas más vulnerables, así como los sectores expuestos a “dumping” en carbono por empresas extranjeras, reciban un apoyo efectivo en la transición climática. Las normas aprobadas son:
- Revisión de la Directiva sobre el Régimen de comercio de derechos de emisión de la UE (RCDE UE).
- Modificación del Reglamento de seguimiento, notificación y verificación en el transporte marítimo.
- Revisión de la Directiva RCDE para la aviación.
- Reglamento por el que se establece un Fondo Social para el Clima.
- Reglamento por el que se establece un Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono.
La incidencia de estas normas sobre la situación española y las posibles consecuencias de un cambio en el Gobierno como consecuencia de las elecciones del 23J, las consideraremos en el siguiente artículo de esta serie dedicada a la energía.
La energía en el marco de los objetivos de descarbonización de España para el 2050.
El desarrollo de la sociedad ha estado históricamente ligado a la mejora del rendimiento energético y al aumento en la eficiencia en el uso de la energía, aspectos en los que el desarrollo tecnológico ha tenido una función primordial[6].
El crecimiento de la población, las innovaciones técnicas y el crecimiento del consumo, han condicionado, de forma decisiva, la demanda actual de energía, y seguirán condicionándola en el futuro, salvo que se establezcan modificaciones radicales en el ahorro, eficiencia energética y mix energético, difíciles de esperar en la actual coyuntura global, al menos a medio plazo.
En concreto, la evolución comparada del consumo de energía primaria en España respecto al Total mundial y a la Unión Europea (UE), desde la implantación de la democracia en España, en 1978, hasta 2021, muestra esa tendencia creciente global, si bien en España cabe señalar dos dinámicas claramente diferenciadas: hasta la crisis financiero-especulativa iniciada en 2008 y, desde ésta hasta la actualidad. En todo caso, como se aprecia en la Figura siguiente, con trayectorias netamente diferenciadas en su intensidad con respecto a la evolución de la UE.
Si atendemos a la evolución del consumo energético de energía primaria per cápita, el relativamente reducido crecimiento de la media mundial muestra hasta qué punto es la evolución de la población total la que determina el crecimiento global de la demanda energética. La evolución en España, con un crecimiento demográfico mucho menor, muestra cómo la actividad económica es la que mejor explica el crecimiento de la demanda (sobre todo de la asociada al boom inmobiliario del período 1996-2008), situándose en valores muy superiores a los del Mundo, pero por debajo de la media de la UE.
Tras la pandemia y la invasión de Ucrania, la reactivación en el uso de las energías fósiles, el aumento de los costes de producción, la inflación y el incremento de las tasas de interés que inciden en el coste de nuevas inversiones, dibujan un panorama futuro poco alentador para la UE y para España, en cuyo marco las políticas energéticas dirigidas a la autosuficiencia, la descarbonización, el ahorro y el incremento de la eficiencia en el uso de la energía, juegan un papel fundamental.
En ese sentido, la transición energética en España es imprescindible, al menos, para conseguir reducir la dependencia energética del exterior, para reducir las tensiones en los precios de la energía, garantizando un acceso justo a toda la población, para mejorar la competitividad económica y para lograr los objetivos de descarbonización a los que se ha comprometido España –en línea con el compromiso de la UE- a través de la Estrategia de Descarbonización a largo plazo 2050 (EDLP2050)[7], aprobada en el Consejo de Ministros del 4 de noviembre de 2020.
El desarrollo de esta Estrategia, hasta 2023, se ha venido produciendo, básicamente, a través del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030, (PNIEC 2021-2030), uno de los valorados como más ambiciosos dentro de la Unión Europea, cuyos Objetivos se han considerado como mínimos a alcanzar en la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, (Ley 7/2021, de 20 de mayo)[8] centrándose en:
- Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero del conjunto de la economía española en, al menos, un 23% respecto del año 1990.
- Alcanzar una penetración de energías de origen renovable en el consumo de energía final de, al menos, un 42 %.
- Alcanzar un sistema eléctrico con, al menos, un 74 % de generación a partir de energías de origen renovable.
- Mejorar la eficiencia energética disminuyendo el consumo de energía primaria en, al menos, un 39,5 %, con respecto a la línea de base conforme a normativa comunitaria.
Además, establece el compromiso de llegar a unas emisiones netas nulas (alcanzar la neutralidad climática) antes de 2050, con una generación eléctrica proveniente, exclusivamente, de fuentes renovables. Y para acelerar su implantación, a demanda de la CE, se han establecido tramitaciones simplificadas, plazos reducidos y nuevas obligaciones de inversión en facilidades para su gestión, que se recogen en el RDL 6/2022[9], de reacción a las consecuencias de la invasión de Ucrania.
La pregunta es hasta qué punto estos compromisos con la UE y esta Estrategia de descarbonización o la adaptación del actual PNIEC 2021-2030, en revisión para cumplir con su obligada presentación a la CE que deberá elevar sus metas de potencia renovable para compatibilizarlo con el incremento de objetivos comunitarios antes señalados, con al menos lograr 67 gigavatios (GW) de potencia eólica instalada y 35 GW de fotovoltaica para 2030, serán viables o se cumplirán sin riesgo de medidas correctivas por la CE bajo un Gobierno del PP-VOX.
El papel de las renovables en el marco general de la transición energética en España.
Desde el punto de vista de la diversificación de fuentes de energías renovables e hipocarbónicas hay que señalar que distintos estudios de centros de investigación o de organizaciones ecologistas han mostrado que es posible y viable la satisfacción de las demandas energéticas previsibles al horizonte del 2050, con políticas inteligentes de mejora de la eficiencia energética y con la utilización casi exclusiva de energías renovables, donde la electrificación e integración del sistema deben jugar un papel esencial.
Desde una perspectiva global, en 2010, el entonces Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (MITyC) estimó el umbral máximo de potencia instalable teórico desarrollable para las energías renovables en España, considerando las restricciones medioambientales, sociales y técnicas aplicables sobre el potencial bruto existente en nuestro territorio, situándolo en 387 GW, con un reparto teórico por fuentes que se aprecia en la Figura siguiente, con valores que superan, en mucho, a las demandas de la UE, aunque queda implícito el problema de la viabilidad de las inversiones necesarias.
Como se aprecia, los recursos energéticos potenciales renovables son abundantes en España, fundamentalmente tanto para los asociados a las tecnologías solares -solar termoeléctrica, solar fotovoltaica, chimenea solar y fotovoltaica integrada en edificios- como para la eólica. Si tenemos en cuenta una estimación de demanda de energía peninsular, en 2050, del orden de 1.525 Twh/año, diversos grupos científicos señalan la posibilidad de que, con las tecnologías renovables sería posible satisfacer más de nueve veces la demanda prevista para España[10]. El problema está en el alto volumen de inversiones necesarias en este sector, cuya viabilidad a corto y medio plazo exige el mantenimiento de primas a la inversión y a la producción.
No obstante, esos potenciales y la necesaria reducción de la dependencia energética han posibilitado el fuerte impulso dado a las renovables en España, en un mundo donde, fundamentalmente, tanto la energía eólica como la solar, han registrado crecimientos espectaculares, sobre todo en lo que hace referencia a la fotovoltaica en China, tal y como se aprecia en las dos Figuras siguientes.
Gracias a ese impulso renovable, hay que señalar que España ocupa la octava posición en inversión a escala mundial en energías limpias, y que, en cinco años, la capacidad renovable ha aumentado un 23%, la capacidad instalada ha subido casi el 60% y el 51% de la generación es ya renovable, habiéndose instalado 11 GW nuevos de fotovoltaica y 6 GW de eólica y habiendo multiplicado por casi seis veces la producción para autoconsumo (prosumidor), empezando a tener una incidencia significativa también las comunidades energéticas. Lo que ha permitido pasar de un sistema energético focalizado en grandes centros de generación eléctrica cuya propiedad pertenece a muy pocas manos, a un modelo más democratizado, accesible y distribuido. A la vez que se ha potenciado la cadena de valor asociada a la producción de infraestructuras renovables, siendo capaces de fabricar, en España, el 90% de los componentes de un parque eólico y el 60% de los de un parque solar. Y ello gracias a que España es el país de la UE que más financiación recibe asociada a los proyectos de interés comunitario, siendo el PRTRE vigente y su Adenda presentada en este año 2023 elementos fundamentales para continuar en la dirección emprendida, que no debería ser políticamente cuestionada.
En todo caso, soluciones duraderas implican acelerar la transición energética hacia el ahorro (con cambios en el comportamiento de los consumidores y la mejora de la eficiencia energética), una generación eléctrica sin emisiones, crecientemente descentralizada y democratizada (prosumidor y comunidades energéticas renovables para acercar la responsabilidad y eficiencia a los usuarios y reducir el peso de los oligopolios), una mayor eficiencia, tanto energética, aumentando las ventajas comparativas de las empresas españolas, como en la utilización de la capacidad de generación renovable ya instalada y el incremento de las interconexiones (eléctricas y gasísticas) para favorecer la exportación a la UE y el arbitrismo en precios, así como potenciar la I+D+i para fomentar alternativas energéticas eficientes y sin emisiones de GEI. Pero estos son temas que consideraremos en el próximo artículo, así como los riesgos políticos asociados a los cambios en los Gobiernos en comunidades autónomas y ayuntamientos, o los que se derivarían de cambios en el Gobierno de España.
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[1] En España, los partidos denominados de izquierda (PSOE y Sumar) proponen una política energética muy favorable a las renovables, en línea con lo desarrollado entre 2018 y 2023. El partido popular recogía en su programa electoral para las elecciones de mayo que “la implantación de energías renovables es una opción deseable allí donde sean la alternativa más adecuada, siempre y cuando sea compatible con el territorio”. Vox no precisa su posición, si bien intenta capitalizar la oposición a las energías renovables en los municipios en los que han surgido conflictos. En todo caso, tanto la posición derivada de las manifestaciones del partido popular, como de Vox, se centra más en consideraciones economicistas a corto plazo que en procesos de mitigación del calentamiento global, cuya realidad los segundos niegan y los primeros manifiestan dudas sobre su origen antrópico.
[2] https://www.consilium.europa.eu/en/policies/green-deal/fit-for-55-the-eu-plan-for-a-green-transition/
[3] CE (2022). REPowerEU: Acción europea conjunta para una energía más asequible, segura y sostenible. https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_1511 cuya aprobación, para su aplicación con carácter temporal, se produjo el 23 de marzo de 2022 por parte de la CE.
[4] https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2023/03/30/council-and-parliament-reach-provisional-deal-on-renewable-energy-directive/
[5] https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2023/04/25/fit-for-55-council-adopts-key-pieces-of-legislation-delivering-on-2030-climate-targets/
[6] Una turbina eólica actual puede superar fácilmente los 4.000 kW, multiplicando por más de 600 la potencia de los molinos de viento medievales (6,5 KW), y por más de 200 la del molino del siglo XIX (20 KW). Smil, V. (2018). “Energía y civilización. Una historia”. ARPA. Barcelona. 2021 (Págs. 630 a 632).
[7] Desarrollada de acuerdo a las directrices del Reglamento (UE) 2018/1999 del Parlamento Europeo y del Consejo del 11 de diciembre de 2018 sobre la gobernanza de la Unión de la Energía y de la Acción por el Clima (https://www.boe.es/doue/2018/328/L00001-00077.pdf), en el que se establece la necesidad de elaboración de estrategias a largo plazo por parte de los Estados Miembros, con una perspectiva de, al menos, 30 años. La Estrategia está disponible en https://www.miteco.gob.es/es/prensa/documentoelp_tcm30-516109.pdf
[8] https://www.boe.es/eli/es/l/2021/05/20/7/con
[9] Capítulo III y disposición transitoria tercera para la aprobación de proyectos en tramitación por la Administración central, y en el Capítulo IV para la Liberación de capacidad en los nudos reservados para concurso para autoconsumo. Disposición adicional cuarta: Obligación de los distribuidores de incluir en sus planes de inversión anuales actuaciones que incrementen la capacidad para acceso de nueva generación renovable y autoconsumo. Disposición final quinta, de Modificación del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, Disposición final sexta, de Modificación del texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, donde se añade un artículo 77 bis, para facilitar la Instalación de plantas fotovoltaicas flotantes en el dominio público hidráulico y se añade a la Ley de Aguas una Disposición adicional decimoséptima, para facilitar la Instalación de generación eléctrica solar fotovoltaica sobre canales u otras obras hidráulicas de titularidad de la Administración General del Estado o de los Organismos de cuenca. Disposición final séptima, de Modificación del Real Decreto 1434/2002, de 27 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de gas natural. https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/30/pdfs/BOE-A-2022-4972.pdf
[10] Desde otros ámbitos, Greenpeace (Energía 3.0) señalaba ya por las mismas fechas que el 50% de la electricidad en España podría ser renovable en 2020, como primer paso a conseguir un sistema 100% renovable en 2050.
