El diario El País del 24 de enero informó que la Junta Electoral Central ha adoptado un acuerdo por el que sanciona al Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a abonar una multa de quinientos euros por haber concedido durante la última campaña electoral, el pasado 7 de noviembre, una entrevista televisada que se celebró en un salón del Complejo de la Moncloa. Si la política española no estuviera lo suficientemente embarullada por causa de Cataluña, de las consecuencias del Brexit, de la nueva experiencia de una coalición gubernamental, etc., el hecho sería para incorporarla a un retablillo de historias o consejas surrealistas de la política española. Pero el asunto es más serio de lo que parece, aunque afortunadamente, el patrimonio del Presidente Sánchez sólo sufrirá una merma muy moderada. Posteriormente, el órgano sancionador ha publicado su Acuerdo, que es el 12/2020, adoptado en su sesión de 23 de enero pasado.

Analizaremos los hechos que han dado lugar a la sanción, veremos tanto su calificación jurídica como su incidencia material en las elecciones y el trasfondo político que subyace a esta curiosa sanción.

Los hechos son muy sencillos. Durante la última campaña electoral el Presidente en sanciones, Pedro Sánchez, fue entrevistado el 25 de octubre por una cadena privada de televisión, la Sexta. La entrevista tuvo lugar en un salón del Complejo de la Moncloa y en ella glosó la importancia de que el P.S.O.E. ganara las elecciones. La entrevista fue incluida en la web de la Presidencia del Gobierno pero, tras una denuncia ante la Junta Electoral, la entrevista fue retirada. La Junta Electoral Central incoó un expediente sancionador contra el Presidente Sánchez que ha desembocado, tras su investidura, en la sanción de quinientos euros por infracción del artículo 50.2 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General. Este precepto prohíbe cualquier acto, organizado por los poderes públicos donde se aluda a realizaciones o logros obtenidos o se utilicen imágenes coincidentes con las utilizadas por las entidades que concurren a las elecciones.

La calificación de la Junta Electoral Central es errónea. Una entrevista en una cadena privada no es acto sino una expresión del derecho de información. Y se hizo en La Moncloa porque es la residencia del Presidente. ¿O acaso pretendía la Junta Electoral que el Presidente saliera a hablar en medio de la carretera de La Coruña? En el razonamiento jurídico hay siempre elementos que sitúan los actos de las personas conforme a un mínimo principio lógico y no parece ilógico, ni irrazonable que, como el resto de los candidatos, el Presidente del Gobierno-candidato sea entrevistado en su domicilio. Puede reprocharse, es cierto, que la entrevista se “colgara” en la web de la Presidencia pero, tras el requerimiento, el texto fue retirado como se ha hecho en otras ocasiones con otros partidos, sin que este hecho mereciera una sanción. Hay que decir también que el Presidente Rajoy fue entrevistado de la misma manera pero la Junata Electoral Central no atiende este precedente porque, con un razonamiento farisaico, afirma que las entrevistas a Rajoy no fueron denunciadas.

Lo cierto es que no se incumplió el artículo 50.2 de la Ley Electoral y, además, no parece que la celebración de la entrevista en un lugar o en otro deba tener incidencia electoral. ¿Por qué entonces la sanción?

Porque la actual Junta Electoral Central ha actuado como una prolongación electoral de la derecha, ha sido un órgano dócil a las denuncias continuas de las tres derechas: denuncias por las ruedas de prensa posteriores al Consejo de Ministro, por la intervención del Presidente después de la exhumación de los restos de Franco, por los artículos del Presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas, etc. Nunca una Junta Electoral había sido tan beligerante contra un Gobierno. A mi juicio, en el sorteo de los Vocales judiciales de la Junta el azar ha determinado que fueran elegidos los Magistrados más alineados con la derecha.

Finalmente, ¿con qué propósito se ha sancionado al Presidente Sánchez después de su investidura, sin ningún efecto electoral? Para dejar claro que el Presidente infringe el ordenamiento, es un parvenu, y los miembros de la Junta son todos muy valientes y sancionan al parrvenu. En el fondo, es el discurso deslegitimador del gobernante democrático, discurso que también tiene algo de discurso del odio.