El pasado día 5 del presente mes se celebró en La Moncloa una reunión entre Mariano Rajoy y una delegación de la Asociación Las Kellys (representantes de una parte del colectivo de camareras de piso). Este encuentro llamó profundamente la atención por su fuerte impacto mediático, el creciente interés propagandístico del gobierno por reunirse con esta Asociación (a petición, en el Senado, del grupo parlamentario Nueva Canaria), la burda utilización que se hizo de la ingenua actitud de Las Kellys y el fuerte y comprensible malestar de los sindicatos de clase.

Con este motivo, CCOO y UGT, recordaron a Rajoy que existe una Mesa de Calidad por el Empleo en el sector de hostelería y turismo -que tiene el propósito de analizar las condiciones de trabajo en este sector-, donde están representados todos los agentes sociales y, por lo tanto, también las camareras de piso. Manifiestan que los sindicatos de clase representan mayoritariamente a este colectivo y que, desde hace años, las camareras de piso vienen siendo víctimas de sendos procesos de externalización, a los que acompañan fuertes reducciones de salarios (hasta el 40%), una elevada precariedad, un aumento considerable de las cargas de trabajo y el deterioro de sus condiciones laborales y de salud.

En definitiva, la UGT y CCOO denuncian el desequilibrio existente entre los buenos resultados económicos obtenidos por el sector turístico y la lamentable precariedad laboral y salarial de sus trabajadores. Por eso resulta más evidente el oportunismo de Rajoy, su lamentable y simulada ignorancia sobre la representatividad en el sector, así como la actitud muy poco comprensible de Las Kellys en su vano intento de resolver su problema, al margen de los sindicatos de clase. Por lo tanto, Rajoy incumple gravemente y de manera irresponsable la legislación laboral al violentar deliberadamente la representatividad en el sector de hostelería.

Por otra parte, no debemos olvidar que la difícil situación de este colectivo se produce, sobre todo, por la aplicación radical de las últimas reformas laborales, sobre todo la del año 2012 del gobierno Rajoy. A lo que hay que añadir el vaciamiento de la negociación colectiva (al permitir externalizar estos servicios al margen del convenio sectorial), los deliberados ataques a los sindicatos, así como la Ley Mordaza que ampara legalmente la persecución de los participantes en las movilizaciones obreras y también a los integrantes de piquetes, mientras se evita perseguir la vulneración del derecho de huelga o la aplicación abusiva de los servicios mínimos.

Por eso, el gobierno debe asumir su responsabilidad y garantizar, de una vez por todas, el protagonismo y la autonomía de las partes (sindicatos y empresarios) y, en particular, los convenios de sector y su prevalencia sobre el convenio de empresa. En este sentido, la CEOE no puede seguir envalentonada bajo el paraguas de la reforma laboral y mucho menos frenar la negociación de un Acuerdo por el Empleo y la Negociación colectiva (AENC), que sirva de base para negociar los convenios del presente año (sobre todo cuando estamos prácticamente en el mes de mayo) y garantizar así unas mínimas condiciones laborales, sobre todo de los trabajadores de las pequeñas empresas sin convenio ni representación sindical. En este sentido, los sindicatos exigen, en coherencia con el principio de solidaridad hacia los más débiles, negociar un nuevo AENC que aborde los salarios (incremento suelo del 3,1%, cláusula de revisión salarial y un mínimo de 1.000 euros al mes), la contratación estable, la externalización (prohibiendo subcontratar trabajos que formen parte sustancial de la actividad principal de la empresa), la racionalización de la jornada de trabajo, las horas extraordinarias, el reparto de la productividad, la participación sindical, la salud laboral y la igualdad de género (brecha salarial y conciliación familiar), entre otras materias.

Ante semejantes dificultades, y la débil relación de fuerzas con el gobierno y la CEOE, los sindicatos están haciendo repetidos llamamientos a las movilizaciones para revertir la actual situación y, en particular, denunciar el incremento del 0,25% para revalorizar las pensiones y rechazar el factor de sostenibilidad (recorte de las nuevas pensiones), así como contra los Presupuestos Generales del Estado de 2018, por no responder adecuadamente al impulso económico de modernización y de innovación que España necesita tras la crisis, a la redistribución de la riqueza y a la superación de las fuertes desigualdades. En estas movilizaciones, los sindicatos están teniendo serias discrepancias para llegar a acuerdos con los nuevos movimientos sociales y las plataformas ciudadanas; de hecho, se han convocado manifestaciones por separado en algunas capitales de provincia. Esta grave división perjudica a los trabajadores y no favorece en nada a los sindicatos de clase ni a los movimientos sociales, por eso urge la búsqueda de acuerdos a todos los niveles que garanticen la eficacia de la movilización social.

También, en relación con Catalunya, los sindicatos están sufriendo críticas internas y, sobre todo, una severa contestación mediática, al participar en la última manifestación, junto a ANC y Òmnium Cultural (organizaciones claramente independentistas), encaminada a denunciar la prisión preventiva de políticos catalanes, a su juicio desproporcionada, a pesar de que, paralelamente, insisten en buscar una solución negociada de la crisis dentro del marco estatutario y constitucional. Finalmente, queda por demostrar la veracidad del argumento más utilizado para justificar esta decisión: la actuación de los sindicatos de clase en Catalunya habría evitado, de alguna manera, el nacimiento de sindicatos nacionalistas (o independentistas), como ha ocurrido históricamente en el País Vasco con ELA-STV y, posteriormente, con LAB. En todo caso, esta controvertida decisión explica que, en estos momentos, la UGT y CCOO estén pagando un alto precio por la incomprensión de una parte de sus afiliados y de los trabajadores de Catalunya y, en mayor medida, de los del conjunto del Estado.

Estas serias dificultades se producen en víspera de la celebración del 1º de Mayo. Una fecha emblemática, donde los sindicatos, desde 1890, vienen recordando a los “mártires de Chicago”. El 1º de mayo de 1886 estalló la huelga por la jornada de ocho horas en EEUU (ocho horas de trabajo, ocho horas de descanso y ocho horas de ocio). Más de 5.000 fábricas pararon y 340.000 obreros salieron a la calle para defender sus reivindicaciones y luchar en contra de unas condiciones verdaderamente inhumanas (era frecuente el trabajo de niños y mujeres y las jornadas de 12 a 14 horas) y donde la miseria, la explotación y la represión eran un lugar común entre las clases trabajadores. En Chicago, en la Plaza Haymarket, el 4 de mayo, se masacró a los manifestantes en protesta por esta situación (38 obreros muertos, 115 heridos y 6 policías muertos) y 4 de sus dirigentes fueron ahorcados un año después (“Los colgaremos igualmente. Son hombres demasiado sacrificados, demasiado inteligentes y demasiado peligrosos para nuestros privilegios”. Historia del 1º de mayo. Maurice Dommanget.) y declarados, posteriormente, “víctimas inocentes de un error judicial revisado en 1893”.

De acuerdo con esta referencia histórica, la situación actual de los trabajadores es mucho más favorable que la de finales del siglo XIX. Sin embargo, a pesar de esta circunstancia y del fuerte respaldo constitucional, los sindicatos siguen teniendo serios problemas y deben responder a nuevos retos: el exagerado desempleo; la pérdida de presencia de los salarios en la renta nacional; la creciente precariedad en la contratación; el déficit en protección social; el avance de la privatización de los servicios públicos; la presencia creciente del capitalismo financiero en las empresas; el desarme fiscal; el cambio climático; el fenómeno de las migraciones; en definitiva, el dumping social y el creciente aumento de la desigualdad, la pobreza y la exclusión social.

Y, lo que es más grave, los sindicatos deben enfrentarse también al fenómeno de la globalización, al nuevo orden mundial, al pensamiento único, que se ha convertido en una pesadilla para todos, salvo para unos pocos, lo que confirma  el fracaso del capitalismo (realmente existente), que es precisamente el que gobierna el fenómeno de la globalización. A esto hay que añadir las exigencias de una competitividad sin límites, no suficientemente regulada, que se traduce en el deterioro de las condiciones de trabajo; la deslocalización de actividades; y en un lamentable aumento de los riesgos laborales. A todo ello ha contribuido, según Tony Judt, la obsesión por la riqueza, el culto a la privatización de los servicios públicos y la elevación del sector privado a nuestra iconografía, así como las crecientes desigualdades entre ricos y pobres. Pero, sobre todo, por la acrítica admiración de los mercados desregulados, el desdén por el sector público y la quimera de un crecimiento sin límites. Lo más repugnante de todo ello  es que se lleva a cabo a sabiendas de que esta competitividad sin límites es una carrera que no se gana. No hay una llegada en la carrera hacia el abismo porque no se puede competir con el trabajo de esclavos.

La alternativa sindical a esta situación no puede ser otra que la organización global, reafirmando la centralidad del trabajo en el mundo en que vivimos, porque no estamos ante el fin de la sociedad del trabajo; “ni siquiera ante una cesión del papel del valor trabajo: trabajo fluido, disperso, invisible, intensificado, desregularizado, pero trabajo al fin”, como manifestó en su día el profesor Juan José Castillo. En coherencia con ello, los sindicatos, en primer lugar, deben fortalecer su organización de base: aumentar y mejorar su afiliación, su representatividad, su relación de fuerzas y su presencia en la negociación colectiva. En segundo lugar, adaptarse a los cambios tecnológicos y sociológicos que condicionarán el futuro del trabajo y, por lo tanto, el futuro del movimiento sindical. En tercer lugar, deben garantizar la democracia interna y fomentar el debate, la participación y su presencia, desde la autonomía sindical, en el tejido social.

En definitiva, apostar por un sindicalismo en permanente contacto con la realidad social: más democrático, más participativo, más abierto, más de combate y, por lo tanto, más creíble y capaz de ilusionar, sobre todo a los más jóvenes. Un sindicalismo  capaz de asimilar los cambios que se expresan a través de las redes sociales a la velocidad de la luz, de conectar con los movimientos sociales emergentes- a pesar de las dificultades actuales- y de llegar a acuerdos con ellos en defensa de los más débiles. Todos esperamos con ilusión que los sindicatos de clase recuperen el protagonismo que les corresponde en un contexto democrático. Porque, sin una relación de fuerzas favorable al movimiento sindical los trabajadores estaremos a merced de gobiernos y empresarios, como se ha demostrado reiteradamente a través de la historia.