Cualquiera que haya seguido las sesiones de control al Gobierno del Congreso de los Diputados, habrá acumulado sobradas razones para desconfiar de la política y de los políticos de este país. Según detallaba recientemente el diario El País, tras analizar más de 300 preguntas (domingo, 2 de enero de 2022), allí predomina el insulto, las mentiras, el trazo grueso, la descalificación del adversario, la exageración y las acusaciones sin pruebas, casi siempre a cargo de los dos partidos mayoritarios de la oposición: PP y Vox. Desde el minuto uno de la investidura del Gobierno de coalición PSOE-UP, en enero de 2020, ese ha sido el clima político, tanto dentro del Congreso, como en las declaraciones públicas de estos dos partidos. ¿Qué podemos hacer los ciudadanos contra esto? ¿Hay razones que justifiquen este clima?¿Tiene remedio esta situación, a todas luces indeseable?

Empezando por lo primero, yo he adoptado una decisión que recomiendo a cualquiera que quiera escucharme, porque desde entonces mi vida es más tranquila y saludable. Al igual que cuido mi dieta y procuro huir de la comida basura y de la comida en mal estado, he decidido no contaminar mi cerebro con discursos basura ni con discursos tóxicos. Hay políticos que, en mi opinión, se han ganado el “derecho” a no ser escuchados. Cada vez que aparecen en la televisión o en la radio, utilizo la tecnología a mi alcance —o sea, el mando a distancia o el del volumen— para silenciarlos. Me evito así grandes dosis de irritación, que es el objetivo perseguido por estos discursos. Ello no quiere decir que sus palabras me parezcan irrelevantes para entender la actualidad política. Pero prefiero leer los resúmenes que hacen los periodistas, que resultan más digeribles y menos irritantes que el directo.

Con respecto a la segunda pregunta, el reciente libro de Ignacio Urquizu —sociólogo, ex-diputado del PSOE por Teruel y actual alcalde de Alcañiz—, cuyo título he copiado en esta columna[1], me ha abierto los ojos sobre que el clima de crispación y de polarización que vivimos no es algo casual ni el producto de la personalidad agresiva de algunos políticos. Por el contrario, se trata de una estrategia buscada, planificada y que ha sido ensayada con éxito en otros países. Según relata Urquizu, esta surgió en Estados Unidos en los años 70 del siglo pasado y ha sido utilizada por el Partido Republicano contra varios presidentes demócratas: Bill Clinton en los años 1980, Barack Obama en la década de 2010 y Joe Biden en la de 2020.

La estrategia consta de varios elementos, que también están presentes en el caso español. En primer lugar, ningún tema queda excluido de la confrontación política, incluso aunque se trate de temas tradicionalmente de Estado tales como la política exterior, el terrorismo o las catástrofes naturales y sanitarias que, por un consenso democrático tácito, solían unir a Gobierno y oposición en beneficio del país. En segundo lugar, se prefieren los enfrentamientos en torno a la llamada “guerra cultural”, es decir, se buscan temas que polaricen claramente a las ideologías en litigio y que estén poco relacionados con las políticas del día a día. Así, en lugar de confrontar sobre los ejes tradicionales izquierda-derecha como pueden ser los impuestos, las relaciones laborales o las políticas de bienestar, se prefiere hacerlo sobre el patriotismo, las identidades nacionales, el terrorismo, la inmigración, o sobre temas relacionados con la moral y la sexualidad como el aborto, la eutanasia, el feminismo, la violencia de género, o los colectivos LGTBI. Se busca además que estos tengan una fuerte carga emocional, porque la derecha ha entendido que, en un debate racional sobre políticas tradicionales, no tiene mucho que ganar. Sabe también que los temas emocionales captan mejor la atención del ciudadano. A continuación, la confrontación consiste en poner de manifiesto lo mal que lo hace el adversario, nunca en exponer cuáles son las políticas propias. El objetivo es debilitarle, quitarle credibilidad, presentarle como incompetente o como traidor a ciertas esencias patrias. La derecha ha descubierto que la política negativa tiene más rendimiento electoral que la propositiva. Por último, la verdad no es imprescindible. Saben que la memoria ciudadana es frágil y que no es capaz de retener con exactitud los datos de la realidad y, menos aún, si se trata de hechos pasados. Por ello, mentir, tergiversar, exagerar o deformar los hechos no tiene apenas coste y sí puede tener grandes rendimientos.

Se trata, más que de una actividad política, de realizar la guerra por otros medios. Al adversario se le convierte en enemigo y el objetivo es aplastarlo sin importar los instrumentos utilizados. No se le debe dar tregua; sus propuestas —independientemente de su bondad o maldad— nunca han de ser dadas por buenas, han de criticarse ferozmente, no deben ver la luz o hay que procurar que fracasen, sea ello bueno o malo para el país. Estas tácticas se elaboran cuidadosamente en los think tank y en los llamados —no por casualidad— war room de los partidos, con el asesoramiento de estrategas profesionales expertos en comunicación.

En España, el pionero en esta forma de entender la política fue Jose María Aznar, que la empleó contra Felipe González. Culpabilizar al Gobierno del terrorismo de ETA fue uno de sus temas recurrentes. También fue Aznar quien importó la innovación de los think tank y de los asesores de comunicación. La mentira de la atribución a ETA de los atentados islamistas del 11-M de 2004 fue reiterada durante años por el PP para restar legitimidad a la elección de Rodríguez Zapatero. El terrorismo de ETA fue utilizado profusamente por Mariano Rajoy, dejando para la historia aquella tremenda frase contra Zapatero: “usted traiciona a los muertos”. Y Pablo Casado la ha seguido empleando contra Pedro Sánchez utilizando la pandemia y la crisis económica subsiguiente para desgastar al Gobierno. En realidad, desde Aznar y siempre que ha gobernado la izquierda, la crispación y la polarización han sido la tónica de la oposición del PP.

El empleo de estas estrategias no es inocuo: provoca la parálisis de las instituciones —el ejemplo actual más palpable es el bloqueo del PP a la renovación del Consejo del Poder Judicial—, disminuye la confianza en el sistema, acentúa las fracturas sociales y fomenta la abstención. Los ciudadanos no militantes se alejan de la política. En definitiva, debilita la democracia. Las consecuencias podrían ser aún peores si la polarización de las élites arrastrara a la ciudadanía. Eso es lo que sucedió en la Segunda República española o en la República de Weimar alemana en los años 30. El resultado final fue la instauración del fascismo que, en España, duró 40 años.

¿Es posible algún remedio? Urquizu nos hace notar un dato importante sobre la Transición de 1978: tan relevante como dotarnos de una Constitución y unas instituciones democráticas, es que nos enseñó un modo de hacer política: ante importantes desafíos, pactaron entre diferentes en beneficio del país. Así, los Pactos de la Moncloa de 1977 supusieron un acuerdo de Estado para conjurar la brutal crisis de esos años, con una inflación de dos dígitos; los de Ajuria Enea, en 1988, supusieron la unión de todas las fuerzas democráticas contra el terrorismo, renunciando la oposición a utilizarlo en la confrontación partidista.

Es decir, existe otra forma de hacer política, donde los debates versen sobre los problemas reales del país —como son la economía, el cambio climático, la despoblación, etc.— y no sobre guerras culturales impostadas y donde, en lo posible, se alcancen acuerdos transversales en beneficio de los ciudadanos. Los partidos tienen mucho camino que recorrer en esa dirección, por ejemplo, mejorando la forma de seleccionar a sus líderes y dotándose de órganos internos de debate y control que permitan corregir o mitigar los inevitables errores de estos. Pero, sobre todo, renunciando a las políticas de crispación y de debilitamiento de las instituciones como método para crecer electoralmente. Pero, si los partidos no lo hacen, también los ciudadanos tienen su parte de responsabilidad en este estado de cosas: deben penalizar electoralmente a los crispadores, a los que polarizan y a los que mienten. Solo así, sus partidos entenderán que estas estrategias no son admisibles.

______________________________________

[1] Otra política es posible, Ignacio Urquizu, Penguin Random House, colección Debate, 2021