Barcelona es una gran ciudad marítima, con un nivel de renta por encima de la media española, una tradicional buena calidad de vida, una gran actividad cultural y un clima benigno por su situación mediterránea.

Esta situación, su puerto, cercanas playas, gastronomía, monumentos y capacidad hotelera hacen de esa ciudad un importante destino turístico. Esta destacada actividad económica, junto con el comercio, los servicios y la industria de sus ciudades periféricas configuran Barcelona como un importante centro económico que, desde la celebración de la Olimpiada de 1992, goza de un gran prestigio internacional.

Por todo ello, no es extraño que, como parece, los trabajadores de la Agencia Europea del Medicamento eligieran Barcelona como la ciudad que debía acoger la sede de este organismo una vez que abandone Londres debido al Brexit.

El problema es que, el momento en el que se ha debido hacer la elección de la nueva ciudad sede de este organismo no coincide con la mejor época de Barcelona, escenario desde hace muchos meses de manifestaciones de masas, huelgas generales y algún suceso luctuoso que ha alterado las condiciones de cotidianeidad de la ciudad.

Su gobierno municipal se mantiene en condiciones precarias apoyado por, solo, 11 concejales de los 41 que forman la Corporación Municipal. De él acaban de salir los 4 concejales del PSC que ampliaban esa exigua proporción, pero la Alcaldesa les ha cesado en sus funciones rompiendo el pacto firmado entre ambas formaciones.

Esta Alcaldesa es Ada Colau, una antigua activista social que tiene en su pasado relaciones con el movimiento okupa y en su presente ciertas actitudes de comprensión, cuando no de permisibilidad, con este movimiento, puestas de manifiesto con algún famoso caso en el barrio de Gracia. Parece tener, además, la creencia de que la ciudad sufre de un turismo excesivo, por lo que suele tomar decisiones que tienden a limitar la oferta hotelera de Barcelona.

Por encima del gobierno municipal está el del Generalitat de Cataluña, ubicado en su capital, Barcelona. El último gobierno elegido en las elecciones de 2015 se constituyó con los votos de una coalición formada por un partido conservador, Partido Democrático de Cataluña (PdCat) y otro de izquierdas, de nombre Esquerra Republicana de Cataluña. Como los votos de ambos grupos de diputados eran insuficiente, recibieron el apoyo condicionado de otro grupo llamado Candidatura de Unidad Popular, que se define, entre otras cosas, como anticapitalista. La condición que puso fue el nombramiento del President, que terminó siendo Carles Puigdemont, del partido PdCat.

Este gobierno catalán, incumpliendo la legislación, desobedeciendo a los tribunales y desoyendo las advertencias de los principales líderes europeos, organizó y desarrolló un proceso ilegal de independencia de Cataluña respecto de España, que ha provocado la lógica intervención de la justica española.

Como consecuencia de ello, Puigdemont se encuentra huido de la justicia española, al igual que cuatro de los miembros de su gobierno y a la espera de que un tribunal de Bélgica se pronuncie sobre el cumplimiento de una orden internacional de detención.

El Vicepresidente de ese gobierno, Oriol Junqueras, así como el resto de los miembros del mismo (a excepción de uno que había dimitido previamente) se encuentran en una cárcel española por orden judicial, ya que están acusados de varios, y graves, delitos.

Para garantizar la gobernación de Cataluña, la Generalitat está intervenida por el Gobierno de España en aplicación de un procedimiento que, aunque previsto en la Constitución, nunca se había utilizado anteriormente debido a su excepcionalidad y obligado en la actualidad debido, también, a las circunstancias descritas, ciertamente excepcionales.

Para intentar resolver esta situación, el Gobierno de España ha convocado unas próximas elecciones que algunos de los partidos que optan a gobernar Cataluña han calificado de ilegítimas, aunque eso no impide que se presenten a las mismas con candidatos que están en la cárcel o huidos, quizás con la paradójica intención de dotar de mayor legitimidad a esas elecciones.

Hay que reseñar, también, que una candidata a presidir Cataluña en el futuro, ha dicho que el Gobierno de España amenazó con llenar las calles (hay que presumir que de Barcelona) de muertos por el empleo de armas de fuego contra la población.

Y, lo peor de todo, nadie puede asegurar que la situación pueda sufrir grandes cambios en los próximos tiempos.

Pues bien, a pesar de todo ello, había en España quien pensaba que los dirigentes políticos Europeos podían elegir esa ciudad, Barcelona, y en estos momentos, como la sede de un organismo internacional como la Agencia Europea del Medicamento.

Para que luego digan que a los españoles nos falta autoestima.