La pandemia generada por el coronavirus está produciendo una situación inédita en el conjunto del planeta desde muchos puntos de vista. Algunos no son nuevos, porque hay que recordar que esta no es la primera epidemia o pandemia que asola al mundo y mucho menos que incide en España. Sin irnos más allá el siglo XIX, España no sólo periódicamente sufría mermas demográficas significativas por las guerras, el hambre o por su fuerte y tradicional emigración, sino que las epidemias eran un elemento relativamente frecuente de reducción poblacional. De hecho, en el siglo XIX con las epidemias de fiebre amarilla de 1821 y 1870, y con las cuatro epidemias de cólera de 1833 (más de 100.000 muertos), 1853 (más de 200.000 muertos), 1865 (más de 230.000 muertos) y 1885 (más de 120.000 muertos) su demografía y su economía se vieron seriamente afectadas. En el siglo XX, son suficientemente conocidos los constantes brotes de epidemias en distintos países, con orígenes fundamentalmente en Asia y África, aunque muy pocos alcanzaran la condición de pandemia. No obstante, hay que señalar los del orden de 50 millones de muertos que se asocian a la mal denominada gripe española, entre 1918-1919, los más de 3 millones asignados a los distintos brotes de gripe desde 1957 a la actualidad, o los cerca de 35 millones que se asignan al SIDA desde 1981 a la actualidad; cifras todas ellas muy lejos de las asignadas a las epidemias/pandemias más específicas del siglo XXI: SARS, EBOLA o MERS.

Sin poder estimarse por ahora cuál será su incidencia final, tanto sobre la salud de la población como sobre el número final de decesos asignables al coronavirus[1], es evidente que esta pandemia está íntimamente ligada a la globalización y va a interrelacionar muy directamente con la misma. Sus efectos sobre la globalización, sobre cambios potenciales en el modelo territorial y sobre las ya de por sí muy amplias desigualdades sociales existentes, pueden ser de una magnitud inédita, afectando incluso a las formas de relación social, con un incremento significativo del individualismo y del control social para reducir el número básico de reproducción del contagio (Ro: media de personas contagiadas por cada positivo previo).

Aspectos todos ellos que pueden llegar a afectar al propio modelo de crecimiento de la sociedad capitalista de consumo actual, aunque no necesariamente en sentido positivo, como podremos apreciar a lo largo de éste y los próximos artículos, donde iremos analizando los posibles Escenarios asociados a una sociedad en la que el cambio global, en sus facetas de cambio climático, pérdida de biodiversidad, deterioro ambiental, crisis financiero-especulativa, revolución científico-técnica, incremento de desigualdades sociales y del malestar social, y potencial crisis de sobreproducción, se ve radicalmente tensionada por el actual –pero seguramente no único- cisne negro de la pandemia del coronavirus.

Porque no se trata sólo de su incidencia actual en el primer trimestre del año, sino, como señala el Imperial College London, en su boletín nº13, de 30 de marzo de 2020[2], que intenta inferir el impacto en 11 países europeos del coronavirus, la tasa actual de inmunización europea es reducida, lo que lleva a que el virus podría volver a propagarse rápidamente si se levantan las intervenciones de aislamiento puestas en marcha en estos países[3]. Pero el tipo y la duración de estas intervenciones está muy directamente relacionada con la magnitud de los negativos efectos económicos y sociales que se pueden producir. Efectos que nos llevan a mostrar, en la práctica, las consecuencias de otro de los fracasos de los organismos internacionales (OMS) en la prevención; pero también la ineficacia en la misma de una UE cuyos supuestos objetivos de bienestar ciudadano, libre circulación de personas, mercancías y flujos financieros sólo es capaz de garantizarlos para el capital, pero no ante procesos migratorios previsibles (y que se incrementarán en intensidad en un futuro por efecto de circunstancias climáticas y geo-económicas) o ante una pandemia como la del coronavirus, en la que la prevención y reacción inmediata para frenar daños mayores debería ser del conjunto de la UE. ¿Será capaz de asumir su responsabilidad de una manera efectiva mutualizando sus efectos? ¿Aprenderá para la próxima pandemia o se repetirán los errores? ¿Colaborará en el desprestigio, distanciamiento y debilitamiento de la UE la situación post-pandemia?

En este primer artículo nos vamos a centrar en la incidencia de la pandemia sobre la salud y sus consecuencias territoriales y sobre el reto demográfico. Las consecuencias demográficas finales se pueden estimar a partir de los Informes del Sistema de Monitorización de la Mortalidad diaria (MoMo) en España[4], cuyos datos a 31 de marzo de 2020 nos señalan que, del 17 al 30 de marzo de 2020, se ha producido un incremento del 34% en la mortalidad por todas las causas, en España, con una probabilidad del 95%, tal y como se aprecia en el gráfico siguiente. Ese incremento es mayor en hombres (42%) que en mujeres (23%), y se concentra en los mayores de 74 años, cuya mortalidad se habría incrementado en un 39%, seguido de la del grupo de edad de 65 a 74 años, con un incremento del 35%, frente a solo un 6% para la de los menores de 65 años.

Fuente: Sistema de Monitorización de la Mortalidad diaria (MoMo) en España4. Mortalidad por todas las causas observada y esperada. España, diciembre 2019 hasta 31 de marzo de 2020.

 

Es importante señalar que estas cifras de defunciones son diferentes de las asociadas al coronavirus, ya que incorporan las muertes totales (que habrán disminuido sobre las esperadas en condiciones normales, por ejemplo por accidentes de tráfico, por disminución de la contaminación o por accidentes laborales ante las medidas puestas en marcha); pero, de hecho, reflejan las consecuencias totales sobre la mortalidad de la pandemia y de las acciones asociadas a la misma (que sólo se han puesto en marcha en razón de su existencia), aunque la calidad de los datos de defunciones no es buena para varias CCAA en los últimos días registrados (lo que explica la reducción de los muertos totales en esos días) sobre todo en Galicia Madrid y La Rioja.

Dada la diferente estructura demográfica regional y su diferente grado de envejecimiento, es importante considerar su efecto diferencial sobre CCAA fundamentalmente urbanas y aquellas otras en que predomina la ruralización, caracterizadas por un mayor envejecimiento y despoblación, aunque no es la comunidad autónoma sino la provincia el referente que podría hacernos más útil la comparación (Castilla la Mancha, por ejemplo, tiene una superficie muy considerable de comportamiento como expansión de Madrid en el eje Madrid-Toledo y en el Madrid-Guadalajara; o Aragón tiene un comportamiento claramente diferenciado con la macrocefalia regional de Zaragoza frente al medio rural de Huesca o Teruel). En todo caso, como se señala en el Informe, se detectan, para marzo de 2020, excesos de mortalidad en Andalucía, Aragón, Islas Baleares, Cantabria, Castilla y León, Castilla La Mancha, Cataluña, Comunitat Valenciana, Extremadura, Comunidad de Madrid, Navarra y País Vasco. En ellas, el exceso de mortalidad se concentra en los grupos de edad de mayores de 74 y, en menor medida, en los de edad entre 65 y 74 años.

Analizando la relación entre población de cada CCAA mayor de 74 años en julio de 2019 (último dato disponible en el INE) y el porcentaje de incremento de las defunciones en este tramo de edad, encontramos una clara correlación para el conjunto de CCAA con datos, exceptuando Madrid, Navarra y Castilla la Mancha, que registran un mayor número de decesos que los que corresponderían a esa correlación, tal y como se aprecia en la Figura siguiente.

Fuente: Elaboración propia con datos del INE, para julio de 2019, y del Sistema de Monitorización de la Mortalidad diaria (MoMo) en España, para marzo de 2020.

 

Aunque no se dispone de los datos de defunciones desagregados por provincias en la actualidad para dicho mes de marzo de 2020, sí podemos estimar una relación directa entre el fenómeno demográfico y la incidencia relativa del coronavirus. Relación que, de forma compatible con la Figura anterior, nos permite estimar esta incidencia atendiendo a la estructura demográfica provincial que se sintetiza en el Cuadro siguiente. En él se aprecia que, además de Asturias y Galicia, sobre los que no se dispone de datos de exceso de defunciones de MoMo, serían provincias de Castilla y León y de Aragón las potencialmente más expuestas por estructura demográfica. Sin olvidar, como recogíamos en un artículo anterior de esta sección, que, en el último decenio, 31 provincias españolas han perdido población, destacando Zamora (-12%), Cuenca (-10%), Teruel (-9%) y Ourense (-8%), todas ellas con negativas condiciones en su estructura demográfica. Y que el resultado de las proyecciones al 2030 del INE para las provincias españolas de las dos variables básicas (población total y potencialmente activa) nos mostraban un panorama preocupante para las 28 provincias que disminuirían su población total, de las cuales destacarían, con pérdidas superiores al 5%: Soria y Segovia (-6%); Lugo, Asturias, Cuenca, Ciudad Real, Salamanca, Teruel, Ourense y Cáceres (-7%); Jaén y Palencia (-8%); Ávila y León (-9%); y Zamora (-13%). Y con pérdidas significativas en el Escenario tendencial para la población potencialmente activa (entre 15 y 65 años), en el período 2018-2030, existen 32 provincias, siendo particularmente graves los casos de Zamora (-20%); Palencia (-17%); León (-16%); Ávila (-14%); Cáceres y Asturias (-13%); Salamanca, Lugo y Jaén (-12%); Teruel, Ourense y Ciudad Real (-11%); y Burgos, Cuenca, Soria y Segovia (-10%).

Evidentemente, los problemas en cada provincia no son homogéneos. En cada una de ellas existe una distribución de municipios por tamaño, dinámica demográfica, envejecimiento y potencialidades de sostenibilidad socioeconómica diferenciadas. Adicionalmente, las áreas urbanas de cada provincia presentan comportamientos sociales diferenciados con una creciente importancia del individualismo y de estilos de vida cada vez más influenciados por el “american way of life”, donde la predominancia de las formas de consumo y del éxito monetario condicionan los tipos de relación social y el uso de tiempo, a medida que el área urbana crece en tamaño y complejidad[5].

Antes de la pandemia del coronavirus, la distribución de los municipios españoles por tipología demográfico-productiva se reflejaba en la tabla siguiente. En ella se aprecia que del orden del 1% de los municipios[6] son centros de expansión de Regiones Funcionales Urbanas (RFU) o de Áreas Metropolitanas (AM); cerca de otro 4% son áreas urbanas y cerca del 23% podemos considerarlos municipios intermedios (semirurales/semiurbanos); y el 72% de los municipios restantes existentes en España, no incluidos en los ámbitos supramunicipales antes señalados, serían municipios rurales. Y, de ellos, los fundamentales a efectos de su riesgo de supervivencia, son los municipios rurales denominados “en despoblación”, que constituyen del orden del 22% del total de municipios existentes en España.

Fuente: Elaboración propia con datos del INE, SEPE, Seguridad Social y CCAA.

 

En total apreciamos que algo más del 49% de los municipios tienen una actividad agrícola relevante, aunque en muchos esa actividad no es la predominante, sino que se produce conjuntamente con la del sector servicios o industria y construcción. En los municipios que son cabeza de RFU o AM la relevancia de la agricultura es nula, como es lógico, y en los que son cabeza de área urbana (AU) su relevancia sólo se produce en el 5% de los mismos (16 municipios). Pero más significativo es que en los municipios intermedios y rurales que no están en despoblación, sólo en un 19% y 54%, respectivamente, tienen una actividad agrícola relevante, proporcionándonos uno de las primeras conclusiones del cuadro: los municipios rurales que logran evitar la despoblación no son exclusivamente municipios agrícolas sino, fundamentalmente, municipios con concurrencia de actividades productivas.

De ellos, una parte sustancial es un territorio progresivamente colonizado y subordinado a las necesidades de expansión o actividad de las grandes áreas urbanas. cuya área de influencia se hace cada vez más amplia, en línea con las mejoras de accesibilidad en transporte por carretera, permitiendo que el número de municipios rurales que se van integrando en la funcionalidad urbana, turística o de ocio, de estas áreas urbanas sea progresivamente creciente.

Complementariamente, los municipios rurales desfavorecidos y en despoblación muestran un carácter muy distinto, ya que en ellos el 81% tienen una actividad agrícola dominante, aunque en su seno hay fuertes diferencias en la población total, dinámica demográfica, envejecimiento, porcentaje de pensionistas y niveles de población activa en distintos sectores. En todo caso, la falta de oportunidades para encontrar alternativas de trabajo, acceso a equipamientos básicos, o para consolidar núcleos familiares para los escasos jóvenes que residen en los mismos –y en mayor medida para las jóvenes[7]– colaboran al decrecimiento vegetativo con saldos migratorios negativos, haciendo en muchos casos absolutamente irreversible su situación.

El acceso a los servicios básicos desde el medio rural ha cambiado radicalmente con el incremento de la motorización y la mejora de red viaria en España que hace accesible para las personas con vehículo propio y carnet de conducir el acceso a los mismos. Pero son muchas las personas en este medio que, por edad o condiciones físicas no disponen de estas posibilidades y dependen de un transporte público inadecuado e ineficiente para la inmensa mayoría de los núcleos rurales desfavorecidos. En paralelo, se ha producido una deslocalización creciente de servicios básicos en los propios núcleos de población rurales, concentrando las comunidades autónomas competentes los servicios públicos en las cabeceras de comarca correspondientes, y cerrando los privados por criterios de rentabilidad ante una demanda insuficiente para hacer rentable los servicios (bancarios, comerciales, de transporte privado,…) que además es decreciente.

Lo que sí es común en la inmensa mayoría de los municipios rurales no insertos en las áreas directas de influencia urbana, fundamentalmente en los de población inferior a los 5.000 habitantes, es la inexistente o baja dotación de medios sanitarios para responder a la demanda previsible asociada a la actual pandemia. De hecho, la única defensa de los municipios despoblados y envejecidos de las provincias destacadas en el Cuadro es la de conseguir el aislamiento total de posibles contagiados mientras la saturación de los hospitales tenga los niveles álgidos de la actual fase central de la pandemia. Pero el aislamiento no puede ser eterno y si la pandemia no se erradica o no se encuentran pronto medicamentos y vacunas para su tratamiento o prevención, estos municipios, de alto envejecimiento y fragilidad ante las enfermedades, tendrán motivos adicionales para acelerar su insostenibilidad.

No obstante, la crisis que afecta al sector agrario desde el punto de vista productivo[8] ha sufrido un cambio radical en la percepción ciudadana como consecuencia de la pandemia. La capacidad de autoabastecerse ha cobrado una dimensión estructural fundamental en la percepción social y muy probablemente abra la puerta a cambios significativos para el sector y, consecuentemente, para el actual Modelo territorial español.

En conclusión, podemos señalar que el Modelo territorial español, en el marco dominante de una sociedad capitalista de mercado globalizada e hiperconectada, es marcadamente concentrado y polarizado, donde las grandes áreas urbanas (RFU o AM) juegan un papel económico, social, demográfico y territorial determinante, coadyuvando a unas condiciones idóneas para la propagación de pandemias como la actual del coronavirus. Los territorios rurales sostenibles presentan una dinámica dependiente de las necesidades de ese Modelo concentrador y globalizado, bien con el desarrollo de actividades de productividad suficiente para, por sí solos o con las ayudas derivadas de las políticas agrícolas europeas (PAC) o de los fondos de cohesión, abastecer a los mercados locales e internacionales; o, por situarse en ámbitos cada vez más accesibles e integrados en las dinámicas urbanas (turismo ambiental y rural, segunda residencia, ocio, etc.), presentan una actividad en el sector de la construcción de viviendas y en el de servicios para esta población de temporada, que les permite una cierta estabilidad socioeconómica y demográfica. Sin embargo, los que hemos denominado espacios rurales desfavorecidos, aunque heterogéneos, tienen difíciles condiciones de supervivencia que la pandemia no ha hecho más que intensificar.

Para terminar este artículo, desde la perspectiva de los efectos sobre el Modelo de desarrollo, a los que nos referiremos en los próximos artículos, se puede adelantar, en el capítulo económico, que la pandemia, tras incidir de una manera relativamente marginal en China, y más significativamente, pero también de forma reducida en general en todo el este asiático y Australia, acaba de mostrar sus primeras consecuencias para España a partir de los datos de empleo, paro y afiliación a la seguridad social, con cifras históricas para el mes de marzo: destrucción de casi 900.000 afiliados[9] en menos de tres semanas, e incremento de los parados en más de 302.000 personas, a los que incorporar los más de 620.000 afectados – que podrían llegar a más que triplicarse- por la reducción transitoria de empleo (ERTE) o las más de 250.000 bajas laborales asociadas a contagiados y a personas en cuarentena, así como la superación del medio millón de solicitudes de autónomos con cese forzado de su actividad.

En este marco, el Gobierno ha optado por una política social para asegurar que los trabajadores y los menos favorecidos no sufrieran las peores consecuencias, incrementándose todavía en mayor medida las graves desigualdades de la sociedad española. Sus medidas asociadas a la situación de alarma se han dirigido a promover que las empresas mantengan el empleo, financiando con recursos públicos las prestaciones y cotizaciones mientras dure la pandemia, promoviendo moratorias y líneas de liquidez para empresas y autónomos, con el objetivo complementario de reducir los costes que van a implicar para dichas empresas y autónomos las medidas puestas en marcha para combatir la pandemia. Sus efectos sobre los distintos sectores y territorios, en un marco donde el comercio internacional de mercancías y personas –aunque no de servicios- está teniendo una fuertísima reducción, serán aspectos a recoger en los próximos artículos.

No obstante, sus efectos económicos, como los de todas las crisis del capitalismo, sí discriminan entre tipos de trabajo y situaciones laborales, entre y ricos y pobres –que tienen posibilidades muy diferentes de afrontar el aislamiento domiciliario por el tipo de sus residencias y los metros cuadrados por persona que las habitan disponibles-, o por lugar de residencia: centro de las ciudades, periferia, medio rural o medio rural desfavorecido. Y sobre cada uno delos grupos sociales y territorios, los efectos derivados de las consecuencias económicas de la tremenda recesión y desestructuración económica de la globalización que el aislamiento está generando van a ser también muy significativos.

En este marco, en los próximos artículos nos centraremos en cuatro aspectos potenciales de afección de la pandemia a un Modelo de crecimiento de la sociedad capitalista de consumo en crisis como consecuencia de un cambio global que la ha ido progresivamente fragilizando: 1. Escenarios de globalización y el papel del comercio mundial. 2. Pautas de cambio socioeconómico asociadas a la revolución científico-técnica y a las nuevas pautas de control social. 3. Incidencia de la insostenibilidad ambiental en los Escenarios de localización y deslocalización de actividades en las grandes áreas urbanas. 4. El papel en un nuevo modelo de desarrollo ambientalmente sostenible de un medio rural con una autosuficiencia agroalimentaria potenciada por la pandemia.

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[1] Las previsiones tienen un campo de variación muy elevado: desde más de un millón, para EEUU a 200.000 muertos con las medidas de aislamiento generalizadas en el país. Sin las medidas puestas en marcha, el Imperial College London estimaba, en su boletín nº11 del orden de 2,2 millones de muertos (https://www.imperial.ac.uk/mrc-global-infectious-disease-analysis/covid-19/) para EEUU, y del orden de 510.000 para Gran Bretaña. A los que habría que añadir los del resto de Europa y varios millones más para América central y Sudamérica, África y Asia.

[2] https://www.imperial.ac.uk/mrc-global-infectious-disease-analysis/covid-19/report-13-europe-npi-impact/

[3] En el citado trabajo, estiman que las intervenciones en los 11 países habrían evitado unas 59.000 muertes hasta el 31 de marzo [intervalo del 95%, entre 21,000-120,000], de las cuales unas 16.000 corresponderían a España. También estiman que, en los 11 países, entre 7 y 43 millones de personas han sido infectadas con SARS-CoV-2 hasta el 28 de marzo, lo que representa entre el 1.88% y el 11.43% de la población de los 11 países (media de 6,6% y del 15% en España).

[4] https://www.isciii.es/QueHacemos/Servicios/VigilanciaSaludPublicaRENAVE/EnfermedadesTransmisibles/MoMo/Documents/informesMoMo2020/MoMo_Situacion%20a%2031%20de%20marzo_CNE.pdf

[5] La familia tradicional (padre, madre y uno o más hijos) es crecientemente minoritaria en estos ámbitos, representando menos del 40% en la actualidad según el último Censo, de 2011 y la Encuesta de Condiciones de Vida a Hogares del INE.

[6] Las delimitaciones de Regiones Funcionales Urbanas (RFU), Áreas Metropolitanas (AM) o Áreas Urbanas (AU) se realizan en base a la consideración de espacios supramunicipales diferenciados por su tamaño, estructura y dinámica demográfica. Cada uno integrado por ámbitos municipales interconectados por especialización funcional productiva, por conectividad a través de sistemas públicos de transporte, por accesibilidad en trasporte privado, por flujos de relaciones de viajes cotidianos, interconexiones telefónicas o telemáticas, y por la disponibilidad de centros supramunicipales de equipamientos y servicios, y sus respectivas áreas de influencia. Distintas metodologías conducen a distintas delimitaciones con caracterización generalmente marginal en los municipios de sus límites externos integrados en cada caso. La clasificación aquí recogida responde a una metodología propia iniciada en la investigación, de 1982: Serrano, A. et alt. (1982): «La problemática inherente al papel de los sistemas de infraestructura en la conformación de las áreas metropolitana de desarrollo reciente. Aplicación al área metropolitana de Valencia». Ayuda de investigación del Centro de Estudios de Ordenación del Territorio y del Medio Ambiente (CEOTMA) del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo (MOPU). Madrid. Mimeo. Octubre 1982. Y consolidada y ampliada, posteriormente, con la última aproximación publicada en Serrano, A. (2012): «Modelo territorial y cambio global: el horizonte español a medio plazo”. Ciudad y Territorio: Estudios Territoriales. Madrid: Ministerio de Fomento, primavera de 2012, núm. 171, p. 11-36.

[7] Las mujeres en el medio rural sufren elevados niveles de discriminación y vulnerabilidad, tanto por motivos culturales, de inadaptación de una población envejecida en este medio a las pautas de vida actuales dominantes en los medios de comunicación, como por el riesgo de una violencia de género tradicional en una sociedad profundamente machista. El resultado es que en los municipios rurales y fundamentalmente en los de menor tamaño, se constatan históricos saldos migratorios femeninos negativos desde la mitad del siglo XX.

[8] Las protestas agrarias previas a la pandemia ante las negativas perspectivas de futuro de un sector primario con un alto porcentaje de explotaciones que no tiene asegurado el reemplazo generacional, se insertaban en un medio que, desde 1980 a la actualidad, ha perdido radicalmente peso en cuanto a su colaboración en el empleo (3,9% a finales de 2019) y en el valor añadido bruto español (2,7% a finales de 2019), dejando de ser la actividad prioritaria en la inmensa mayoría de los 7.378 municipios españoles menores de 10.000 habitantes, y en el que los inmigrantes tienen un indudable peso en el empleo agrario, ya que un 7% de los extranjeros trabajan en él, frente a un 4% de los nacionales. Importancia de trabajadores inmigrantes y temporeros que el cierre de fronteras y la inmovilización asociadas a las medidas para luchar contra la pandemia han significado un nuevo problema para la supervivencia de muchas explotaciones de temporada.

[9] El cierre de restaurantes y hoteles ha generado una disminución de la afiliación en más de 181.000 personas desde el 12 al 31 de marzo (14% del total), pero ha sido la construcción, con una reducción de casi 152.000 personas afiliadas la que ha perdido un mayor porcentaje: el 17% de su afiliación.

 

Fotografía: Carmen Barrios