El BOE del 14 de marzo de 2020 recoge el Real Decreto 463/2020 por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, generador de una pandemia en el conjunto de planeta. Cuatro días después, el Presidente de Gobierno ha expuesto en un pleno peculiar del Congreso el conjunto de medidas puestas en marcha en la lucha común contra el coronavirus, con el apoyo, más o menos política y oportunistamente matizado, de la oposición. La misma noche, el Rey, en una situación no precisamente boyante de la monarquía, resalta el objetivo común de la lucha contra el coronavirus en una situación de emergencia nacional.
Hace dos meses, en esta misma sección publicábamos un artículo sobre “Un nuevo ministerio ante una década de riesgos” con el referente del cambio global y de la fragilidad, inestabilidad y riesgos de una sociedad capitalista de consumo, predominante a nivel global, cuya insostenibilidad aparece cada vez más clara, no sólo en lo que respecta a la dinámica ambiental (cambio climático, pérdida de biodiversidad, degradación de mares, ríos, bosques, etc.) sino también en lo que afecta al malestar ciudadano (degradación de empleos y salarios, de los servicios públicos ligados al bienestar, o de las expectativas de futuro asociadas a un crescendo continuado de las desigualdades económicas) o a las propias condiciones de funcionamiento de la economía (crisis de sobrecapacidad, resurgimiento del nacionalismo antiglobalizador, disrupción tecnológica impulsada por la revolución científico-técnica, etc.) o, por último, a las nuevas dinámicas geopolíticas (conflictos EEUU-China, nuevo papel de Rusia en el extremo oriente, conflicto chiíes-sunníes, etc.).
En el artículo se hacía referencia, entre otros, a los riesgos de “cisnes negros” que aceleraran los procesos de crisis e incidieran sobre una situación que, en términos “gramscianos”, podríamos definir como de agonía del viejo paradigma simultánea a una indefinición del nuevo, que no termina de perfilarse y consolidarse.
En el citado artículo se señalaba que el Global Risk 2020[1], presentado en el Foro de Davos, recogía un Capítulo 6º (Sistemas de Salud bajo Nuevas Presiones) dedicado a las preocupaciones por el deterioro en las condiciones que afectan a la salud de la población, destacando la incidencia de nuevas enfermedades y el hecho de que el aumento de la longevidad y los costos económicos y sociales de la gestión de enfermedades crónicas han puesto bajo tensión los sistemas de salud en muchos países. Las pandemias como riesgo no sólo están presentes en ese documento, sino que es uno de los históricamente tradicionales, junto a los nucleares (accidentes o conflictos bélicos), los asteroides o similares, todos ellos de baja probabilidad de ocurrencia por sus largos períodos de retorno en términos estadísticos, pero que no deben dejar de considerarse porque el producto de su baja probabilidad por sus efectos, que es lo que nos permite medir los niveles de riesgo, sí resulta relevante ante la magnitud de la gravedad de dichos efectos.
El conocimiento de los riesgos y la estimación estadística de sus periodos de retorno deberían servir para aplicar el principio de precaución proporcionalmente a los mismos, lo que, fundamentalmente, implica establecer protocolos de alerta, respuesta y control y, sobre todo, una potenciación de la I+D+i en los campos de previsión y respuesta afectados por los mismos. La magnitud y necesidades de cada efecto recomiendan la magnitud y nivel de organización al que deben afrontarse los distintos riesgos. Los que pueden convertirse en pandemias necesitan soluciones globales a las que organizaciones como la OMS poco aportan desde el punto de vista operativo de la previsión y combate. Pero es evidente que la Unión Europea debería ser (debería haber sido) el marco de una consideración conjunta de estos riesgos y del establecimiento de políticas y medias concretas y unitarias respecto a los mismos. Pero, como en muchos otros temas, los europeístas convencidos nos encontramos con otro ámbito de absoluto fracaso de una Unión cuyos objetivos, propuestas y gestiones no parecen priorizar la búsqueda de la mayor protección y bienestar de sus ciudadanos.
El problema principal de la pandemia generada por el coronavirus se encuentra en la incapacidad de reacción de un sistema sanitario que, por ejemplo en el caso español se encontraba saturado, con largas listas de espera e incapaz de soportar la avalancha de nuevas necesidades de camas preparadas para la atención a personas infectadas por el virus, con necesidad de respiración asistida y, normalmente, con problemas complementarios agravados por el coronavirus. La fuerte incidencia de su capacidad de contagio y la vulnerabilidad de la tercera edad ante su expansión explican la urgencia de medidas que reduzcan su velocidad exponencial de incidencia social ante un sistema sanitario absolutamente desbordado. Proceso nada nuevo y que ha sido perfectamente explicado en los media y en las redes sociales. Pero proceso también en el que para solucionar esa insuficiencia estructural del sistema sanitario se están adoptando medidas con consecuencias que, a medio-largo plazo, pueden superar, con mucho, en gravedad sobre la salud e incidencia socioeconómica a las directamente derivadas de la expansión del coronavirus.
Éstas, en las distintas fuentes que están estudiando lo que puede suceder, varían muy significativamente en cuanto al alcance total, siendo una de las previsiones más pesimistas las recientemente publicadas por el Imperial College de Londres[2], a las que se achacan el haber promovido el cambio de políticas ante la pandemia en el Reino Unido y EEUU, dada su previsión sobre el número de víctimas a la que se expondrían con su política de no afección al sistema productivo e inacción frente a su expansión. Política que implícitamente tenía en cuenta que, aunque la incidencia de la mortalidad es muy desigual de un país a otro, es común la gravedad de la misma sobre los mayores de 70 años (en Hubei, los datos publicados por las autoridades chinas señalan un tasa del orden del 18% para los mayores de 80 años, del 10% para los de 70 a 79 y del orden del 5% para los de 60 a 69 años, cayendo radicalmente esta tasa para los de menor edad) por lo que podemos hablar de una epidemia que incide fundamentalmente sobre la población jubilada.
Las previsiones del Imperial College señalan que la pandemia puede extenderse entre 12 y 18 meses, hasta que exista una vacuna operativa; previsión avalada igualmente por la llegada del invierno al hemisferio sur y la previsible expansión del corona virus por los países correspondientes, con la incidencia inevitable en la retro-contaminación, el comercio internacional, en el mantenimiento de las cadenas de producción y en actividades básicas ligadas al transporte y al turismo.
Warwick McKibbin y Roshen Fernando, de la Universidad Nacional de Australia, en su trabajo “The Global Macroeconomic Impacts of COVID-19: Seven Scenarios”[3], en base a los efectos históricos de distintas pandemias y, en particular, de los de la epidemia de gripe de 2006, señalan que lo más probable es que la pandemia actual pueda tener un efecto moderado, del orden del 2%, en el crecimiento global -situándose algo por encima de otras estimaciones que lo sitúan entre el 1,3% y dicho 2%- aunque su efecto no se distribuiría uniformemente: los países más pobres y los que tienen menor capacidad de reacción, por estar cerca de una situación de recisión –como sucede en Italia y otros países europeos[4]– sufrirán mayores porcentajes de reducción. Pero si del escenario “moderado” pasamos al “severo”, los resultados podrían estar en la línea de los efectos de la pandemia generada por la gripe denominada española, de 1918-19, con una reducción del PIB mundial del orden del 5%, caída similar a la de 2009, que, en el caso europeo por su particular situación actual podría llegar a duplicar esta cifra (cálculo superior al 8% para Italia, Francia y Alemania).
Naturalmente, los resultados derivados van a depender en gran parte de las políticas que se lleven a cabo en cada país y de la respuesta que se desarrolle desde los bancos centrales y de las exigencias de cumplir las restricciones de déficit público y endeudamiento vigentes en la Unión Monetaria Europea. O, lo que es lo mismo, de a quién van dirigidas las ayudas y quienes sufrirán las consecuencias.
Se supone que hasta el FMI ha aprendido que las políticas de ajuste han tenido un coste en malestar de los ciudadanos que implicaba peligros para la “estabilidad del sistema”; lo que le llevaban, en su informe de enero de este 2020, a recomendar políticas sociales que evitaran el crecimiento de ese malestar.
No obstante, no podemos olvidar que el reciente cierre de la bolsa española a la inversión de fondos buitre oportunistas y al capital-riesgo ha generado automáticamente, al día siguiente, la respuesta esperable del sistema financiero-especulativo que controla el modelo de crecimiento actual: subida radical de la prima de riesgo española desde niveles de los 70 puntos a los 145 del 18 de marzo tras el conocimiento de las medidas adoptadas por el Gobierno español.
Reacción tradicional para evitar cualquier tipo de políticas que se aparten de la “ortodoxia” de conservación y reproducción del sistema de dominio del sistema financiero-especulativo, con control y limitación del sector público (salvo cuando apoya sus intereses) que domina la situación actual, controlando y tratando de evitar políticas “sociales” encomiables, como las acordadas por el Gobierno español, que son poco rentables y acordes con sus intereses; y que tienen la vulnerabilidad de una economía endeudada en el entorno del 100% de su PIB y con déficits públicos por encima de lo hasta ahora “tolerable” para la UE, como es el caso español.
No obstante, afortunadamente la UE y el BCE, como el FMI, han aprendido de los riesgos que puede tener un incremento del malestar de la población por la ya anunciada como inevitable crisis, y su potencial de favorecer posiciones radicales de extrema derecha y la desafección sobre los partidos tradicionales, poniendo en marcha el BCE una línea de crédito extraordinario de 750.000 millones de euros, que garantiza la solvencia bancaria, ha reducido la prima de riesgo de España e Italia, limitando su magnitud, y evitando, por ahora, la crisis de deuda que se estaba gestando.
Toda crisis y la respuesta a la misma implican grandes y graves contradicciones que deberían conducirnos a prever y adelantarnos a sus efectos más negativos, favoreciendo que lo “nuevo” aparezca y sustituya a lo “viejo en declive”, procurando no potenciar contradicciones que están en la base de muchos de los problemas de la sociedad actual. Obviamente, los dirigentes del entramado económico financiero tratarán de reproducir y mantener la actual sociedad de consumo capitalista y promoverán políticas públicas coherentes con esos objetivos, dirigidas a “recuperar” la dinámica afectada por el coronavirus a las situaciones previas a la aparición del “cisne negro”. Así ha sido en las crisis históricas de los últimos cien años, que se han recuperado en un plazo medio de unos cinco años, aunque con variaciones significativas de unos países a otros, según su capacidad de intervención, de las ayudas que pueda recibir del exterior y de la capacidad de resiliencia de la población a la crisis. Y siempre, tras ellas, el capitalismo, con distintas variantes, ha permanecido como el sistema dominante, aunque con una inestabilidad, fragilidad, insostenibilidad y cuestionamiento social en su relación liberal/demócrata creciente. Lo que nos lleva a algunas cuestiones relevantes:
¿Cómo conjugar la imprescindible descarbonización y desmaterialización de la economía con el grave e inevitable deterioro económico asociado a la pandemia? Como ha comunicado la Agencia Espacial Europea, datos del satélite Copernicus Sentinel-5P[5] muestran la fuerte incidencia que han tenido en China, Italia -y está teniendo presumiblemente también en España- las medidas de aislamiento y reducción de la movilidad puestas en marcha con motivo del coronavirus. Así, la concentración de dióxido nitroso (NO2), partículas sólidas y de anhídrido carbónico (CO2) experimentaron un descenso espectacular tras las medidas aplicadas sobre la industria y el transporte en Wuhan. E, igualmente, revelan la actual disminución de la contaminación del aire y de dichas emisiones sobre el norte de Italia.
Contaminación sobre la que el estudio publicado el 3 de marzo de este mismo año por Lelieveld, J, et alt[6] nos recuerda que la pérdida de esperanza de vida asociada a dicha contaminación del aire tiene proporciones crecientes y muy significativas frente a otros factores de riesgo. Y no podemos olvidar la incidencia creciente del cambio climático también sobre las expectativas de mortalidad y deterioro de las condiciones de vida de la población. Lo que nos lleva a que si se abandonan los objetivos de descarbonización y desmaterialización por la urgencia de combatir el paro que acompañará a la crisis ya iniciada, y se sigue promoviendo una dinámica de crecimiento frente al imprescindible desarrollo ambientalmente sostenible, las consecuencias a medio plazo pueden ser mucho más graves que las derivadas de la pandemia del coronavirus. Las políticas del Gobierno actual asociadas a la Declaración de Emergencia Climática, ya comentadas en esta sección, deben ser la línea directriz prioritaria de las políticas de impulso para salir de la crisis.
La segunda cuestión implica tener en cuenta que el aumento de la dependencia cibernética (por el incremento de la hiperconectividad asociada al incremento de la interconexión digital de las personas y de las cosas), y por el aprovechamiento privado ilimitado de los beneficios de la actual revolución científico-tecnológica, con grave afección a la estructura del empleo actual (y al bienestar de los afectados si no se consigue una redistribución adecuada del mismo) va a venir reforzada por el impulso del teletrabajo frente al trabajo tradicional al que están conduciendo las medidas de lucha contra la pandemia. Dinámica que implicará una aceleración de cambios en las relaciones de producción, impulsadas igualmente por una IA y Machine Learning con control creciente de los procesos productivos en sectores cada vez más amplios; con creciente incremento de los trabajadores autónomos y debilitamiento de los sindicatos.
En paralelo al proceso anterior, la potenciación de la compra en red generada por la reclusión domiciliaria incrementa el cuestionamiento del modelo de ciudad tradicional al afectar a la supervivencia del comercio local e incluso a la gran superficie metropolitana, y potencia a las grandes multinacionales tipo Ámazon y Alibaba, cuyos intereses y organización distan de los objetivos de una ciudad de cercanía con movilidad restringida.
Por último en relación con este artículo que ha sustituido al relativo a la segunda parte del referido al Reto Demográfico, no debemos olvidar las posibilidades de que las medidas adoptadas frente al coronavirus tengan efectos importantes consecuencias sobre las relaciones entre una población rural envejecida –principal estrato de incidencia de la mortalidad asociada al coronavirus- y una población urbana jubilada, a la que los riesgos de enfermedades como la actual pandemia y su rápida expansión en las aglomeraciones urbanas ya no vienen compensados por una sanidad en crisis.
Habrá que disponer de la distribución geográfica de los muertos asignados al coronavirus, de su estructura de edad y de la localización geográfica de la residencia en el momento del contagio de los mismos para ver en qué medida la sociedad rural presenta potenciales ventajas –y cómo incentivarlas- para conseguir una distribución más equilibrada y socialmente eficiente de la población en el territorio español ante este tipo de riesgos.
Previamente, en el próximo artículo se recuperará la segunda parte prevista sobre las tendencias del medio rural frente a los retos de una sociedad en profunda trasformación, atendiendo al hecho, ya señalado en el primera parte publicada, de que la vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, en su última comparecencia en el Congreso de los Diputados, haya fijado como una de las dos prioridades de su Vicepresidencia la corrección de los desequilibrios territoriales en el marco de su política transversal por la sostenibilidad.
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[1] https://www.weforum.org/reports/the-global-risks-report-2020
[2] https://www.imperial.ac.uk/media/imperial-college/medicine/sph/ide/gida-fellowships/Imperial-College-COVID19-NPI-modelling-16-03-2020.pdf
[3] CAMA Working Paper 19/2020. February 2020 https://Downloads/The%20Global%20Macroeconomic%20Impacts%20of%20COVID-19%20Seven%20Scenarios.pdf
[4] España no está incluido particularmente en el análisis, aunque sí Italia, Francia y Alemania, por lo que queda integrado en el resto de Zona Euro.
[5] El Sentinel-5P, es la primera misión del Programa “Copérnicus” dirigida a establecer los niveles de gases como el dióxido de nitrógeno, ozono, formaldehído, dióxido de azufre, metano, monóxido de carbono y aerosoles, presentes en la atmósfera y con afección al aire que respiramos y, por lo tanto, a la salud y al clima. https://www.esa.int/Applications/Observing_the_Earth/Copernicus/Sentinel-5P.
[6] Lelieveld, J., Pozzer, A., Pöschl, U., Fnais, M., Haines, A., Münzel, T. (2020).- “Loss of life expectancy from air pollution compared to other risk factors: a worldwide perspective”. https://academic.oup.com/cardiovascres/advance-article/doi/10.1093/cvr/cvaa025/5770885.
