Más de seis años de reformas laborales (2010 y 2011) y la más dura del 2012, resultan obvias para confirmar los cambios sufridos. El objetivo principal era el aumento del poder de las élites económicas y empresariales, acompañado de un gran retroceso de los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, y un debilitamiento de la negociación colectiva y el control administrativo de las prácticas ultraliberales de los empresarios y del papel de los sindicatos.

El panorama del mundo del trabajo en España se caracteriza ahora por una alta tasa de paro, una rotación laboral al máximo (se firman muchos contratos de muy corta duración que apenas generan empleo), la feminización del paro, peores condiciones laborales. Más de la mitad del empleo asalariado es precario. Esta precariedad afecta a la mayoría de los trabajadores y trabajadoras: la desigualdad, la alta temporalidad, el tiempo parcial, las jornadas, las horas extras no pagadas, el empleo autónomo, la devaluación salarial, el crecimiento de los accidentes de trabajo, son algunas de las graves secuelas que se derivan de una política económica al servicio de los poderes económicos.

La protección por desempleo es baja y crece la brecha de género, además de empeorar la calidad media de las prestaciones por desempleo, al agotarse las prestaciones contributivas y perder peso a favor de las asistenciales.

Mientras esto ocurre, los poderes económicos aumentan sus beneficios y dividendos, a costa del aumento de la desigualdad de la mayoría.

Cambiar este panorama exige un giro social hacia una política económica que corrija el bajo nivel de inversión y que apueste por un cambio del modelo productivo, haciendo un uso eficiente de los recursos públicos y que ayude a recuperar la demanda interna.

Las consecuencias de la Gran Recesión dan la razón a Josep Fontana, historiador recientemente fallecido cuando escribía: «la fase del denominado Estado del Bienestar no obedecía a una voluntad graciable de los poderosos, sino a su miedo, responde al temor de las élites de otro modelo social y constata el hartazgo del status quo vigente por las clases asalariadas».

La crisis económica se ha convertido en la gran excusa del capitalismo para avanzar por la senda de la desigualdad en todas sus formas, restringir la democracia y manipular las instituciones de Gobierno, desequilibrándolas.

Por esto, no pensemos que la música que suena es la misma de siempre. Hemos escuchado, leído muchas veces, aquello de que «la historia empieza como farsa, pero puede terminar en tragedia» y esto depende principalmente de la actitud responsable de la mayoría de la sociedad.

El Gobierno ha cedido a las quejas de las organizaciones empresariales de cambiar hasta dos veces el nombre de su Plan Director contra la explotación laboral por el de Plan Director por un Trabajo Digno, porque el nombre propuesto por el Gobierno colocaba a España en el grupo de países donde existe el esclavismo. Es incomprensible. En mi opinión, hace falta mucha desfachatez para solo insinuar que no existe explotación laboral en España. Claro que estamos lejos de donde ni siquiera se proporciona al esclavo su ración para comer.

Los dueños de los medios de producción no están obligados a comprar la fuerza de trabajo de las personas, solo lo hacen si les rinden beneficios, si no, prefieren despedir, cerrar, ejemplos en España en los últimos años hay muchos, como estos días sucede con Vestas.

¿Acaso los trabajadores tienen participación y controlan la marcha de las empresas?

¿Acaso los trabajadores han podido opinar y participar en el seno de las empresas, sobre como aprovechar los beneficios para aumentar la inversión y los salarios, en vez de que los ejecutivos, directivos y gerentes, repartan grandes cantidades de dinero a los accionistas e incrementen sus salarios de manera espectacular, escalando al nivel del 1% de los más ricos de la sociedad?

¿Acaso los salarios se corresponden con el crecimiento económico y los incrementos de la productividad habidos?

Según Marx, los trabajadores aceptan, es decir, se ven obligados por su condición social al carecer de los medios de producción, a trabajar para otros que son los que se apropian del producto de su trabajo y se aprovechan del beneficio.

¿Acaso en la Negociación Colectiva  existe un equilibrio entre el empresario y los trabajadores?

La reforma laboral de 2012 rompió el equilibrio entre las partes.

La lucha de clases existe. La explotación es consustancial a todas las sociedades de clase. Cada sociedad cuenta con unas determinadas relaciones de producción y un grado determinado de desarrollo histórico de las fuerzas productivas materiales. Las relaciones se corresponden con la división social del trabajo y la propiedad de los medios de producción.

En “el trabajo digno» puede haber “explotación laboral”, de ahí el interés por la primera  denominación del Plan por parte del empresariado.

Para la Organización Internacional del Trabajo (OIT) el concepto de “trabajo decente” se debe considerar desde el empleo, la protección social, los derechos de los trabajadores y el diálogo social: “El empleo abarca todas las clases de trabajo y tiene facetas cuantitativas y cualitativas. La idea de «trabajo decente» es válida tanto para los trabajadores de la economía regular como para los trabajadores asalariados de la economía informal, los trabajadores autónomos (independientes) y los que trabajan a domicilio. La idea incluye la existencia de empleos suficientes (posibilidades de trabajar), la remuneración (en metálico y en especie), la seguridad en el trabajo y las condiciones laborales salubres. La seguridad social y la seguridad de ingresos también son elementos esenciales, aun cuando dependan de la capacidad y nivel de desarrollo de cada sociedad. Los otros dos componentes tienen por objeto reforzar las relaciones de los trabajadores: los derechos fundamentales del trabajo (libertad de sindicación y erradicación de la discriminación laboral, del trabajo forzoso y del trabajo infantil) y el diálogo social, en el que los trabajadores ejercen el derecho a exponer sus opiniones, defender sus intereses y entablar negociaciones con los empresarios y con los gobiernos sobre los asuntos relacionados con la actividad laboral”.

El Plan Director por un Trabajo Digno, elaborado por el Gobierno identifica los problemas que sufre el mercado de trabajo. Le falta fijar los plazos de actuación, la concreción de las medidas y como no, los recursos que sirvan para poner en marcha el Plan mediante el Diálogo social.

Para corregir la altísima tasa de desempleo y a la vez mejorar la calidad del empleo se necesitan unos Presupuestos Generales expansivos, que permitan el impulso del crecimiento, la creación de empleo de calidad y la potencia redistribuidora del modelo social, así como la calidad de los servicios que los poderes públicos han de prestar a la ciudadanía.