Autor: Antonio Alaminos

Las encuestas electorales son, en cierto modo, encuestas atípicas en la investigación sociológica. Y lo son en la medida que sus resultados, especialmente en los comportamientos electorales, necesitan de una elaboración posterior. Difícilmente se leerá un informe o noticia en los medios que afirme: “Un 34 por ciento dice que irá a la playa este verano, pero estimamos que será del 47%”. Sin embargo, podemos leer en las encuestas electorales que el 22,8% responde que votará PP y estimamos el 39,5% (encuesta del CIS de abril). Y nadie del PP se quejará de la cocina ni la recordará mientras gane en la estimación. Y si es por más, mejor. Por ello y como la fiesta va por barrios, ahora celebran San Pepe en junio.

Están en lo cierto quienes afirman que vivimos un momento histórico. Posiblemente seamos testigos de una de las etapas más humillantes para las democracias occidentales y la noción de soberanía popular. Decepcionantes para los que creen que la razón y la ciencia tienen alguna utilidad para mejorar la calidad de vida de las sociedades actuales.

Cuantos años ya desde que se anunciaban las tormentas que producirían el encuentro entre las bolsas de aire calido, las burbujas generadas por la desregulación (nacional) y las corrientes frías de la interdependencia (para algunos globalización) de los mercados financieros. Y no sirvió para nada. El corto plazo, siendo temporalmente generosos, ha sido la regla. Tanto para el capital como para los gobiernos. Adaptarse a las circunstancias ha sido la norma general de los gobiernos; producir circunstancias de forma descontrolada, la de los especuladores. Hasta aquí lo previsible y anunciado.

Lo de Kirguistán suena a remoto y exótico. Algún periódico destaca que juegan al polo con cabezas de cabra. O que es la segunda vez, tras la “revolución de los tulipanes” (2005), que expulsan a un gobierno acusado de corrupción. Las sociedades en tensión rompen en sus eslabones más débiles en lo institucional. En Kirguistán, dan la impresión de una importante solidez comunitaria. Dos revoluciones en cinco años no es una broma. Y lo que es más próximo, cada vez son más evidentes, por intensos y continuos, los síntomas de crisis en los países que anteriormente se regían mediante un sistema político y económico comunista, en el centro y este de Europa. Las formas que adopten las expresiones de estas crisis, más o menos violentas, canalizadas en mayor o menor grado mediante cauces de participación política, es algo que variará según estados. Sin embargo, desde el análisis prospectivo solamente está pendiente de fecha y lugar de inicio.

Entre junio y julio de 2009 (EB 71.3) se efectuó una Encuesta de opinión pública de ámbito europeo, consultando varias opciones respecto a la edad de jubilación. Es una Encuesta muy especial donde queremos destacar cuatro aspectos centrales. Por una parte qué se pregunta (es decir, qué opciones ofrece a los ciudadanos) y qué no se pregunta (es decir, qué opiniones no ofrece como posibles); por otra, qué se responde y, muy significativamente, qué se contesta.

Para explicar la actual crisis en el PP y sus posibles futuros es preciso recurrir al “mito del eterno retorno” de M. Eliade. Porque en el futuro del PP le esta esperando su pasado. Ya algún líder como Ruiz Gallardón han recurrido a ofrecer su pedigrí en Alianza Popular como garante de no se sabe que cosa en un futuro por concretar.

Uno. Porque el Partido Popular es realmente, y siempre ha sido, una coalición. Primero de líderes a unas siglas pegados, con los “siete magníficos” franquistas de Alianza Popular.

La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), presidida por el Alcalde socialista de Getafe, Pedro Castro, demanda al Gobierno una solución definitiva para los problemas de financiación diaria y estructural de los ayuntamientos. Tiene argumentos más que suficientes para exigir que se les deje de considerar como el pariente pobre de la administración pública, empezando por uno que no por repetido deja de ser el más importante de todos: que prestan a la ciudadanía servicios esenciales sin los que la vida cotidiana sería imposible o insufrible, asumiendo en muchos terrenos competencias que ni la Constitución ni las leyes les atribuyen.

Paulatinamente, se van multiplicando los indicadores de la tendencia que en la sociedad española (y no solamente sobre la base de las encuestas de opinión pública) comienza a emerger a finales de la década de los 80. Esta tendencia no se refiere exclusivamente a la extensión o intensidad de las actitudes intolerantes (en su inicio hacia los gitanos, con posterioridad hacia los inmigrantes y en la actualidad a todos aquellos que son diferentes) sino también, y especialmente, a la visibilidad con que se expone públicamente. Hablamos de la opinión pública que puede considerarse de “clase media” en un sentido amplio. En este sentido, la tendencia empírica es de reconocimiento y desvelamiento de actitudes que permanecían ocultas y negadas, debido a la presión de lo socialmente deseable (aquello que es socialmente aceptado como conveniente y correcto).