Autor: Antonio Serrano

La incidencia del problema del paro en España y los graves problemas de las administraciones territoriales para cubrir sus gastos corrientes sin los ingresos que la burbuja inmobiliaria les había venido proporcionando a lo largo del período 1997-2007 están llevando, de una forma creciente, a que muchos ayuntamientos y algunos partidos políticos (fundamentalmente el partido popular) estén considerando la idea de promover nuevamente la liberalización del suelo, con una nueva ley urbanística que haga todo el suelo no protegido urbanizable, y promoviendo la construcción, como ya hizo en 1996, puede ser una de las vías de salida a la actual crisis.

España sigue sufriendo las consecuencias de una crisis global financiero-especulativa en la que el endeudamiento de su sector privado no financiero (cerca del 140% del PIB de deuda) y de las familias y del sector financiero españoles (más del 80% del PIB de deuda cada uno) tiene una importancia mucho más significativa relativamente que la del Estado (menos del 70% del PIB de deuda). Estos niveles de endeudamiento están muy directamente relacionados con una construcción desproporcionada y con una burbuja inmobiliaria apoyada desde las administraciones públicas, fundamentalmente entre 1996 y 2003, que ha colaborado a la maltrecha dinámica económica de este país que según The Economist (World debt guide. July-2011) tiene una situación que, aunque más de cuatro veces por debajo de Irlanda, Portugal y Grecia, y cerca de Italia, presenta una tasa de crecimiento esperado de su PIB menos pago de la deuda estimado en el -3,2%. Crecimiento negativo que habla de la importancia de políticas que ayuden a incrementar el crecimiento y a reducir el nivel de endeudamiento y el coste de la deuda.

El 11 de julio se celebró el Día Mundial de la Población. Como en muchas otras efemérides su elección es absolutamente discrecional; en este caso, se corresponde con el hecho de que, en 1989, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) eligiera este día para que se reflexione sobre la problemática demográfica en el planeta, atendiendo a que hacia 1987 se habían superado los cinco mil millones de habitantes en el mismo. Hoy, 24 años después, se estima que la población ronda los siete mil millones y que tres de los procesos presentes desde hace mucho tiempo en los países de la OCDE: la fuerte caída de la natalidad, el envejecimiento de la población y su urbanización, empiezan a ser también características de los países en desarrollo y, por consiguiente, del total de la población. Adicionalmente, no se ha avanzado lo suficiente en resolver los problemas tradicionales de mortalidad infantil, hambrunas, desigualdades de renta y de género, conflictos bélicos, etc. Y surge, cada vez con mayor incidencia el problema ambiental de superación de los límites del planeta. Problema cuyo planteamiento en absoluto es nuevo, porque la relación entre población y crisis ha sido uno de los aspectos recurrentes a lo largo de la historia.

En 1960, el señor que denominaremos señor “A” compró una casa en dominio público marítimo terrestre (DPMT) basándose en que la ocupación de ese dominio público se había autorizado a los propietarios anteriores a través del pago de una tasa. Esta situación se mantiene hasta el 31 de diciembre de 1992 en que se le comunica al señor “A” que se le puede exigir derribar la casa a su costa y que los terrenos reviertan a la propiedad pública sin ningún tipo de compensación, atendiendo a lo establecido en la legislación vigente en ese momento (legislación de costas) que señalaba que el DPMT no podía ser apropiado para fines privados ya que era inalienable, imprescriptible y no sujeto a limitaciones. No obstante, se le comunica que pueden seguir utilizando su casa durante su vida pero no puede hacer otras obras que las de mantenimiento, y se le prohíbe venderla o transferirla a terceros.

En las dos últimas semanas han acontecido cambios significativos –y nada esperanzadores- en factores que necesariamente tienen consecuencias territoriales. El primero de ellos se refiere a la aprobación de la revisión de la Agenda Territorial Europea (ATE2020), bajo la presidencia húngara de la UE, el pasado 19 de mayo. El segundo grupo se refiere a los asociados a la modificaciones esperables en las políticas territoriales de la mayoría de Comunidades Autónomas y municipios, ante los resultados de las elecciones del 22 de mayo en España. El último, al incremento de las emisiones globales de CO2 en 2010, que muestra la práctica imposibilidad de que el cambio climático se reduzca por debajo del incremento de los 2ºC para finales de siglo y el riesgo de que llegue a superar los 4ºC con consecuencias absolutamente impredecibles.

Cabe poca duda de que el paro es el principal problema nacional, que, además, aunque con intensidad moderada, sigue manteniendo una tendencia desestacionalizada al alza, acercándose a las emblemáticas cifras de los cinco millones de parados, 21% de la población activa total, y superando el 45% de parados en los menores de 24 años. Esta evolución del paro ha venido muy ligada a la de actividades directamente relacionadas con la transformación territorial de España: el urbanismo, la construcción de infraestructuras y viviendas, el automóvil y el turismo. Las cuatro primeras siguen registrando pérdidas de empleo, pero el turismo registra cambios que permitirían aprovechar el repunte para afrontar las modificaciones que exige el sector, tanto desde su perspectiva estructural como desde la necesidad de mejorar su sostenibilidad ambiental y territorial.

España posee del orden del 5% de su territorio “artificializado” por urbanizaciones o infraestructuras y un 8% adicional en peligro de ser “artificializado” por ellas en los próximos diez años; en total un 13% de su superficie, frente a cerca de un 28% que, tras la aprobación de la Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, puede considerarse aceptablemente protegida contra la señalada ocupación y que, en teoría, debería destinarse a la conservación y puesta en valor sostenible de la biodiversidad y de los ecosistemas presentes en la misma; aunque sólo del orden del 0,7% de la superficie española deba dedicarse estricta y prioritariamente a la conservación (Ley 5/2007 de la Red de Parques Nacionales) y el 27,3% restante admita, en grado diverso, utilizaciones compatibles con la conservación de los ecosistemas.

El territorio tiene una gran inercia en la configuración de sus paisajes. Sólo la naturaleza, con catástrofes como la que ha desolado Japón, tiene capacidad de grandes y rápidas transformaciones de nuestro entorno. Afortunadamente, el período de recurrencia de estas catástrofes (el tiempo medio que es previsible que transcurra entre una y otra) es muy dilatado y la probabilidad de que países como España sufran un fenómeno como el registrado en Japón es muy reducida, aunque no imposible. El famoso terremoto de Lisboa de hace dos siglos y medio es un ejemplo no único de la existencia de esa probabilidad.

Hablar de la relación entre agua y territorio es hablar de la historia de la humanidad. La persona necesita el recurso hídrico para sobrevivir y desde el comienzo de su estancia en la tierra su cercanía al agua para beber ha sido un condicionante intrínseco de su localización en el territorio. Sin embargo, a medida que la tecnología y la ingeniería hídrica progresa, la relación entre asentamiento y recurso hídrico empieza a ser más flexible y la dependencia del agua cercana menos relevante. En el siglo XXI dicha dependencia es prácticamente inexistente en países como España, pero, en el mundo, muchos millones de personas no tienen acceso a un agua potable de calidad y, en muchos países, el agua sigue siendo un instrumento militar y de sometimiento. Adicionalmente, el agua ha adquirido otras connotaciones ambientales, económicas y sociales, que hacen que siga siendo uno de los problemas más significativos para España y para la humanidad (a escala planetaria, las demandas de agua se han más que triplicado desde 1950, creciendo más que proporcionalmente al fuerte incremento de la población).