Autor: Antonio Serrano

Para los docentes octubre es el inicio de un nuevo curso y también el inicio de un nuevo periodo de trabajo y de reflexión. Reflexión absolutamente necesaria en un país en el que la situación socioeconómica, ambiental y territorial no va por buenos rumbos y en el que la tendencia, tras otro nuevo mes del nuevo Gobierno, no hace más que empeorar.

Llegábamos al inicio del verano con la decepción del Documento final de la Conferencia de Naciones Unidas de Rio+20 “El futuro que queremos”, donde los compromisos y avances sobre Conferencias y Reuniones anteriores eran prácticamente nulos. Pero, donde, no obstante, había un compromiso común de incorporar los Objetivos del desarrollo sostenible a las líneas directoras de las políticas de los distintos países signatarios y, en particular, de España. En concreto, en el primer apartado de las citadas Conclusiones: “I. Nuestra visión común” se incorporan dos principios básicos claros:

Tras el invierno viene la primavera, y después el verano y, tras él, el otoño, con características claramente diferenciadas en países como España, al menos por ahora, aunque el cambio climático parece conducirnos hacia esquemas más cálidos e indiferenciados entre primavera-verano y otoño-invierno. De la misma manera, las sequías y los incendios se reiteran periódicamente con una secuencia clara, aunque con la misma variabilidad que en las estaciones del año, en cuanto a déficits hídricos, superficies quemadas y consecuencias sobre nuestros territorios.¿Significa esto que sequías e incendios son procesos cuyas consecuencias ha de soportar la sociedad como un coste inevitable? Claramente, no; pero incomprensiblemente, con periodicidad machacona, los procesos se reiteran y la alarma social se dispara por parte de los medios de comunicación.

La respuesta a la pregunta del enunciado de este artículo es clara, y coincide con las razones de muchas otras de las políticas que lleva desarrollando este Gobierno desde su acceso al poder en las elecciones de noviembre: beneficiar a sus clientes a costa del interés general y del bienestar del conjunto de los ciudadanos.

En un artículo de principios de febrero de este año señalaba que, a la luz de las declaraciones y actuaciones del nuevo Gobierno, se iniciaba una nueva época en la sociedad española, que iba a venir marcada por una contrarreforma regulatoria que, previsiblemente, nos llevaría a un fuerte recorte en algunas libertades sociales, a un retroceso en la calidad ambiental, a una profundización en la recesión y pérdida de bienestar social, y a la agudización de los problemas ligados a las Políticas de la Tierra. Las políticas y los errores cometidos por el Gobierno han sido todavía peores de lo previsto y han resultado en situaciones absolutamente incompatibles con un desarrollo socioeconómicamente cohesionado, ambientalmente sostenible y territorialmente equilibrado, que son las pautas tradicionales de lo que se denomina la senda del desarrollo sostenible.

Estamos a mitad de un muy complicado verano en lo que a incendios se refiere. La fuerte sequía, a pesar de la abundante lluvia de estos años pasados, viene acompañada esta vez de las temperaturas más altas registradas en el mes de Julio, en ocasiones con fuertes vientos continuados. Pero estas condiciones suceden cada cierto número de años, no es la primera vez.

Se ha escrito, y es cierto, que un bosque tarda en formarse como tal entre docenas y cientos de años y, sin embargo, su desaparición por incendios o talas se produce en tan solo unos minutos; por ello es evidente que no podemos descuidarnos estos minutos para conservar algo tan frágil como son los bosques…

A las sucesivas olas de calor le sucederán, cuando llegue el otoño, lluvias torrenciales. Y esto sucede cada cierto número de años: sobrevienen sequías, se producen períodos de altos vientos y se producen grandes incendios, pero parece que nos coge por sorpresa otra vez…

Dos de las noticias que pueblan estos días los periódicos del país, el rescate de España y la crisis de nueve de las autopistas de peaje, inciden muy directamente en la contestación a la pregunta que titula este artículo: ¿cuál es el valor del suelo en España?.

Inmediatamente todo el mundo respondería, obviamente, que este valor depende de donde se localice el suelo, de qué tipo de suelo se trate, de su uso y de sus características intrínsecas. Es más, si acudimos a las estadísticas oficiales obtendremos dos grandes grupos de valores del suelo: los proporcionados por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente para el suelo agrícola, y los proporcionados por el Ministerio de Fomento para el suelo urbano.

Aunque no es nuestro objetivo hacer un análisis estadístico de las cifras resultado de uno y otro, sí es conveniente considerar algunos aspectos que permiten enmarcar de qué estamos hablando cuando nos referimos al valor del suelo y a los tipos de valores que un mismo suelo puede tener según cuales sean sus circunstancias. Así, es conveniente señalar que el Ministerio de Agricultura, en la que denomina Encuesta de Precios de la Tierra, da una valoración para el precio (valor de cambio) del suelo agrícola que varía tremendamente según el uso y características asociadas. De esta manera, para 2010, con datos publicados en octubre de 2011, señalaba un precio medio para España de 1,02 euros el metro cuadrado y una evolución de este precio, desde 1983 a 2010, que cuadra perfectamente con la evolución de las dos burbujas inmobiliarias características de estos años: entre 1984 y 1988 el precio sube un 4,3% de media anualmente en precios constantes (fase alcista de creación de la burbuja inmobiliaria española de los ochenta); entre 1988 y 1993 el precio desciende un 7,5% de media anual en precios constantes (fase de estallido de la burbuja de los ochenta); entre 1993 y 2007 el precio sube un 5,4% de media anualmente en precios constantes (fase alcista de creación de la últimaburbuja inmobiliaria); y, finalmente, entre 2007 y 2010 el precio desciende un 3,7% de media anual en precios constantes (fase de estallido de la última burbuja).

Muchos científicos y ciudadanos, e incluso políticos éticos, vienen desde hace más de treinta años defendiendo la necesidad de modificar el modelo de crecimiento imperante, manifestando su insostenibilidad ambiental, su injusticia social y su falta de racionalidad a largo plazo.

El sábado 9 de junio de 2012 pasará a la historia como el día que fue necesaria una intervención del Eurogrupo para rescatar a España de la crisis financiera generada por la especulación urbanística que afecta a una parte sustancial del sistema (del orden de la tercera parte) y de la falta de confianza creciente –manifestada objetivamente por la salida de capitales del país, las dificultades para la refinanciación privada y por las duras exigencias para comprar su deuda, la conocida como prima de riesgo encastrada por encima de los 500 puntos básicos- en un Gobierno que había pensado que con políticas radicales de derecha neoliberal iba a convencer al capital financiero-especulativo internacional y a la derecha alemana (ambos, corresponsables de la situación y fuertemente beneficiados en el proceso) de que podían confiar en España y echar una mano para salir de la crisis a la que nos había llevado la especulación contra el euro, la especulación inmobiliaria y su relación con una parte muy sustancial de la economía española, unido a la falta de medidas correctoras europeas y españolas adecuadas, fundamentalmente desde 2008.

En un artículo de principios de febrero de este año señalábamos que se iniciaba una nueva época en la sociedad española, que previsiblemente iba a venir marcada por una contrarreforma regulatoria que, previsiblemente, nos llevaría a un fuerte recorte en algunas libertades sociales, a un retroceso en la calidad ambiental, a una profundización en la recesión y a la agudización de los problemas ligados a las Políticas de la Tierra. Todo ello como resultado de unas políticas del nuevo Gobierno absolutamente incompatibles con un desarrollo socioeconómicamente cohesionado, ambientalmente sostenible y territorialmente equilibrado, que son las pautas tradicionales de lo que se denomina la senda del desarrollo sostenible.

La justificación que el Gobierno viene dando a la asunción de políticas tan social, económica y ambientalmente regresivas es la de que no le dejaban ninguna alternativa los compromisos asumidos por el Gobierno de Zapatero con la Unión Europea y la herencia recibida: deuda y déficit, cifras de paro, reducción del PIB y pérdida de confianza en España con fuerte elevación de la prima de riesgo a cifras inasumibles por nuestra economía a medio y largo plazo. Pero, por si el culpabilizar al anterior Presidente del Gobierno no era suficiente, el propio Presidente del Gobierno actual ha reiterado en distintas ocasiones que ahora estamos pagando el haber vivido por encima de nuestras posibilidades y que es él el que se ve obligado a resolver la nefasta situación a la que todos los españoles hemos conducido al país.

El Presidente del Gobierno y el Ministro de Agricultura (¿y del medio ambiente?) han anunciado su presencia en la Cumbre de la Tierra ‘Rio+20’, que se celebra en junio de este año, destacando que una de las propuestas que puede salir en la misma es la creación de unos «objetivos del milenio del desarrollo sostenible».

Como todo el mundo sabe a estas alturas de la película, un desarrollo sostenible ha de producirse simultáneamente en los ámbitos interrelacionados económico, social y ambiental, y tener en cuenta sus dimensiones territoriales y globales. Pero en ninguna de estas dimensiones ni las políticas desarrolladas, ni los Presupuestos Generales del Estado presentados por el Gobierno ayudan a avanzar hacia este desarrollo sostenible, sino todo lo contrario. Y es urgente darse cuenta de este hecho y proponer alternativas viables antes de que la insostenibilidad termine en tragedia. A ello intentamos colaborar con este artículo, constatando, en primer lugar, que pese a que España ostenta, en la actualidad, la presidencia del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), organismo que es posible que salga reforzado con su conversión en una agencia de la ONU, lo que le permitiría contar con su propio presupuesto y campo de actuación para promover los que intentan ser ámbitos de incentivación específica de ‘Rio+20’, como son la economía verde, la energía limpia y la coordinación entre las agendas de medio ambiente y desarrollo (aspecto este último a cuya necesidad ha llegado finalmente la ONU, para hacer consistentes las propuestas que se realizan al respecto desde distintos ámbitos de la propia Organización).

El 22 de marzo es el Día Mundial del Agua. Día que, para este año 2012, Naciones Unidas ha centrado en el objetivo de considerar la relación entre Agua y Seguridad Alimentaria, en una dinámica global en la que el recurso hídrico adquiere importancia y conflictividad creciente. A escala planetaria, las demandas de agua se han más que triplicado desde 1950, creciendo más que proporcionalmente al fuerte incremento de la población registrada. En pleno siglo XXI muchos millones de personas no tienen acceso a un agua potable de calidad y, en muchos países, el agua sigue siendo un instrumento militar y de sometimiento. Las enfermedades que se propagan por el agua causan cada año la muerte a más de 1,8 millones de personas, la mayoría niños, y un quinto de la población mundial no tiene acceso a agua potable segura, a la vez que el deterioro en el ciclo del agua es una de las causas de la gran sexta extinción de especies en que nos encontramos (mayor información sobre la situación del agua en el planeta puede obtenerse en water-decade@un.org ??www.un.org/waterforlifedecade.

En muchas ocasiones a lo largo de mi vida docente, o en distintas conferencias, me han planteado si era posible que la humanidad aspirara a lograr los famosos Objetivos del Milenio para el 2015, y a conseguir que también en el mundo desarrollado fuera posible, entre otros aspectos destacados, disponer de alimentos sanos certificados, niveles de contaminación que no afectaran a la salud, energía limpia renovable, productos totalmente bio-degradables, y una educación solidaria con el planeta y la población futura (sostenibilidad) y con la población actual (promoción de los valores de la cooperación y la concertación sobre los de la competitividad).