Autor: Antonio Serrano

El último barómetro del CIS, de noviembre de este año, nos muestra una situación de clara insatisfacción de una parte importante de la población española. Resultado coherente con la evolución que el INE nos va mostrando respecto a los indicadores ligados a AROPE y el alto porcentaje de población en riesgo de pobreza o exclusión social reflejado en el mismo (26,6% de la población, en 2017), tal y como apreciamos en la Figura siguiente.

El “Institute for European Enviromental Policy”, de la que la actual ministra Teresa Rivera ha sido miembro destacado, acaba de publicar, y podemos considerar también como herencia de su labor en el mismo, el documento “Think2030. Science-policy solutions for a more sustainable Europe”[1]. Documento del que podemos sintetizar su contenido en una de las frases significativas sintetizadora del mismo: “Los europeos no podremos vivir de una forma próspera y saludable en una Europa en paz, en 2050, si no reducimos en un 80% la cantidad de recursos naturales que usamos para la nutrición, alojamiento, movilidad y estilo de vida consumista”. Pero, como veremos más adelante, el problema es que esta condición es necesaria pero no suficiente.

Las conclusiones más destacadas del trabajo del IPCC, publicado el 8 de octubre y presentadas en el artículo anterior, hacían referencia principalmente al grave riesgo de superar los 2ºC de calentamiento global, y al fuerte endurecimiento de las consecuencias, respecto a investigaciones anteriores, de los cada vez más probables niveles de calentamiento superiores a 1,5ºC. Destacaba igualmente que el sur de Europa, y en particular España, que estaba registrando un calentamiento casi 0,5ºC superior a la media, tenían riesgos más negativamente significativos a medio y largo plazo. Y se remarcaba su objetivo fundamental de hacer un llamamiento inequívoco a la acción para evitar que a partir del nivel de calentamiento ya producido (un grado centígrado sobre el nivel preindustrial) se produzca un aumento de 1,5ºC ya entre 2030 y 2052 con consecuencias muy graves y, en algunos aspectos irreversibles.

Terminábamos el artículo anterior con la consideración de que se atisba un escenario donde la disponibilidad de agua tiene una marcada tendencia a su disminución total, a la vez que al incremento en la irregularidad de su producción como consecuencia del previsible cambio climático, aspecto al que dedicamos el presente artículo a la vista de los últimos Informes disponibles del IPCC sobre Calentamiento global y sus previsibles consecuencias hídricas. En el próximo y último artículo sobre Guerras del Agua particularizaremos la situación para España.

Terminábamos el artículo anterior con la consideración de que los Planes de Cuenca/Demarcación, de Sequía y la Política Estatal de Regadío no siempre han venido demostrado la adecuación deseable a los intereses del conjunto de la población, ni a la sostenibilidad ambiental y al equilibrio territorial, al promover medidas para la satisfacción de previsiones de demandas a veces realizadas desde una perspectiva excesivamente sectorial, que beneficia a territorios concretos y que colabora en la perpetuación y reproducción de un modelo de desarrollo territorial que dista de ser el óptimo para un país como España.

Desde 2014 amplios espacios del territorio español, se ven sometidos a una nueva sequía periódica que continúa por el momento en varias de las zonas de su territorio. Se reproducen procesos que ya fueron graves en la de 2004-2008 o en la de 1993-1996 sin que se haya aprendido mucho de lo que debería ser un enfoque que ya en 2004 llevó a la necesidad de una nueva política y planificación hídrica, recogida claramente en el Programa AGUA, pero que en 2008, con el inicio de un nuevo periodo de lluvias normales, se olvidaron y tras el cambio de Gobierno en 2011 se trasformaron en la política “habitual” en un Ministerio cada vez más de agricultura y secundaria y subordinadamente de medio ambiente.

Señalábamos en el artículo anterior que la elevada fragilidad e inestabilidad económico-financiera, junto al crecimiento mundial de la población, del consumo energético y de las materias primas, así como al crecimiento de los residuos, emisiones de gases de efecto invernadero y de la contaminación eran factores que muestran los riesgos de una próxima grave crisis global, salvo que se cambien radicalmente las bases de la sociedad de consumo capitalista en la que nos encontramos.

El mes de agosto es un buen mes para realizar lecturas diversas y he querido comenzar este artículo con una cita de un epistemólogo historicista marxista. Y viene a cuento su cita a raíz del conjunto de informes y artículos publicados en estas fechas, en muchos de los cuales se vaticina un futuro fuertemente problemático para la sociedad de consumo capitalista actual, donde el negro parece ser, efectivamente, el color que mejor representaría ese futuro. Las periódicas crisis capitalistas han sido la base de previsiones de su agotamiento en muchas ocasiones a lo largo de su larga historia, pero los capitalistas en unión a instituciones y gobiernos han venido soslayando las contradicciones que las generaban, aunque siempre a costa del bienestar de la mayoría de la población.

Escribo este artículo pre-agosto con tres informes encima de la mesa y cuatro artículos seleccionados de las noticias cotidianas que nos informan, a la vez que nos instruyen, sobre los enfoques e intereses de los periodistas que las firman.

Desde que se inició esta Sección de Políticas de la Tierra se ha venido defendiendo la necesidad de una visión integrada del desarrollo sostenible (ambientalmente sostenible, socioeconómicamente cohesionado y territorialmente equilibrado) que superara las insuficiencias y sesgos de la tradicional identificación, característica de las visiones de la derecha conservadora, entre crecimiento del PIB y progreso social. Y, en ese sentido, nos congratulábamos de que la asunción de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y 169 subobjetivos establecidos en desarrollo de los mismos, por la Cumbre para el Desarrollo Sostenible, celebrada en septiembre de 2015, implicaba la superación de la incorrecta idea de que el bienestar y el progreso social se identifica con dicho crecimiento del PIB o del PIB per cápita, idea ampliamente extendida, aunque ni el premio nobel que propuso este indicador económico (Kuznets, en los años treinta del siglo XX) ni ninguna persona adecuadamente informada defiende dicha identificación.