Autor: Javier García Fernández

LA REFORMA DE LA CONSTITUCIÓN. XXIV. QUÉ DEBE CONTENER EL CAPÍTULO III DEL TÍTULO VIII DE LA CONSTITUCIÓN (“DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS”)

B) PROBLEMAS ORGANIZATIVOS EN EL ÁMBITO AUTONÓMICO

En la última entrega vimos la conveniencia (y hasta la necesidad) de llevar al texto constitucional la relación de Comunidades Autónomas que forman España y los instrumentos de cooperación entre el Estado y esas Comunidades Autónomas, así como constitucionalizar los procedimientos de reforma de los Estatutos de Autonomía que ahora están sometidos a las previsiones de los propios Estatutos. En esta entrega vamos a cerrar una cuestión que está flotando en el Capítulo III del Título VIII y que deberá mejorarse. Me refiero a la organización institucional de las Comunidades Autónomas.

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LA REFORMA DE LA CONSTITUCIÓN. XXIII. QUÉ DEBE CONTENER EL CAPÍTULO III DEL TÍTULO VIII DE LA CONSTITUCIÓN (“DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS”)

A) INCLUSIÓN DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS QUE CONSTITUYEN ESPAÑA, CONSTITUCIONA- LIZACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE COOPERACIÓN Y DEL PROCEDIMIENTO DE REFORMA DE LOS ESTATUTOS DE AUTONOMÍA.

Tras ver en los artículos anteriores lo que sobra del Capítulo III del Título VIII y los criterios para reescribirlo, ha llegado el momento de empezar a señalar cuáles deberían ser los contenidos que la Constitución reformada debería contener en materia territorial. Antes de avanzar, conviene efectuar varias precisiones.

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LA REFORMA DE LA CONSTITUCIÓN. XXI. LOS DEFECTOS DEL CAPÍTULO III DEL TÍTULO VIII DE LA CONSTITUCIÓN (“DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS”)

Decíamos la semana pasada que en esta serie hemos llegado a uno de los temas más debatidos de la reforma constitucional que es el de la organización territorial del Estado que regula el Título VIII. Antes de avanzar la filosofía con la que se debería enfocar la eventual reforma de ese Capítulo III del Título VIII (y, tras ello, las subsiguientes propuestas de reforma) parece necesario explicar los defectos del mismo Capítulo.

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LA REFORMA DE LA CONSTITUCIÓN. XX. LA ESTRUCTURA TERRITORIAL GENERAL

En esta serie hemos llegado a uno de los temas más debatidos y, por ello, más políticos, es decir, a la organización territorial del Estado regulada en el Título VIII. Es usual identificar este Título con el régimen de las Comunidades Autónomas pero contiene también un Capítulo dedicado a la Administración Local. Además, el Título VIII se inicia con un primer Capítulo que fija los principios generales para toda la organización territorial. En este artículo haremos una reflexión sobre ese primer Capítulo de principios generales para pasar a continuación a examinar los artículos dedicados a la Administración Local, el Capítulo Segundo del Título.

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LA REFORMA DE LA CONSTITUCIÓN. XIX. LA CONSTITUCIÓN ECONÓMICA

Hasta 1918 las Constituciones de los Estados liberales no contenían cláusulas de contenido económico. Lo económico era el reino del Derecho privado en toda la Europa liberal y sólo a finales del siglo XIX empezó a introducirse la economía en el Derecho Público aunque tardaría varias décadas en llegar hasta el Derecho constitucional (sobre esta evolución, André-Jean Arnaud: Les juristesface à la societé du XIX ͤ siècle á nos jours, París, 1975). Fueran las Constituciones de la primera posguerra mundial las primeras que introdujeron la regulación de las relaciones económicas por influencia de los partidos socialdemócratas y así la Constitución alemana de 1919 contenía un Título dedicado a la “Vida económica” y la Constitución finlandesa del mismo año también dedicaba un Título a la Hacienda Pública. Con menos densidad jurídica, las Constituciones austríaca y checoslovaca, ambas de 1920, contenían algunas referencias a la vida económica (artículos 10 a 13 y 109 y 111, respectivamente). En consonancia con las nuevas tendencias, la Constitución española de 1931 incorporaba también algunos artículos dedicados a la Economía (artículos 44, 46 y 47) y un extenso Título sobre la Hacienda Pública. En las nuevas Constituciones de la segunda posguerra ya no se puso en cuestión la necesidad de establecer principios jurídicos vinculantes sobre la vida económica como se ve la Constitución italiana de 1948 con un Título dedicado a las relaciones económicas y en la Ley Fundamental de Bonn de 1949 encontramos también un largo Título dedicado al sistema financiero y hasta un llamativo artículo, el 15, que versa sobre la socialización de los medios de producción.

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LA REFORMA DE LA CONSTITUCIÓN. XVIII. LA ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA JUSTICIA

Vamos a continuar las reflexiones sobre las posibles reformas de la Constitución en lo que se refiere al Título VI (Poder Judicial) apuntando algunas ideas sobre la organización territorial de ese Poder.

Cuando la Constitución de 1812 estableció la unidad de fuero en los negocios civiles y criminales (artículo 248) provocó un cambio de paradigma en la Administración de Justicia que a lo largo de todo el Antiguo Régimen se había caracterizado por la pluralidad de fuentes del Derecho que aplicaban distintosórganos judiciales. Ese modelo estuvo vigente en España hasta 1978 sin otra excepción (efímera) que el Estatuto de Autonomía de Cataluña de 1932 que atribuía a esta Región Autónoma la competencia de organizar la Administración de Justicia, lo que incluía la facultad de nombrar Jueces y Magistrados (artículo 11). Más efímera fue la competencia similar que preveía el Estatuto de Autonomía del País Vasco que ni siquiera llegó a estar vigente en todo el territorio de la Región Autónoma (artículo 3).

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LA REFORMA DE LA CONSTITUCIÓN. XVII. LA GRATUIDAD DE LA JUSTICIA Y EL ESTATUTO DE SUS MIEMBROS DEL PODER JUDICIAL

Tras examinar la semana pasada cómo se puede organizar el gobierno del Poder Judicial, en este artículo vamos a analizar elementos relevantes de la Administración de Justicia, elementos que van más allá de la organización del Consejo General del Poder Judicial. Concretamente, abordaremos a continuación la gratuidad de la Justicia y el estatuto de Jueces y Magistrados.

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LA REFORMA DE LA CONSTITUCIÓN. XVI. CÓMO ORGANIZAR EL PODER JUDICIAL

Desde que Montesquieu habló de un Poder Judicial que castiga los delitos o juzga las diferencias entre particulares y también desde que el bordelés consideró que los Ministros del Príncipe no deben juzgar (Del espíritu de las leyes, lib. XI, cap. VI; y lib. VI, cap. VI, respectivamente), la función judicial plantea cuestiones capitales para el buen funcionamiento del Estado y a fortiori si es en el Estado democrático. Estas cuestiones capitales se compendian, básicamente, en el grado y las vías necesarias para asegurar la independencia de los Jueces, de un lado, y, de otro, en el grado de activismo que es compatible con la atribución al Gobierno y al Parlamento de la dirección de la política del Estado (véase Carlo Guarnieri y Patrizia Pederzoli: La puissance de jugar. Pouvoir judiciare et démocratie, París, 1996, que sigue siendo un texto sugerente y con cuestiones de gran actualidad).

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LA REFORMA DE LA CONSTITUCIÓN. XV. LA REGULACIÓN CONSTITUCIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Después de examinar la posición del Gobierno en la Constitución parece necesario hablar de cómo está regulada la Administración Pública y de si conviene introducir algún cambio.

La Administración Pública aparece en sólo cuatro artículos (del 103 al 107), conforme a una sistemática que, a mi juicio, es más correcta que en otras Constituciones. Por ejemplo, en la Ley Fundamental de Bonn encontramos un capítulo entero dedicado a la ejecución de las Leyes federales y a la Administración federal que en buena parte viene a regular la denominada “ejecución federal” (es decir, cómo la Administración de los Länder ejecutan las materias que son de competencia federal) más las materias administrativas que son competencia del Bund (incluyendo dos artículos dedicados, respectivamente, a las Fuerzas Armadas y a la Administración militar federal, idea ésta sobre la que volveremos más abajo). Un modelo parecido pero más confuso encontramos en la Constitución austríaca.

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