Categoría: Claves Políticas

La previsible reacción independentista frente a la Sentencia del Tribunal Supremo del 14 de octubre ha devuelto a Cataluña a la situación de crisis del 1 de octubre de 2017 y contribuye a que el resto de España considere que una parte de los catalanes está en rebelión permanente contra las reglas de convivencia que hemos establecido todos los ciudadanos.

La Sentencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo 459/2019, de 14 de octubre, cierra de momento el tratamiento judicial de unas conductas que, como señala la propia Sentencia, se iniciaron varios años antes, cuando el Parlamento de Cataluña aprobó la Resolución 1/XI, de 9 noviembre 2015, sobre el inicio del proceso político en Cataluña como consecuencia de los resultados electorales del 27 de septiembre de 2015, para la creación del Estado catalán independiente.

La situación política española que tiene como causa la disolución de las Cortes Generales por no haberse podido investir un nuevo Presidente del Gobierno, está provocando curiosos efectos colaterales que pueden llegar a tener incidencia en los propios resultados del próximo 10 de noviembre.

En la entrevista concedida a la Cadena SER el 1 de octubre el Presidente Sánchez respondió con claridad y firmeza a la pregunta que indagaba sobre si el Gobierno en funciones puede solicitar de la Diputación Permanente la adopción en una Comunidad Autónoma de las medidas previstas en el artículo 155. La respuesta rápida del Presidente del Gobierno denota que está bien asesorado pues tenía bien pensado un asunto que ofrece indudable complejidad en el Derecho constitucional español.

Si leemos a los principales creadores de opinión de este país (Cadena SER, El País, El Mundo, ABC, La Vanguardia) pensaríamos que ha caído sobre España un nuevo 1898. El pesimismo y la depresión que produjo la pérdida de las colonias ha llegado otra vez por la incapacidad de los “políticos” de entenderse, por su egoísmo ante unos ciudadanos inermes y pasivos que “no se merecen” este trato.

El comunicado de la Casa Real del 17 de septiembre y la subsiguiente comparecencia de Pedro Sánchez nos vienen a mostrar que con la actual composición del Congreso de los Diputados no hay mayoría suficiente para otorgar la investidura a ningún candidato y habrá que celebrar nuevas elecciones.

En ciertos medios de la izquierda se ha asentado la idea de que la mejor salida para España es la formación de un Gobierno de coalición formado por el PSOE y Unidas – Podemos. Adicionalmente, esos mismos medios de la izquierda reprochan a Pedro Sánchez (no a Iglesias Turrión) la responsabilidad de no formarlo. La intervención de Josep Ramoneda en la tertulia matinal de la SER del día 10 de septiembre es un ejemplo de esa aspiración.

En el artículo anterior de esta serie señalábamos la reforma de la Ley Electoral como vía más rápida que la reforma constitucional para salir del impasse de gobernabilidad provocado por el cambio del sistema de partidos, cambio que no ha podido asumir una Constitución que estaba pensada para un bipartidismo imperfecto.

Veíamos la semana pasada que la vía más rotunda para alcanzar la gobernabilidad puede ser la reforma de la Constitución, concretamente del artículo 99. Reforma a la que se ha referido el Presidente del Gobierno a lo largo del debate de investidura.